Un informe del CEPA detalla el impacto de las políticas de ajuste aplicadas por el Gobierno nacional en el empleo público, con reducciones significativas en organismos técnicos, empresas públicas, con la Agencia Télam a la cabeza, y áreas vinculadas a salud, ciencia y tecnología.
Desde noviembre de 2023 a marzo de este año, la planta de trabajadores estatales se redujo en un 14% por los despidos o desvinculaciones bajo distintos formatos. Desde el CEPA señalaron que estas medidas no sólo disminuyen el número de trabajadores, sino también las capacidades de gestión y regulación del Estado.
Según el informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la dotación de personal del Sector Público Nacional se redujo en 48.892 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, lo que representa una caída del 14,2 %. El documento analiza la evolución del empleo estatal en el contexto de las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, centradas en la reducción del tamaño del Estado.
El recorte más significativo se concentró en la administración centralizada, con una pérdida del 26,3 % del personal. Le siguieron las empresas y sociedades del Estado (-14,6 %), la administración descentralizada (-10,8 %), la administración desconcentrada (-8,5 %) y otros entes (-7,8 %).
Entre las empresas más afectadas destaca la agencia estatal Télam (rebautizada como Agencia de Publicidad del Estado), con una reducción de 14.710 puestos, lo que representa una caída del 79,4 %. También figuran el Banco de Inversión y Comercio Exterior (-2.095), los Fondos Pellegrini del Banco Nación (-1.633), y empresas de comunicación como Radio y Televisión Argentina (-614) y Contenidos Públicos SE (-51,8 %).
El recorte también impactó fuertemente en sectores estratégicos y científicos. Por ejemplo, el Servicio Geológico Minero Argentino redujo su plantilla en 4.787 personas. Otros organismos afectados fueron el Instituto Nacional de Vitivinicultura (-1.344), el CONICET (-530), el Instituto Malbrán (-453) y el Hospital Ramón Carrillo (-38 %).
Desde el CEPA señalaron que estas medidas no sólo disminuyen el número de trabajadores, sino también las capacidades de gestión y regulación del Estado. El informe concluye que se está produciendo un “desguace” del sector público, en línea con los objetivos de ajuste fiscal y reducción del aparato estatal promovidos por la actual administración.
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