Así lo denunció la seccional de ATE General San Martín, quien alertó que la auditoría en curso ordenada por el intendente Franco Hernández Berni es en realidad una maniobra para avanzar en cesantías que afectarían a unas 150 trabajadoras y trabajadores municipales.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) intensifica sus medidas de fuerza en varios municipios del interior provincial ante la profundización de la crisis laboral y salarial. Para el caso de Tartagal crece el temor por posibles despidos masivos.
El sindicato advirtió que el ajuste en la planta de personal contrasta con el incremento “a pasos agigantados” de la planta política desde el inicio de la gestión. “Están en juego 150 puestos de trabajo mientras la planta política creció enormemente desde que asumió el nuevo gobierno”, señalaron desde ATE Tartagal, que convocó a nuevas asambleas para delinear su estrategia de defensa de los contratos y los pases a planta permanente.
El clima en Tartagal se tensó aún más tras la filtración de audios donde funcionarios municipales planteaban la orden de “barrer” con cientos de empleados.
El diputado Santiago Vargas acusó directamente al intendente Hernández de preparar un plan de despidos que alcanzaría hasta a 400 trabajadores municipales. Según el legislador, los conflictos salariales comenzaron desde el inicio de la actual gestión, con pagos quincenales demorados y un creciente malestar social.
Las críticas también apuntan al manejo financiero del municipio. Legisladores locales advierten que la comuna habría recibido más de 15 mil millones de pesos durante 2025 pero, aún así, enfrenta graves dificultades para garantizar salarios y servicios básicos, lo que refleja un fuerte desbalance en la administración de los recursos. ( n.d.)
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