El Senado busca tratar sobre tablas los proyectos de los gobernadores

Con la amenaza de ser vetados, se debaten en el Congreso los proyectos impulsados por las provincias.

Este jueves en el Senado se tratarán cinco grandes proyectos: tres que provienen con media sanción de Diputados, el aumento jubilatorio, la emergencia en Discapacidad y la moratoria previsional; y dos que tienen unanimidad de todas las provincias, la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional -las ATN- a las provincias y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Días atrás los mandatarios provinciales, a través de sus representantes en el Senado, impulsaron dos proyectos que están directamente relacionados con los fondos que la Nación les transfiere a las provincias: el primero establece modificaciones sobre el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el otro, sobre fideicomisos que son financiados con el Impuesto a los Combustibles.

El Fondo de ATN a las provincias está contemplado en la Ley de Coparticipación Federal para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de los gobiernos provinciales. La norma dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática y el 1% restante se reserva para los ATN.

La iniciativa presentada por los gobernadores incorpora un artículo a la Ley 11672 (Ley Permanente de Presupuesto), en el que se establece que el Fondo de ATN se debe coparticipar de forma automática y diaria, como el resto de los fondos, y que “los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.

El otro proyecto dispone la eliminación de 6 fideicomisos y fondos nacionales. Son los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte y de Sistema Vial Integrado, y los siguientes fondos: el Compensador del Transporte, el de Desarrollo Eléctrico del Interior y el de Vivienda. La propuesta dispone que el presupuesto asignado a esos fondos sea coparticipado a las provincias de la misma manera que los ATN.

“Los mencionados fideicomisos y fondos nacionales son financiados en forma total o parcial a través del producido del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), mediante asignaciones porcentuales específicas para cada uno de ellos”, se explica en los fundamentos del proyecto.

Y agrega: “Este mecanismo de distribución, utilizado para financiar problemáticas específicas de algún sector o actividad económica, es difícil de justificar en el actual contexto fiscal, donde la crisis de ingresos fiscales obliga a focalizar el uso de la totalidad de recursos en atender las responsabilidades indelegables de las provincias (educación, salud, seguridad y justicia), más las recientemente transferidas”.

En consecuencia, el proyecto también modifica los coeficientes de distribución del resultado del ICL. Según la ley vigente, solo el 10,4% va a las provincias. La propuesta lo eleva al 57,02%, pese a que también eleva la participación del Tesoro nacional, aunque en menor proporción (pasa de 10,4% a 14,29%).

Desde el Ejecutivo anunciaron que si el Congreso rechaza su veto a estos proyectos recurrirán a la Justicia.

YPF
Tras el fallo de la jueza Loretta Preska en los tribunales de Nueva York, que ordena la transferencia del 51% de las acciones estatales de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park Capital Management, en el Congreso de la Nación se multiplicaron los proyectos para proteger los activos estratégicos.

Diputados como Carlos Aníbal Cisneros y Sergio Omar Palazzo, de Unión por la Patria, presentaron iniciativas que exigen el más enérgico repudio a la sentencia de Preska, insistiendo en que cualquier eventual traspaso de acciones expropiadas solo puede concretarse “con autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros”.

Proyectos similares fueron presentados en ambas cámaras. Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño en Diputados, y Maximiliano Abad y Pablo Blanco en el Senado, también presentaron iniciativas legislativas subrayado que cualquier acción que prescinda de esta autorización resultará “nula de nulidad absoluta y carecerá de validez legal”.