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Siguen matándonos, y se matan entre ellos.

El 13 de enero, en General Madariaga, la policía detuvo y torturó hasta la muerte a Damián Sepúlveda, de 20 años. Luego, como es habitual, los policías intentaron simular un suicidio, versión policial contradictoria con la segunda autopsia realizada la semana pasada, que demuestra fisuras en las costillas de Damián y un golpe contundente en la cabeza que hace imposible que el chico estuviera consciente para suicidarse.

El 4 de febrero, en el barrio Quinta Ferré, Lisandro Vallejos, de 17 años, volvía de una fiesta con unos amigos cuando fue baleado por varios policías. Lisandro estuvo internado varios días, hasta que falleció.

En febrero, si creyéramos a la policía, diríamos que hubo una ola de suicidios en comisarías y cárceles, pero la verdad es que lo que existió, no es otra cosa que un mecanismo utilizado cotidianamente en establecimientos represivos: asesinar al detenido y encubrirlo como un suicidio. El día 7, en Salta, Álvaro César Telles fue detenido por una denuncia de su mujer. Una hora y media después, apareció colgado en su celda. Como siempre, los policías dijeron que el preso se suicidó. No dice lo mismo el cuerpo de Álvaro, que presenta golpes en la espalda, brazos y cráneo. El mismo día, en la cárcel de Coronda, Santa Fe, Roberto Yrusta también fue encontrado ahorcado en su calabozo. Roberto, digamos de paso, hace tres años que denunciaba las torturas sufridas en prisión.

Al día siguiente, 8 de febrero, en Roque Sáenz Peña, Chaco, los policías que estaban haciendo un allanamiento comenzaron a disparar. Uno de esos disparos entró en el tórax de Álvaro Zarandón, de 16 años, que estaba en la vereda con sus amigos.

Pero no sólo nos matan: también usan las mismas armas para “ajustar” sus cuestiones personales. El 16 de enero, Fabián Montivero, policía de Godoy Cruz, utilizó el asesinato para resolver los problemas maritales con su pareja, también integrante de la fuerza. Lo mismo, pero en Santa Fe y el 20 de enero, ocurrió con un penitenciario de apellido Vega, que mató de 27 puñaladas a su esposa, embarazada de siete meses. Y Lucas Manuel Ferreyra, efectivo policial cordobés, asesinó, por los mismos días, a su amigo Yamir Oviedo, de un tiro en cara. Según el policía, el tiro “se le escapó”. Finalmente, el 24 de febrero, en Jujuy, Milton Canchi, cabo de la policía provincial, comenzó a discutir con su esposa, y, para ponerle punto final al desencuentro, sacó su arma reglamentaria y le disparó varias veces, asesinando a quien también era su compañera de fuerza.

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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