Un hermano del ex gobernador Romero implicado en una causa penal por operaciones de tierras

De acuerdo a lo que se pudo conocer, existe documentación contable y financiera que relaciona directamente a Marcelo Romero con la empresa Mercado S.R.L., empresa que está en la mira en el juzgado formal 1, a cargo del juez Martín Pérez, donde se tramita la promoción penal planteada el 2 de noviembre de 2011 por la fiscal Emma Puente en contra del ex gobernador Juan Carlos Romero; los diputado nacionales, Walter Wayar y Fernando Yarade; el diputado provincial, Javier David y otros ex funcionarios como Víctor Brizuela, Carolina Pacheco y Laura Wayar por fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función.

El caso de Mercado S.R.L. ya tiene cerca de dos años en la justicia, sin que hasta la fecha el ex gobernador se haya animado a dar respuesta sobre las acusaciones que pesan en su contra, tanto en esta investigación como en otras como el supuesto fraude en la venta de 90 hectáreas de La Ciénaga. Escudado en sus fueros de senador nacional, Romero interpuso distintos planteos para evitar declarar como imputado.

Romero y los otros imputados en la causa Mercado están sospechados de haber llevado adelante una maniobra que consistió en comprar a la mencionada sociedad tierras que ésta había adquirido a valores notoriamente inferiores.

Por esta razón, es que la fiscal acusó a Romero de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, delito que consiste en accionar desde el estado generando actos contrarios a los intereses de la provincia o bien priorizando intereses particulares por encima de los que podrían beneficiar a los salteños.

La propuesta que hasta ahora se ha hecho por parte de la fiscalía es que se investigue por qué la Provincia había pactado con Mercado S.R.L., una empresa inmobiliaria de capital, tres operaciones en las que dicha firma terminó ganando enormes diferencias de dinero al vender tierras adquiridas poco tiempo antes a un precio notoriamente inferior. Precisamente lo que llamaba la atención es la diferencia de tiempo entre las compras y ventas que hacía Mercado S.R.L. En uno de los casos, según la investigación penal, hay seis días de diferencia y en otro, el mismo día.

De Castillo al ex gobernador
La empresa Mercado S.R.L. tenía como integrantes a la época en que se concretaron las operaciones perjudiciales para la Provincia a Julio Castillo (f), su esposa Sara Josefina Goytia Silvester y Graciela Piniella Langou, lo que en principio dejaba abiertos interrogantes de por qué la firma había sido elegida para protagonizar la burda maniobra de obtención de dividendos por pago de sobreprecios.

Según surge de documentación que posee el registro público de comercio de la provincia, se ha podido averiguar que Castillo constituyó en el año 2005 junto con Marcelo Alejandro Romero la sociedad Bienes Raices Broker inmobiliarios S.R.L., que integraban solo los dos nombrados por partes iguales.

Pero esto no es todo, puesto que al cotejar las fechas de las operaciones inmobiliarias, se pudo establecer que la negociación que investiga la justicia se realizaron hasta el 16 de junio de 2005 mientras que la sociedad entre Marcelo Romero y Julio Castillo se constituyó en mayo de ese año, o sea un mes antes.

De esta manera, quedó claro el nexo entre las operaciones inmobiliarias del ex gobernador con esta sociedad comercial, la cual sólo habría servido de pantalla en una más de la maniobras que llevaron adelante los Romero en un plan que tuvo como objetivo la apropiación de tierras del estado provincial.

Marcelo Romero, a partir de esta documentación contable quedaría implicado en una las acusaciones penales existente en contra de su hermano, el ex gobernador, es dueño de parte de las tierras de Pereyera Rozas, las cuales son motivo de tensión política entre sectores de la Legislatura y la Intendencia de la ciudad en torno a un proyecto de expropiación para la construcción de viviendas. Al analizar este caso, lo que la fiscal se preguntó es por qué la Provincia no adquirió a los anteriores propietarios y aguardó que lo comprara Mercado S.R.L., en ese entonces dirigida por Castillo.

“Este accionar aparece, además, como defraudatorio por la fachada de aparentar interés por favorecer al personas de escasos recursos que no contaban con terrenos ni viviendas, para ocultar un negociado que benefició a una S.R.L”, se indicó.

Nuevo diario accedió a documentación que permitió establecer que Marcelo Romero estaría implicado en esta acusación penal, una más de las escandalosas operaciones inmobiliarias por las que su hermano, el ahora senador nacional se encuentra en la mira de la justicia.