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Tarifas: a las puertas de otro “martes caliente” para el Gobierno

Hace menos de una semana, en un abarrotado salón Arturo Illia, Miguel Ángel Pichetto le había dado un ultimátum al oficialismo nacional. Tenía hasta este martes, a las 18 h, para presentar un proyecto alternativo sobre las tarifas. De lo contrario, la mayoría peronista en la Cámara Alta avanzaría en dar aval al proyecto votado en Diputado hace pocas semanas.

22 de mayo de 2018

El pedido del senador rionegrino que suele hablar contra los extranjeros pobres fue desoído. En las siguientes horas el senador oficialista Esteban Bullrich y el mismo presidente Macri se encargaron de ratificar que el oficialismo pretende mantener el rumbo. El tarifazo no se toca es el mensaje que el oficialismo quiera ratificar en el marco de las negociaciones con el FMI.

La decisión no debería sorprender a nadie. El mismo Macri, en conferencia de prensa en Olivos, repitió casi 20 veces que el objetivo era bajar el déficit fiscal. En criollo es más ajuste y más ajuste significa menos subsidios en las tarifas.

Quienes saldrán perdiendo en ese esquema no son las empresas –que ganaron millones en subsidios durante toda la década que pasó- sino los millones de usuarios que recibirán facturas con cifras brutales.

Como se recordara, la ley que logró media sanción en la Cámara Baja establece retrotraer los valores de las tarifas a noviembre pasado. Además, a futuro, limita el porcentaje de los aumentos a las modificaciones que sufra el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

La norma, limitada en su objetivo, podría significar un alivio parcial para millones de personas. Precisamente en Diputados habían estado en debates otros proyectos que cuestionaban más a fondo el tarifazo. Entre ellos, el del Frente de Izquierda que sostenía eliminar las subas posteriores a enero de 2016 y, como salida de fondo, la nacionalización del conjunto de las empresas privatizadas bajo control de los trabajadores y comités de usuarios de los sectores populares.

Consensos imposibles
El miércoles pasado, el oficialismo nacional respondió al ultimátum de Pichetto con un apriete sobre los gobernadores peronistas. Estos, durante el tratamiento de la ley en Diputados, habían marcado distancia en relación a la sanción de la norma.

Varios senadores de Cambiemos exigieron la presencia de los gobernadores en el debate de comisiones de este martes. La realidad, una vez más, será distinta a lo que desea el oficialismo. Los mandatarios provinciales ya anunciaron que no darán el presente.

Este lunes el presidente Macri tenía planeado reunirse con los gobernadores peronistas de Córdoba y Salta. Pero solo Juan Manuel Urtubey se acercó hasta Balcarce 50. Lo hizo, según indicó a la salida de la reunión, para presentar un proyecto sobre tarifas alternativo al que salió votado en Diputados. Distintas versiones periodísticas señalaron que Juan Schiaretti sostendría la misma propuesta.

La “idea” en cuestión implicaría modifica a la baja la carga del IVA que pesa sobre las tarifas. Resulta paradójico –por no decir poco serio- que los mandatarios provinciales insistan en esta propuesta. Ellos habían sido quienes presionaron para que esa medida fuera eliminada de la norma que se trató en Diputados.

Este martes, cuando se abra la discusión en el edificio del Senado, esta propuesta podría llegar a estar sobre la mesa. No con fines de discusión seria sino un mecanismo más para dilatar la discusión, cuestión que beneficiaría al oficialismo.

Camino al veto
Si el oficialismo se mantiene en su actual postura, el plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto y Energía y Minería podría emitir un dictamen que ratifique lo votado en Diputados.

Si esto es así, el proyecto podría llegar al recinto el 30 de mayo próximo. Hasta ese entonces el Ejecutivo nacional seguirá presionando sobre los gobernadores para que los senadores que se alienan con ellos peguen el faltazo o directamente voten en contra del proyecto. Solo así Cambiemos podría imponerse.

La recurrente tendencia del peronismo a votar junto al oficialismo empuja en esta última dirección. La tensión política existente y, sobre todo, el enorme descontento social contra el tarifazo, van en el sentido contrario.

Si la norma efectivamente logra una sanción favorable en la Cámara Alta, el Ejecutivo ya anunció que habrá veto presidencial. Una confirmación de que el tarifazo y el ajuste son políticas de Estado.

La CGT y algunas de las conducciones sindicales que levantan un discurso opositor han anunciado que, si eso sucede, habría un llamado a paro nacional.

El intento de imponer un veto a esta ley se puede derrotar. Bronca obrera y popular sobra. Lo que falta es que las conducciones sindicales rompan su brutal pasividad y convoquen a una pelea seria que derrote el ajuste en curso. (LID)

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