Tras echar al ministro de Seguridad, el gobernador desplazó a los comisarios generales, en medio de la crisis provincial por la desaparición del niño de cinco años. La investigación y las movilizaciones apuntan a complicidades políticas en el senado y policía provinciales.
Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, decidió echar al jefe y al subjefe de la policía provincial. El cambio en la cúpula es un nuevo capítulo de la crisis abierta en la provincia por el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de cinco años, el pasado 13 de junio en la localidad de 9 de julio. La semana pasada,Valdés echó al ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, quien fue reemplazado por Alfredo Vallejos.
Este nuevo escándalo se abrió a causa del gobernador había elegido a otros dos comisarios generales de apellidos Benítez y Torres, pero una diputada provincial denunció que uno de ellos tenía causas penales abiertas. Valdés recurrió a Miguel Ángel Leguizamón y Walter Aceval fueron designados como jefe y subjefe. El caso de Loan sigue exponiendo fuertes sospechas de participación entre comisario como Walter Maciel, el ex capitán de navío Carlos Pérez que está imputado entre otros por la desaparición, y en las últimas horas también se apuntó al policía retirado Francisco Amado Méndez y al senador provincial Diego Pellegrini por su involucramiento, por lo cual fue citado por la jueza como testigo.
Esta tarde, vecinos de la localidad correntina de 9 de Julio se movilizaron nuevamente para pedir la aparición con vida y justicia por el niño de 5 años. La convocatoria fue masiva y estuvo presente por el abogado de María Noguera, la madre del menor, Fernando Burlando. También participan el padre de Loan, docentes, vecinos y miembros de la Iglesia, gran parte de la población que estalla de bronca por la falta de respuestas ya a más de un mes de la desaparición.
En la movilización, una mujer tuvo el coraje de denunciar hacia las cámaras que fue abusada por el padre del gobernador Valdés, y la investigación judicial se encuentra frenada. Un testimonio de las profundas raíces del entramado de impunidad por los delitos a mujeres y niños especialmente más pobres, en esta provincia.
La crisis política que atraviesa la provincia cada día deja más a la vista que el poder político y las fuerzas policiales tienen un alto nivel de involucramiento en el nefasto negocio de trata de niños y personas, y que la desaparición de menores es una práctica común. Así lo sigue denunciando el pueblo correntino en las calles. Funcionarios políticos, jueces, personal aduanero, políticos y fuerzas policiales son parte de este entramado criminal.(L.I.D.)
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