Fue publicado en el boletín oficial el decreto que establece la vacunación obligatoria para los trabajadores del Estado provincial. Solicitó que se haga extensivo al sector privado y sobre la circulación de personas.
El Gobierno de Jujuy ya publicó en el Boletín Oficial el decreto N° 3768/2021 que en su artículo 1° establece que, “Dispónese la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 para todos los agentes dependientes de la administración pública provincial, entidades autárquicas, organismos descentralizados y centralizados, empresas y sociedades del estado cualquiera sea su situación de revista y lugar en que presten servicios.”
El decreto establece una obligación de vacunación cuando la vacuna del covid-19 no ha sido establecida como obligatoria por el ministerio de Salud de la Nación.
Contra los trabajadores
Morales aprovechó el anunció de TV del domingo para aclarar que los trabajadores que no presenten su certificado de vacunación por covid-19 (al menos una dosis) no podrán asistir a sus lugares de trabajo por lo que la inasistencia sería injustificada y le descontarían los días de su salario. Este es el artículo 3°.
Siguiendo la política de vacunación obligatoria, Morales, anunció para este miércoles la firma de otro decreto por el cual todas las personas mayores a 18 años que usen el servicio de transporte público (taxis, remisses y colectivos) deberán presentar el carnet de vacunación. Esta medida atenta claramente contra la libre circulación de las personas reforzando el carácter coercitivo del Estado. Incluso fuentes oficiales sostienen que extenderían la vacunación contra el covid-19 como requisito al ingreso a espectáculos, bares y confiterías.
Para la izquierda con este decreto le dan más poder al Estado para ir contra los trabajadores, intimidarlos y profundizar la pérdida de derechos que se viene dando durante los últimos años.
Al respecto abogados laboralistas como Matías Cremonte, expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), consultado por Ámbito Financiero relativizó la potestad sancionatoria en estudio: “más allá de lo que cada uno piense del que no se quiere vacunar, hoy no hacerlo es todavía un derecho. Por ende nadie debería ser sancionado o despedido de su trabajo por no hacerlo”. Respecto a las sanciones laborales sostuvo que “si un trabajador no vacunado se pone a disposición y es el empleador el que no quiere que vaya a trabajar tampoco puede haber una consecuencia que lo perjudique, ni disciplinaria ni salarialmente porque cumple con su obligación de poner su fuerza de trabajo a disposición de quien lo contrató”.
Otras repercusiones
Luego de las declaraciones del gobernador Morales las cámaras de empresarios del comercio y la unión de empresarios se pronunciaron a favor aunque advirtieron que no pueden aplicar el decreto. Desde el ámbito sindical, Matías Brizuela de ATE Jujuy manifestó su acompañamiento al igual que el titular del gremio mercantil, Miguel Mamaní, quien exigió garantizar la vacunación masiva del personal de comercio; mientras por su parte, Susana Ustárez de APOC indicó que el miércoles otros gremios estatales tomarían una posición sobre el decreto del Poder Ejecutivo provincial. (LID)
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