Tucumán: El Gobierno retira el IFE a casi 400.000 personas

El recorte a la ayuda social se da en simultáneo con un fuerte aumento del desempleo y la pobreza en la región. Al mismo tiempo el gobierno baja los impuestos a grandes empresarios.

En su última conferencia de prensa el presidente Alberto Fernández anunció que el tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) continuará solamente para la zona del AMBA y Chaco. Es decir que retira la asignación a 4,5 millones de familias que con la cuarentena se quedaron sin ingresos.

Para Tucumán esto implica el recorte en la ayuda social a 393.135 personas que recibieron el bono de 10 mil pesos durante apenas dos meses. Un monto completamente insuficiente para paliar los efectos de la crisis, pero que incluso ahora será directamente eliminado.

Esto ocurre mientras se da a conocer los datos de desempleo para el primer trimestre del año, cuando Tucumán pasó a ser la provincia con mayor desempleo del país (13,1%) y con indices de desocupación extremos en los segmentos juveniles (37,1% para las mujeres menores de 29 años).

Ya hacia fines de 2019 el 80% de los hogares en Tucumán no llegaba a cubrir la Canasta de Consumos Mínimos del NOA que mide la Junta Interna de ATE - Indec. La pobreza alcanzaba a casi el 40% de la población, según el Indec. De conjunto la región ya venía registrando niveles alarmantes de precarización.

Un informe para (LID) realizado por las licenciadas Rosana Martinez y Liz Carpinetti, muestra que la precarización extrema alcanza niveles alarmantes en la región. Se habla de "precarización extrema" a los asalariados y cuentapropistas que cobran por debajo del salario mínimo vital y móvil o que no tienen derechos laborales mínimos.

Los datos llegan al tercer trimestre de 2019, es decir que aun no contempla los efectos de la pandemia. Sin embargo, en el caso de Santiago del Estero-La Banda la precarización extrema ya por ese entonces llegaba al 70,2 %, en Salta a 69,8 %, en Gran Tucumán Tafí Viejo alcanza al 62,1 %.

La política del gobierno nacional se orienta cada vez más a sostener los beneficios de los grandes empresarios, para quienes acaban de votar en el parlamento una "Ley de Economía del Conocimiento" que contempla descuentos de 70% en las contribuciones patronales y en el impuesto a las ganancias. Esta ley beneficia directamente a empresarios como Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre y también a los labotarios, grandes ganadores durante la pandemia, como denunció desde su banca el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño.

De acuerdo a información del ANSES, el costo fiscal de la IFE para las 9 millones de personas asciende a 88.000 millones de pesos, apenas un poco más de los 73.000 millones de pesos en ganancia que embolsaron los bancos entre enero y abril (lo que equivale a 25 millones de pesos por hora).

Luego del desplante de las cámaras empresarias, el gobierno nacional parece haber cajoneado la idea de un impuesto a las grandes fortunas. Hasta el momento el único proyecto presentado es el del Frente de Izquierda Unidad, aunque tanto el Frente de Todos como Cambiemos se niegan a tratarlo.

El proyecto contempla un impuesto extraordinario a las grandes fortunas y patrimonios y afecta apenas al 0,03 % de la población del país, los dueños de la tierra, bancos y grandes empresas. Con la recaudación de este impuesto se podría pagar un salario de $ 30.000 por cuatro meses para los desocupados, informales y precarizados que hubieran quedado sin ingresos.

Se trata de una medida de emergencia que necesariamente deberá ir acompañada de medidas elementales como el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el monopolio del comercio exterior en el camino de luchar por una salida propia de los trabajadores a la crisis capitalista en curso. (LID)