Teruel y Figueroa estuvieron internados sin la custodia correspondiente. En más de una oportunidad su defensor solicitó la prisión domiciliaria.
“El rico se atrinchera tras sus riquezas; el pobre se refugia en su pobreza”, reza el versículo 15 del capítulo 2 del libro de Proverbios en la Biblia, un pasaje donde se contrasta al justo del malvado. Y es precisamente dicho contraste el que aflora a diario en la sociedad actual, donde quienes disfrutan de sus riquezas también suelen “disfrutar” de otros “beneficios”, mientras que los de escasos recursos deben luchar contra un sistema que los ignora por su condición, y en el mejor de los casos deberán gozarse por lo que tienen.
En Salta, y seguramente muchos otros lugares del país y el mundo, el ser un ciudadano de escasos recursos a veces –por no decir siempre- juega en contra. Ejemplos sobran, algunos vinculados al sistema carcelario exponen con claridad esa injusta justicia.
Presos como Lautaro Teruel, condenado a 13 años de prisión por abusar sexualmente de dos mujeres, una de 19 años y otra de 13, o el detenido José Eduardo Figueroa, imputado por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvederas, en el country El Tipal, gozan de beneficios gracias a la defensa de su abogado, el doctor Juan Casabella Dávalos.
Beneficios que los autores de daños extremos contra mujeres indefensas, recibieron y seguirán recibiendo siempre en el marco de la ley, aunque eso no signifique que a veces sea sobre el filo de dicha ley.
Sin embargo, muchos otros individuos que también cometieron una calamidad y son conscientes que deben pagar por su error, no cuentan con las posibilidades de recibir ningún beneficio más que lo que pueden hacer dentro de un penal. La mayoría ni siquiera sabe de las posibilidades con las que sigue contando a pesar de estar privados de su libertad.
El placer de estar en casa
Entre los diversos pedidos que la defensa de Teruel y Figueroa realizó, y de acuerdo a información que obtuvo El Tribuno, fue la prisión domiciliaria. El primero, hijo del nochero Mario Teruel, estuvo varios meses fuera de Villa Las Rosas a raíz de un problema de salud que, según su defensor, padece con una infección en uno de sus pies.
Mientras que con Figueroa por el momento no corrió con la misma suerte, si bien el pedido se hizo amparado en el fundamento de una lesión que sufrió su defendido en el interior del penal, al parecer se fracturó el tobillo izquierdo jugando al rugby, el abogado había solicitado que tras la intervención quirúrgica Jota sea internado en su casa de El Tipal durante 15 días. Pedido que generó el rechazo de la Fiscalía Especializada en Femicidios, a cargo de María Luján Sodero Calvet, y es analizado en el Juzgado de Garantías II en turno.
¿Beneficio o irresponsabilidad?
En ambos casos, Teruel y Figueroa, el letrado llevó al extremo los pedidos para sus clientes a la hora de ser internados. El denominador común en los requerimientos fue que los guardias del Servicio Penitenciario, quienes deben custodiar la salida del recluso a sol y sombra, no ingresaran a la habitación del hospital. Cuestión que no se puede permitir desde el SPPS salvo el oficio de un juez.
En las internaciones el oficio autorizó que ambos presos pernocten sin seguridad, a pesar del enojo de los guardias, quienes por varias horas perdieron de vista los movimientos de quienes debían monitorear.
Que los reclusos puedan por un momento estar sin sus custodias implica una serie de riesgos tanto para sus propias vidas como para la de terceros. En ese contexto un preso podría quitarse la vida, fugarse y hasta consumir sustancias, entre otras cuestiones. En cualquiera de los casos, ¿quién sería el responsable?
Injusticia hecha carne
Y si de injustos se trata, lo que tuvo que padecer durante más de una década Santos Clemente Vera, un hombre inocente condenado por un sistema corrupto e ineficiente, liberado y condenado una y otra vez, en el marco del doble crimen de las turistas francesas.
En sus más de diez años de injusta condena Vera solo pudo salir de la cárcel diez minutos para despedir los restos de su padre, un hecho que todavía le duele a pesar de haber trabajado para superarlo. Vera no tuvo incluso la chance de recrear sus horas dentro de Villa Las Rosas en algún taller, porque tenían miedo de que “le pasara algo”.
Durante todo ese tiempo sin hacer nada más que esperar por la libertad que siempre le correspondió, el jardinero de San Lorenzo no vio crecer a sus hijos –uno tiene actualmente 13 años- ni pudo ganarse “el mango” para invertir en algo necesario. “No tiene ni una moto para ir a la ciudad”, comentó alguien cercano a él. Lo que es peor, nadie de las altas esferas oligarcas de Salta se acercó a pedirle perdón. (tribuno)
Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz
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