“Mesa de enlace” de militares y policías: el empoderamiento de la impunidad

Retirados de las Fuerzas Armadas y policiales (y algunos en actividad) lanzaron un agrupamiento que busca incidir en las políticas de “defensa” y “seguridad” con una agenda propia, alineada con la mano dura y la “reconciliación” entre los genocidas y la sociedad.

Este miércoles se presentó en sociedad la llamada Mesa de Encuentro Libertador General San Martín, integrada por militares y policías retirados (algunos pocos en actividad). Su referente es, entre otros, Ernesto Bossi, quien fuera secretario general del Ejército en los años 90, durante la jefatura de Martín Balza, y luego miembro del staff de espías de la ex SIDE.

También está allí Daniel Reimundes, otro militar retirado que fue procesado hace algunos años por participar del espionaje ilegal, pinchando e-mails de funcionarios, jueces y periodistas durante el kirchnerismo.

También integra el agrupamiento Pablo Bressi, el exjefe de la Policía Bonaerense en épocas María Eugenia Vidal, un exponente de la “maldita policía” especializada en participar del crimen organizado y torturar, matar y desaparecer jóvenes pobres. En épocas de Daniel Scioli el hoy retirado Bressi dirigió el área de Tráfico de Drogas Ilícitas. Es uno de los uniformados con mejores vínculos con la DEA, la agencia “antidrogas” de Estados Unidos con gran injerencia en América Latina.

“Al igual que en los países más avanzados, Argentina requiere de una visión integral de la seguridad y la defensa para favorecer las condiciones óptimas para su desarrollo”, dijo Bossi en el marco de la presentación de la Mesa de Encuentro, realizada en la sede de la Sociedad Militar Seguro de Vida, una ONG progenocidas.

Según dijeron, los principios rectores de la Mesa son “el bien común, el bienestar y la concordia”. Eufemismos que encubren la búsqueda de manifestarse corporativamente y defender los intereses económicos e ideológicos de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Sobre todo de sus cuadros más viejos y retirados, en su gran mayoría participantes del genocidio de la década del 70.

Los “objetivos” de la Mesa de Encuentro son su participación pública en debates sobre “defensa” y “seguridad” (buscando reunir en un mismo corpus político-legal ambas dimensiones) y el aglutinamiento de uniformados (en su mayoría retirados) para demandar beneficios al Estado e incidir en las tropas actualmente en actividad con una “agenda” propia. En su documento fundacional se presentan como “un espacio federal que se propone representar ante la dirigencia política y la opinión pública a los centenares de miles de uniformados que viven y cumplen servicio en todo el territorio nacional”.

Es la primera vez desde 1983 que un grupo homogéneo y numeroso de militares y policías se agrupan políticamente en Argentina. Muchos agrupamientos menores pasaron sin pena ni gloria durante los años anteriores, pero éste parece ser un proyecto más pretencioso.

Bossi le dijo al diario La Nación que “de ninguna manera” la Mesa de Encuentro “es un desafío a las instituciones. Sabemos por nuestra experiencia en el servicio que a las fuerzas las maneja, la conduce, el personal en actividad; pero somos conscientes de las lecturas que se pueden generar, es algo que no nos podemos sacar de encima desde 10 de diciembre 1983 en adelante”.

Una de las primeras voces oficiales en poner en cuestión a la Mesa de Encuentro Libertador General San Martín fue el propio ministro de Defensa Agustín Rossi. “Es una fenomenal operación política encabezada por un conspirador nato como es el general retirado Bossi”, dijo el funcionario a Página|12. Y agregó que los uniformados pretenden mostrarse como una especie de conducción paralela de las Fuerzas Armadas. “No es el rol del personal militar retirado presentarse en una agrupación de estas características, esto es una agrupación política”, afirmó.

Sin dudas la aparición de la Mesa de Encuentro no es del agrado de la Casa Rosada, toda vez que son militares y policías que expresan lo más rancio y reaccionario de las fuerzas represivas del Estado. Parece que a estos represores natos no les terminan de seducir los esfuerzos del propio ministro Rossi para fomentar la “reconciliación” de la sociedad argentina con los símbolos armados del genocidio.

En los últimos meses Rossi viene consiguiendo un fenomenal aumento presupuestario para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que acompaña con un discurso de reivindicación constante de los supuestos sacrificios y la supuesta vocación de servicio de esas Fuerzas Armadas (usando como escenario operativos militares en el marco de la pandemia).

Incluso por boca del mismo jefe del Ejército Agustín Cejas, se conoció hace menos de dos meses que Rossi habilitó que los jerarcas militares realicen homenajes institucionales a emblemáticos protagonistas del genocidio pero a condición de que se hagan en privado y sin ninguna referencia oficial a través de los canales de difusión de esas fuerzas.

Como consecuencia de esa política “conciliadora” del Gobierno del Frente de Todos (que en épocas de Cristina Fernández como presidenta llegó a contar con un genocida como César Milani al frente del Ejército), hoy se repiten ceremonias en los regimientos donde comprobados represores de los años 70 son llamados “héroes” por las nuevas camadas de generales, brigadieres y almirantes.

Tal vez en esas concesiones y en esas búsquedas de “mirar hacia adelante” y dar una “vuelta de página” radique precisamente el envalentonamiento de viejos camaradas de armas, hoy retirados pero no inactivos, que ponen en pie un agrupamiento con miras a incidir en la agenda de las políticas de seguridad y defensa. Para regocijo de los editorialistas de La Nación y el desconcierto de cierto “progresismo” que hoy no registra nada del pasado reciente en las nuevas camadas militares y policiales (pese a que muchos de sus crímenes están tan vigentes como siempre)

Junto a los nombrados Bossi, Raimundes y Bressi, en la Mesa de Encuentro Libertador General San Martín también aparecen apellidos conocidos de años atrás en ámbito castrense y policial, como el teniente general Claudio Pasqualini (del Observatorio de Seguridad y Defensa), el coronel José Guerrero (de la Mutualidad del Personal de Intendencias Militares), el comandante general Ricardo Spadaro (Gendarmería Nacional), el suboficial mayor de la Armada Humberto Toloza (del Círculo de Oficiales de Mar) y el teniente general Ricardo Cundom (Fundación Criteria), todos retirados.

Sin dudas la Mesa es una bocanada de aire fresco para miles de militares y policías que participaron del genodicio de la dictadura y de muchos otros crímenes bajo gobiernos constitucionales. Algo que bien podría pensarse como un “empoderamiento” tras largos años de impunidad, donde unos pocos cientos fueron juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad pero decenas de miles siguen caminando impunes por las calles o murieron sin ser nunca alcanzados siquiera por un procesamiento. (LID) Por Daniel Satur