El Gobierno denunció penalmente las irregularidades en el otorgamiento de subsidios a comunidades indígenas

Lo hizo a través de Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Señalan falta de rendiciones y de controles, y que parte de los 1.200 millones de pesos otorgados se usaron para pagarles a abogados que litigaron contra el Estado

A nivel nacional, la información sostiene que se otorgaron más de 1.200 millones de pesos, parte de los cuales habrían sido utilizados para pagar honorarios de abogados que litigaron contra el Estado.

En la provincia de Salta, la denuncia adquiere particular relevancia debido a su vinculación con el cumplimiento de la sentencia en el caso “Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat vs. Argentina”, relacionado con el Departamento Rivadavia. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló que se firmó un convenio por 29.210.000 pesos, presuntamente destinados al cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, la auditoría detectó múltiples irregularidades en la documentación y el seguimiento de los fondos, señalando la ausencia de registros de reuniones o contactos con referentes indígenas y la falta de informes de avance en la ejecución del convenio. Además, se identificó que el Ministerio de Bienestar Social de Salta recibió 7.494.000 pesos para la implementación de la propiedad comunitaria en cumplimiento de la mencionada sentencia. No obstante, parte de estos fondos aún no han sido debidamente rendidos, generando preocupación sobre su destino y uso efectivo.

Supuestas irregularidades

El convenio mencionado estaba orientado a cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las comunidades indígenas de Lhaka Honhat, que ordenaba al Estado argentino garantizar sus derechos territoriales y acceso al agua potable.

Este fallo histórico implicaba el saneamiento de tierras y el desarrollo de infraestructura básica en Rivadavia, donde la vulnerabilidad y la exclusión social afectan gravemente a las comunidades Wichí, Chorote.

No obstante, lo vertido desde la auditoría de la SIGEN señala que el convenio se ejecutó fuera del Programa de Fortalecimiento Comunitario y no se hallaron pruebas de que los fondos hayan llegado a su destino final. Según el informe, tampoco existen registros de lo tratado en el comité ejecutor de la sentencia, ni documentación que explique el seguimiento o evaluación del impacto de los recursos en las comunidades afectadas.

No obstante y lo llamativo en este marco de denuncias, es que existen numerosos registros que darían cuenta de la ejecución de los convenios denunciados, por lo que resta conocer la respuesta oficial de las comunidades directamente involucradas y del propio Ministerio de Bienestar Social, teniendo en cuenta que podría tratarse de un nuevo señalamiento por parte del Gobierno Nacional, para atacar el fallo en el caso Lhaka Honhat contra Argentina, emitida en 2020, que constituye un hito histórico en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y que adquiere una relevancia renovada en el actual contexto político, marcado por la derogación de la prórroga de la emergencia en materia de tierras por parte del presidente Javier Milei, lo que expone a las comunidades originarias a desalojos inminentes (n.d.)