Un mayor deterioro del poder de compra del salario y las jubilaciones

La fórmula "devaluación + tarifazos", sumada a la tregua de las cúpulas sindicales que firmaron el 15 % que quiso imponer el gobierno como "techo salarial", da por resultado un beneficio exclusivo para las grandes patronales, banqueros y especuladores. La vuelta a tomar un préstamo con el FMI se propone proteger los intereses de estos grupos a costa de un nuevo ataque a las condiciones de vida de los trabajadores.

Si en un poco más de dos años el gobierno de Macri pagó por capital e intereses de una fraudulenta deuda pública U$S 104 mil millones (principalmente deuda externa), al mismo tiempo que los fugadores de capital sacaron en forma neta, U$S 41.054 millones, al gobierno no le queda autoridad para sostener que los trabajadores sean quienes deban seguir ajustando sus bolsillos.

Según los cálculos elaborados por los trabajadores de la Junta Interna de ATE - Indec, desde diciembre de 2015 los precios subieron un 98 % mientras que los salarios privados lo hicieron en un 86 % (sólo los registrados). De esta manera, en abril de 2018 la capacidad de compra del salario es al menos un 6 % inferior a la que tenía un trabajador en noviembre de 2015.

Para los trabajadores estatales, sin embargo, la situación es mucho más crítica que para los asalariados privados. La capacidad de compra del salario se redujo 18 % entre diciembre de 2015 y abril de 2018.

El Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) estima una caída levemente menor. Según sus cálculos, el poder adquisitivo de los asalariados formales cayó 6,8% desde noviembre de 2015 y 4,3% desde septiembre pasado. En ese sentido, el promedio desde noviembre de 2015 hasta abril de 2018 dio una caída de 5%.

En los primeros cuatro meses de 2018 la suba de precios ya acumula un 9,6 %. Sin embargo, los salarios apenas se movieron a causa del retraso en las paritarias, el acuerdo del pago en cuotas en meses futuros y a la baja pauta salarial acordada por las cúpulas sindicales que aceptaron el techo de 15 %.

De acuerdo al coordinador del Observatorio del Derecho Social (ODS) de la CTA Autónoma, Luis Campos, “si te focalizás en los últimos meses, la medición del Indec te da que entre octubre de 2017 y febrero de 2018, el último dato que hay, el sector privado perdió 4% de salario real y el sector público 6%, es decir que incluso con las recomposiciones de las cláusulas de revisión del año pasado, que impactaron en enero y febrero, no hubo recuperación del salario real, con lo cual 2018 ya arrancó muy mal”, dijo a El Economista.

Pero si bien la mayor caída reciente del salario corresponde al actual Gobierno, esta comenzó con el anterior. El resultado global cuando se compara el promedio salarial de 2016 con el del 2013 es que el poder de compra del salario retrocedió casi 8 %. Con la devaluación de 2014 durante el gobierno de Cristina Kirchner y al frente del ministerio de Economía se encontraba Axel Kicillof, el salario perdió 4,9 % del poder de compra, alimentado por una importante devaluación del peso. Pero la recuperación de 2015 no permitió recomponer íntegramente lo perdido por los salarios frente a la inflación.

Para los empresarios la caída del salario real de los últimos años, sin embargo, no es suficiente. Si bien contenida por las burocracias sindicales, la fuerza del pueblo trabajador pudo responder al plan político de ajuste del macrismo y obligarlo al "gradualismo" (que no deja de ser un ataque fuerte), incluso de abandonar rápidamente su efímero envalentamiento luego de las elecciones de medio término en 2017. Es por eso que quieren torcer esa relación de fuerzas y empujar para abajo aún más el salario real.

En el caso de los jubilados, pensionados y quienes cobran Asignaciones Familiares y AUH, de acuerdo a la fórmula de cálculo de la nueva ley de movilidad previsional aprobada en diciembre pasado (que toma un promedio de inflación y salarios desfasados 6 meses), en junio las prestaciones pasarán a incrementarse 5,69 % y en septiembre 6,7 %.

De esta manera el aumento total será de 19,2 % este año, muy por debajo de la inflación que se estima no menor al 30 %. Se desmiente así que sea una fórmula para "proteger a los ingresos de los jubilados de la inflación", se trató de conseguir $ 100.000 millones por año para transferir a los empresarios sojeros, mineros, industriales y de las finanzas mediante la reducción impositiva.

Las grandes patronales quieren ir por más. Y para ello van a intentar multiplicar el mecanismo del saqueo de la deuda. Este permite una ganancia por partida doble. De una parte, apostando a la timba de los títulos y bonos del Estado, obteniendo jugosos rendimientos garantizados por los distintos gobiernos patronales. De otra parte, ayudados por las gestiones de su representante central, el FMI, que ahora tendrá una mayor potestad de intervenir en las condiciones y ritmos del ajuste, bajando el salario e incrementando así las ganancias obtenidas por los empleadores.

Por ello, rechazar el acuerdo con el FMI y exigir que no se pague ni un peso más de la ilegítima e ilegal deuda externa es una lucha necesaria que está directamente vinculada a la lucha por romper el techo del 15 % en paritarias y conquistar un aumento del 30 % con cláusula gatillo automática si la inflación supera los salarios.