Soberanía alimentaria: por qué es necesaria la reconversión tecnológica y productiva de Vicentin

Si bien es un modelo de producción que utiliza “lo último” de la tecnología sobre el agro, esta no es una fuente de generación de una relación armónica con la naturaleza. El modelo destruye la posibilidad de una producción sostenida en el tiempo.

El grupo Vicentín se encuentra conformado por varias empresas, siendo las principales las dedicadas a la molienda de granos de soja y girasol transgénicos. La molienda se realiza para obtener aceites y harinas. Según un informe técnico sobre la situación de crisis generada en la actividad agroindustrial por la cesación de pagos de la empresa Vicentin SAIC, los aceites y harinas representan el 85 % de los ingresos totales del grupo. El resto de los ingresos se componen de biodiesel en un 7 %, y otras actividades agrícolas e industriales, principalmente la venta de semillas en bruto, representan un 8 %.

Posee plantas de procesamiento de grano de soja y girasol en las localidades de San Lorenzo y Timbúes en Santa Fe, y plantas de producción de biocombustibles también en San Lorenzo, y en Avellaneda, ambas localidades en Santa Fe. La planta de procesamiento de semillas en la localidad de Timbúes es una de las mayores de su tipo en el mundo, pudiendo procesar 30.000 toneladas diarias de semillas.

El holding posee, además, dos puertos propios para embarcar lo exportado de manera privada y acciones en empresas de otros rubros, tales como la producción de mosto, vinos, desmote de algodón, producción de biogás, etc. Podemos decir, entonces, que el grupo Vicentin es un holding con una diversificación productiva apreciable, pero sus principales actividades, y desde las cuales se genera el 85 % de sus ingresos, provienen de la molienda de semillas transgénicas.

No es alimento

La inmensa mayoría de lo que produce no constituye alimento para consumo popular. Las harinas, pellets y aceites derivados de la soja y girasol transgénicos, y las semillas en bruto de oleaginosas, tienen como finalidad la exportación hacia mercados extranjeros. De hecho, el 90 % de la producción de granos transgénicos en el país tiene ese destino. En dichos mercados, estos productos exportados se utilizan principalmente en las grandes granjas de cría industriales de animales, tales como cerdos, para consumo humano.

Dichas granjas de cría son además grandes incubadoras de futuras pandemias. La reclusión de millones de animales en un mismo recinto, con una dieta idéntica y con sistemas inmunológicos deteriorados por las mismas condiciones de cría, crean las condiciones ideales para el surgimiento de nuevas zoonosis. Esto se ha visto durante las últimas décadas, en la que diversas zoonosis, con origen en granjas de cría masiva, han lanzado la alarma sobre posibles pandemias mundiales.

Hacia estos mercados se dirigen los principales productos de exportación del grupo Vicentin. Como podemos apreciar, algo muy lejano a la producción ecológica y que satisfaga necesidades humanas. Vicentin es el último eslabón de la cadena de producción y comercialización del modelo agroindustrial químico contaminante. Entonces, debemos concluir que la expropiación de tal grupo empresario debería sí o sí ir acompañada de su reconversión productiva y tecnológica.

Expropiar dicho grupo empresario, sin reconversión productiva, lleva a una profundización del modelo de producción agroalimentario industrial, basado en la utilización del paquete tecnológico del agrobusiness, provisto por las empresas desarrolladoras de biotecnología tales como Bayer-Monsanto, Basf, Syngenta, etc., y sus correspondientes venenos asociados, los cuales tienen importantes consecuencias, sociales, económicas, ambientales y en la salud humana.

¿Soberanía alimentaria?

El gobierno de Alberto Fernández ha querido mostrar la expropiación de Vicentín como un paso hacia la soberanía alimentaria. Pero teniendo en cuenta que es una empresa fundamental del núcleo de producción agroindustrial basado en transgénicos, una empresa fundamental de la exportación de semillas y derivados del corazón del agrobusiness, ¿puede alguien creer que esto es parte de una política hacia la soberanía alimentaria?

La soberanía alimentaria debe partir de la producción de alimentos necesarios para el consumo popular, producidos sin venenos que dañen a la población ni a la naturaleza. Las decisiones sobre cómo producir y qué producir deben partir de las necesidades del pueblo trabajador. Y el mismo pueblo, junto a las comunidades de pequeños campesinos y pequeños productores deben trazar el plan de producción de alimentos necesarios para que el pueblo trabajador coma bien y sanamente.

