En el día de hoy se retoman la etapa final del juicio contravencional contra distintos dirigentes acusados de “portación de armas y explosivos” por haber participado de una movilización a la Legislatura en la apertura de sesiones legislativas del año 2018.
Dicho juicio se inició a comienzos de este año y fue suspendido producto de las medidas de aislamiento, y el Juzgado Contravencional decidió retomar las instancias finales.
Entre los imputados se encuentran dirigentes de organizaciones sindicales como ATE, CEDEMS, ADEP, ATSA, ATE, CTA, Luz y Fuerza y sociales como la CCC, Movimiento Evita y de partidos de izquierda, como Gastón Remy del PTS e Iñaki Aldasoro del PO.
En el día de hoy además se realizará a las 17hs una concentración impulsada por la CTA y ATE Jujuy, en adhesión a la convocatoria nacional “Navidad sin Presos Políticos”, en el marco de este juicio contravencional en la Provincia.
Al respecto Gastón Remy denunció que “sobre el cierre del año el Juzgado Contravencional decide retomar una causa totalmente armada, tal como se demostró en las audiencias, contra distintos dirigentes y referentes que participamos de una multitudinaria marcha de repudio a las políticas de ajuste de Morales, que terminó en una represión policial con gases y balas de goma.”
Recordemos que el Juzgado Contravencional depende del Poder Ejecutivo, siquiera se respeta la supuesta división de poderes que los gobiernos sostienen. El Juez contravencional es puesto por el Gobernador, los fiscales son policías, los mismos que hacen la contravención, muchas veces de civil y sacando fotos, filmando a los manifestantes tal como se demostró en esta causa durante las audiencias.
“En síntesis el Juzgado Contravencional es un brazo armado de Morales, pero vale recordar, que el mismo Código Contravencional fue redactado y aprobado durante la última gobernación del PJ jujeño”, aclaró Remy.
Por eso desde la izquierda afirman que eta causa es una clara decisión política del Gobierno que intenta disciplinar y amedrentar a quienes salimos a luchar, como parte de la persecución a los sectores opositores, una forma de hacer pasar el ajuste sobre los salarios, las ayudas sociales y la falta de empleo genuino que se ha ido profundizando este año de crisis económica y pandemia.
Al finalizar, Remy aseguró “este juicio es parte del accionar de un régimen completamente antidemocrático que viola derechos democráticos y políticos elementales, que sostiene presos a dirigentes sociales por luchar, que no sólo pisotea el derecho a la protesta sino como en mi caso, al mismo tiempo me niegan el derecho a asumir como diputado provincial por decisión pura y exclusiva del oficialismo y sus aliados. Para frenarlos es necesario que las direcciones sindicales convoquen asambleas y coordinen un plan de lucha unificado de ocupados y desocupados contra la persecución y el ajuste”. (LID)
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