En el día de la democracia y a un año de la asunción de Javier Milei, el gobierno derogó el decreto 805/2021 que prórroga la Ley 26160 de Emergencia Territorial Indígena, declara la emergencia y frena los desalojos territoriales.
La derogación de la Ley 26160 ocurre en un contexto de vaciamiento del INAI con la eliminación del ReTeCi, la reapertura de carpetas tecnicas de comunidades, las judicializacion y criminalizaciones de recuperaciones territoriales, el comando unificado represivo de Patricia Bullrich para asegurar la implementación del RIGI de acuerdo a la Ley de Bases, que dejan el camino libre para la profundización de los desalojos territoriales.
La Ley 26160 (Ley de Emergencia Territorial Indígena) tiene como objetivos, declarar la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras que ocupan las comunidades indigenas, suspender la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que las desalojen y realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral para la obtencion de la personeria juridica como registro de la comunidad.
Esta ley fue aprobada en 2006, prorrogada cada 4 años y aprobada por decreto en el 2021 manteniendose como una ley de emergencia y no como politica permanente, su derogación este 10 de diciembre por decreto simboliza un golpe institucional a la democracia al vulnerar derechos humanos, derechos indigenas nacionales e internacionales dando un mensaje donde asegura la declaración a los Pueblos Indigenas como enemigos historicos.
Sin embargo, continuan en vigencia derechos nacionales constitucionales que declara como Pueblos preexistentes a la conformación del Estado de acuerdo a la reforma constitucional de 1994 y derechos internacionales con el derecho a la consulta previa, libre e informada. Mariana Katz, abogada integrante del Serpaj informa que al momento que una comunidad de ser notificada de un desalojo se debe resguardar estas herramientas juridicas: «Los derechos de los Pueblos Indígenas están vigente más allá de la derogación de la ley, más allá del decreto 805/21 por el cual se prorrogó la ley 26160 y prórrogas posteriores: la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT que están vigentes y el convenio tiene carácter supralegal. Además de esto el artículo 18 del código civil, específicamente plantea que el congreso debería haber sancionada una ley de propiedad comunitaria y también está vigente el estándar de explicación como línea de derecho que determinó la corte interamericana en la causa kajonat.»
Además, reflexionó la necesidad de profundizar los lazos por el apoyo a las luchas indigenas para tener estrategias y resistir ante el embate del Estado Nacional de Javier Milei junto a la violencia represiva de Bullrich en su Ministerio de Seguridad por lo cual la defensa de la soberania se va a realizar con la defensa de los territorios.
«La Libertad Avanza y sus cómplices gobiernan a pedido de empresarios, inmobiliarias, mineras y todos los negocios que quieren quitarle la tierra a las comunidades indígenas. No lo podemos permitir, el peronismo debería apoyar este proyecto y oponerse a la avanzada contra quienes resisten en sus territorios. Contra el negacionismo racista y anti derechos del gobierno de Milei.» aseguró Alejandro Vilca, diputado del PTS en sus redes luego de presentar desde las bancas del FITU el proyecto de derogación del decreto 1083/2024.
Desalojo a Tusca Pacha el 18 de agosto. Cuando Alfredo González, empresario inmobiliario avanzó destruyendo los cultivos con una topadora e intimó a una anciana comunera de 74 años a abandonar sus tierras en 24 horas (ANRed / Sisas.)
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