La dirección de la obra social, sin informar siquiera a sus trabajadores, dispuso que desde ahora quienes pretendan obtener el beneficio deben realizar un trámite especial y justificar que no tienen cómo pagar los medicamentos. Encima le echa la culpa de los problemas de la institución a quienes se jubilaron con la moratoria y cobran haberes de indigencia.
La gerencia de PAMI anunció nuevos cambios en la cobertura de medicamentos gratuitos para sus más de cinco millones de afiliadas y afiliados. Vale recordar que, en su enorme mayoría, las y los afiliados a la obra social son jubiladas y jubilados que cobran el haber mínimo, hoy equivalente a un tercio de la canasta básica del sector medida por la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad.
Desde ahora PAMI sólo otorgará remedios con cobertura al 100 % de su valor a quienes demuestren tener ingresos menores a 1,5 haberes mínimos, es decir menos de $ 390 mil. En caso de que la o el afiliado conviva con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), ese ingreso no debe superar los tres haberes mínimos (es decir apenas el equivalente a la canasta básica de un jubilado). Pero, además, quien pueda “demostrar” esos ingresos deberá tramitar una inscripción especial en la base de datos del organismo.
La excusa de la gerencia del PAMI es terminar con “las irregularidades” detectadas en el sistema, que irían desde “abusos en la solicitud de medicamentos” hasta fraudes relacionados con recetas falsas. Este lunes el director del organismo, Esteban Leguizamo, dijo por Radio Mitre que la nueva gestión detectó que “600.000 afiliados retiraron medicamentos gratis mientras estaban afiliados a prepagas”. Con ese dato, justificó la implementación de una nueva medida que afecta a 5.3 millones de afiliadas y afiliados.
Leguizamo intentó “llevarle tranquilidad a los afiliados” al afirmar que la obra social no está sacando “ningún medicamento del vademécum”, sino que “están todos los medicamentos a disposición y aquel afiliado que no pueda pagar el tratamiento, puede tramitar en cualquier agencia del país el subsidio social”. Pero sus palabras ya no pueden tranquilizar a nadie.
Ese trámite especial tiene varios condicionantes. Además del nivel de ingresos, quien requiera el beneficio del 100 % no debe estar afiliado a una prepaga, ni tener más de un inmueble, tampoco un vehículo de menos de diez años de antigüedad, entre otros. En el caso de tener ingresos mayores y/o una prepaga, se podrá acceder al 100 % de cobertura en remedios sólo si el costo de lo que se le receta es “igual o mayor al 15 % de sus ingresos”. En ese caso, debe tramitarlo por “vía de excepción”.
En un comunicado oficial difundido este mismo lunes, la gerencia de PAMI dice que “a lo largo de décadas” la institución enfrentó problemas económicos debido, entre otras cosas, al “impacto de las moratorias previsionales” que dejaron a la obra social “al borde de la quiebra”. Así, culpa de la crisis a los cientos de miles de laburantes que en los últimos años ingresaron a la moratoria tras haber trabajado toda su vida para patronales que los empleaban “en negro” sin realizar los correspondientes aportes.
Con esa explicación, la gestión de La Libertad Avanza justifica las “readecuaciones en la cobertura de medicamentos” que se hicieron este año. Todo con el supuesto objetivo de “asegurar la sostenibilidad de los servicios en el tiempo”.
En agosto ya se había restringido la gratuidad de los medicamentos e incluso varias drogas fueron sacadas del vademecum. Se trata de remedios de uso crónico como vitaminas o protectores gástricos. Así, más y más restricciones se van sumando a las que sufren desde hace años, con todos los gobiernos, millones de laburantes adultos mayores.
Con esta nueva medida, lo más probable es que se multiplique la ya conocida escena cotidiana de jubiladas y jubilados que, tras revisar sus bolsillos, salen de una farmacia sin los remedios que necesitan para tener una salud medianamente estable. O salen con ellos, pero luego deben dejar de comprar la comida o alguna vestimenta.(L.I.D)
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