Negociados: el Gobierno anunció la privatización de más de 9 mil kilómetros de rutas y autopistas

El vocero Adorni anunció la privatización de Corredores Viales S.A. Las empresas privadas tendrán “el derecho de exigir el cobro de un peaje” a todo aquél que circule por ahí. A cambio, serán las encargadas de realizar las obras y el mantenimiento

Este viernes el vocero presidencial Manuel Adorni comunicó en conferencia de prensa la decisión del Gobierno de avanzar en la privatización de Corredores Viales S.A. Esta empresa estatal creada por el macrismo y que se mantuvo durante la gestión de Alberto Fernandez, fue un avance privatista sobre Vialidad Nacional. El estado de las rutas en peligro y la posibilidad de aumento en los peajes.

La empresa estatal, cuyos accionistas son el Ministerio de Transporte (51%) y la Dirección Nacional de Vialidad (49%), se encargaba del mantenimiento y construcción de rutas, autopistas y autovías nacionales que unen las provincias y al país con sus vecinos del Mercosur. Actualmente, la empresa estatal tiene a cargo sectores de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, entre otras. También controla las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.

Luego del anuncio de privatización del Belgrano Cargas, este mediodía Adorni anunció que “el Estado deja su rol de constructor y administrador vial para asumir funciones de promotor y supervisiones que desarrolle el sector privado”. Así rutas nacionales en las que se puede transitar libremente quedarán accesibles para instalación de cabinas de peajes por privados.

Más peajes, tarifas más altas y peores condiciones para lxs usuarixs
Las concesiones privadas tienen un único objetivo: maximizar ganancias. Como ya ocurrió en otras privatizaciones de autopistas y rutas, esto se traduce en más cabinas de peajes, tarifas exorbitantes (por encima de la inflación) y rutas en mal estado porque las empresas priorizan reducir costos antes que invertir en mantenimiento.

A su vez el estado pierde el control sobre un servicio estratégico, un avance en la pérdida de soberanía sobre las arterias del país. Por ellas circulan no sólo miles de personas que van a ser obligadas a pagar para transitar su propio país, sino que también se transportan los alimentos y bienes que precisa la población.

Después de un año de abandono del gasto público, Milei culpa a su propia desinversión por el estado de las rutas para justificar la privatización. Del total de recortes en 2024, la obra pública fue la más afectada, representando un 24% del total, según el centro CEPA. (L.I.D)