Una política de soberanía alimentaria no puede nunca desarrollarse sin la agroecología y sin atacar el núcleo del agropower nacional y extranjero. Las grandes semilleras, acopiadoras, exportadoras y procesadoras, tales como Cargill o la misma Vicentín, no forman parte de ninguna soberanía alimentaria. Son claramente los monstruos que se oponen a esta política. De la misma manera, los grandes propietarios de tierras, los estancieros, los pools que invierten en la siembra de transgénicos, tampoco son parte de una política de soberanía alimentaria. Son sus enemigos.

Un detalle que muestra las intenciones del Gobierno nacional de mantener a Vicentín como una empresa más del núcleo del agrobusiness, aunque ahora posiblemente bajo la órbita estatal o mixta, es quién será el interventor de la misma. Gabriel Delgado fue secretario de Agricultura durante la administración de Cristina Kirchner entre 2013 y 2015, firme defensor del paquete de semillas transgénicas y agrotóxicos, personaje cercano a Grobocopatel, el “rey de la soja”.

Asimismo, el proyecto de ley de expropiación entrega los bienes de Vicentín a un fondo fiduciario bajo la tutela de YPF Agro S.A., una de las mayores empresas fabricantes de agrotóxicos de la Argentina, tales como el dicamba, el 2-4D, el glifosato, y el glufosinato, entre otros. Difícil imaginar que esta expropiación nos guíe hacia una producción agroecológica y hacia la soberanía alimentaria, de la mano de un fabricante de venenos para el agro.

Una salida al modelo agroindustrial dependiente

Vicentin debe ser expropiada sin pagar ni un centavo a sus estafadores dueños. De lo contrario, el Estado argentino sólo estaría dando una gran ayuda a los empresarios que orquestaron semejante fraude. La producción del agro argentino se encuentra en gran parte en manos de un puñado de grandes propietarios agrícolas, asociados a las cerealeras y a las multinacionales de la biotecnología. Esa asociación, entre empresarios locales de la biotecnología (como Bioceres), grandes dueños de la tierra (como la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales), cerealeras como Cargill y los “fabricantes” de transgénicos como Bayer-Monsanto o Syngenta forman el núcleo principal del modelo agroindustrial instalado en Argentina.

El modelo agropecuario sólo mantiene a la Argentina como una economía dependiente, casi exclusivamente obligada a la venta de commodities agrarios en el mercado internacional. Estos commodities, una vez vendidos, derivan en ganancias que fluyen hacia las casas matrices de las cerealeras, o hacia las cuentas bancarias de los dueños de la tierra. A los pequeños propietarios agrícolas, a las comunidades campesinas, y los trabajadores agrícolas nada les queda de esas ganancias.

Si bien es un modelo de producción que utiliza “lo último” de la tecnología sobre el agro, dicha tecnología no es en este caso una fuente de generación de una relación armónica entre naturaleza y ser humano. Por el contrario, el modelo de biotecnología de las multinacionales del agrobusiness degradan la naturaleza y destruyen la posibilidad de una producción sostenida en el tiempo.

Dentro de este marco, Vicentin debería ser reconvertida para molienda de semillas no transgénicas, para la elaboración de harinas en base a semillas provenientes de campos que producen agroecológicamente. Se deberían usar sus enormes y modernos molinos para diversificar la producción harinera, que sirvan de base a la producción de alimentos nutritivos populares. Cereales no transgénicos como cebada, centeno, sorgo, etc., podrían molerse para una producción diversificada al servicio de la alimentación popular.

Expropiar Vicentin pagando a sus estafadores dueños es un robo al pueblo trabajador. Y expropiar Vicentin sin reconvertirla tecnológicamente para producir alimentos no basados en transgénicos, equivale a dejar el modelo agropecuario actual como está. Expropiar Vicentín sin reconversión productiva implicaría seguir fabricando productos que no sirven para la alimentación popular, pero ahora bajo la órbita del Estado nacional.

La expropiación debe ser parte de un proyecto mayor, que empiece por Vicentín, pero que sirva como punto de partida a una reconversión total del modelo de producción de alimentos en Argentina. Comenzando por la expropiación de Vicentin, y las empresas hermanas de Vicentín como Dreyfus, Cargill, Aceitera General Deheza y demás, expropiando a los grandes propietarios de la tierra, echando a las multinacionales del agrobusiness como Monsanto y Syngenta, creando un banco único de crédito a nivel nacional, y unificando y centralizando la comercialización de los productos del agro en un organismo estatal único.

Se trata de un proceso de toma de decisiones que debe involucrar a los trabajadores y pequeños campesinos como actores centrales. Para que sea el primer paso de una producción ecológica, al servicio del pueblo trabajador y no de un puñado de empresarios explotadores. (LID) Por Marcelo Scoppa