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Ahora Rosenkrantz se siente perseguido: escala el conflicto entre la Corte y el Gobierno

En una carta que envió a algunos medios de comunicación, luego de que se conociera un pedido de juicio político en su contra, se consideró "blanco de una persistente campaña de desprestigio."

6 de octubre

Clarín, Perfil y La Nación recibieron una carta del presidente de la Corte Suprema de Justicia en la que se defendió de los argumentos con los que se fundamentó el pedido de juicio político en su contra por parte de la diputada nacional del Frente de Todos, Vanesa Siley, que es integrante además, del Consejo de la Magistratura.

Carlos Rosenkrantz se victimizó y relató que hace tiempo es “blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza."

En medio de la batalla en la que la Corte se encuentra avanzando contra el Gobierno de Alberto Fernández, cuyo último episodio fue admitir el pedido de per saltum para tratar el caso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, se conoció el pedido de juicio político contra el Presidente del Máximo Tribunal.

Los argumentos centrales hacen referencia a las posturas del magistrado respecto de causas resonantes de lesa humanidad: lo acusa de "mal desempeño" y de "eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones". Señala que "Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales" y es encargado de "favorecer y asegurar la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado".

Los fundamentos de Siley son certeros. Sin embargo, la oportunidad del perdido de juicio político es parte de la disputa en la que se encuentra el Gobierno con la Corte Suprema. Por más que se esmeren en decir que se presentó antes – el 25 de septiembre- de que la Corte admitiera el per saltum, también es parte de esa pelea de ver quién gana la pulseada y si la casta judicial logra imponer su agenda bonapartista.

Los casos en los que se basa son el de los genocidas Luis Muiña, en los que "el juez aquí denunciado formó la mayoría que en forma contraria al derecho internacional y nacional vigente declaró aplicable a este aberrante caso la ley 24.390, conocida como la ley del ’2x1’", el de Rufino Batalla, también por el 2x1 pero en este caso votó solo; y en tercer lugar por cajonear y paralizar la causa contra Pedro Blaquier por los secuestros y desapariciones en la planta de Ledesma, Jujuy.

Además, agrega que "Rosenkrantz no convocó ni una sola vez a la Comisión Interpoderes, estructura de esencial relevancia en la búsqueda de transparencia y celeridad en los juicios de lesa humanidad".

Parece que el cortesano se sintió algo aludido porque este viernes convocó, luego de innumerables pedidos de organismos de derechos humanos, a la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad para este 8 de octubre.

Rosenkrantz defiende su postura sobre el 2x1 y el cajoneo de la causa Blaquier
“Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de ‘Muiña’, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces. También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles. En cualquier caso”, continúa, “los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el “2x1” (tanto en “Muiña” como en “Batalla”) encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos”.

Al genocida Luis Muiña se le iba a aplicar el beneficio del 2x1 pese a que no estaba vigente ni cuando ocurrieron los hechos por los que fue condenado, ni cuando fue detenido.

El voto mayoritario plantea como “permanente” el carácter del delito por ser de “lesa humanidad”, para establecer que la ley del dos por uno estuvo vigente. Una aberración para justificar la aplicación de esta medida.

Más adelante en su misiva, señala: “solo quiero insistir en que, en general, expresan mi convicción profunda de que la Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpetraron los crímenes más horrendos en la historia de nuestro país”.

Rosenkrantz es muy afecto a tener en cuenta las garantías de acusados como genocidas, el Grupo Clarín, entidades agrarias como Carbap, La Rural, entre muchos otros a quienes representa el estudio del que fue parte. Conciencia de clase le dicen.

Claro que no es de su pura exclusividad. El 2x1, conocido como el “fallo de la vergüenza”, fue votado por la mayoría de la Corte en mayo de 2017. Elena Highton y Horacio Rossati lo acompañaron con su voto. Al año siguiente, en el caso “Batalla”, sus colegas lo dejaron solo dado el escándalo que se había desatado.

No es motivo de esta nota analizar el fallo, sino mostrar un ejemplo del cómo el “apego a la Constitución” es cinismo puro. Y que un poder como el Judicial, y de su cumbre más elitista y con poderes monárquicos, solo habrá fallos que respalden a los poderosos, los dueños del país y los genocidas. Salvo, claro, que en las calles los demos vuelta como sucedió con el 2x1, un homenaje a la relación de fuerzas y a que, aunque intenten y den pasos, no han logrado reconciliarnos con los genocidas.

Una disputa donde nadie busca “justicia” y con el pueblo trabador al margen
Que las denuncias de la diputada Siley sean certeras, no pueden sacarse de contexto ni ingenuamente analizarse como una búsqueda de justicia que tanto esperan las víctimas y familiares de detenidos desaparecidos.

La decisión del Supremo Tribunal de aceptar el pedido de per saltum a los jueces designados a dedo por el macrismo fue un golpe contra el Gobierno de Alberto y Cristina Fernández y una concesión a la oposición de derecha y mediática que presionó por todas las vías posibles blandiendo la bandera de la “República”. Como decíamos en esta nota, “la resolución de la Corte es una decisión política que busca que la casta judicial sea un poder actuante. Es, además, un conflicto de poderes, al menos momentáneo, a partir del desconocimiento de lo resuelto por el Senado y el Ejecutivo. Con esta resolución, no puede más que alertar sobre lo que viene ocurriendo en la región, donde el Poder Judicial actúa con clara intencionalidad política”.

No nos extenderemos aquí en los pormenores del conflicto en el que están embarcados el Gobierno, la casta judicial, la corporación mediática y la oposición reaccionaria. Sin embargo, hay que dejar en claro que no está en el horizonte de esta discusión ninguna de las demandas de los sectores populares.

A ninguno de estos actores se les ocurre, por ejemplo, cuestionar una orden, como el desalojo a las familias sin techo de Guernica. Para todos ellos, prevalece el derecho de los “desarrolladores inmobiliarios” por sobre los que nada tienen.
Ante todo, los une la clase social a la que pertenecen y los intereses que defienden.

El gobierno viene cediendo ante el FMI, ante las patronales agrarias, los bancos y los grandes poderosos, mientras las condiciones de las masas y los sectores populares se deterioran.

En su disputa con la Corte, lo que el Gobierno no va a poner en discusión son los privilegios de los pseudo monarcas vitalicios, elegidos a dedo y producto de arreglos a espaldas del pueblo, con sueldos exorbitantes y llenos prebendas.

Solo la izquierda se plantea terminar con los privilegios de es esta corporación, empezando por tomar medidas elementales como la elección de los jueces y fiscales, a través del voto popular, la generalización de los juicios por jurados y que cobren como un docente. (LID) Por Gloria Pagés. Hermana de desaparecidos | CeProDH |

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