Se presentó el “contraproyecto” de aborto: lo firman 15 diputados y apunta a “proteger la vida”

Lo encabeza Juan Brugge y es acompañado por diputados de distintos bloques. Se establece que "el niño por nacer no puede quedar a merced de persona alguna". Los detalles.

Horas después de que en una sala colmada se presentara la iniciativa de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un grupo de 15 diputados que se definen como “pro vida” presentó un “contraproyecto” que apunta a “la protección de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer”.

El proyecto, al que accedió parlamentario.com, es encabezado por el democristiano Juan Brugge, de la provincia de Córdoba, y reúne firmas de distintos bloques parlamentarios, desde el Pro hasta el Frente para la Victoria, pasando también por el Frente Renovador.

Consta de 19 artículos y un extenso listado de fundamentos. En su artículo primero, el texto define “niño por nacer” como “todo ser humano desde el momento de la concepción o fertilización del óvulo, hasta el de su efectivo nacimiento”. Además, se aclara que “cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños por nacer frente a otros derechos o intereses igualmente legítimos, prevalecerán siempre los primeros”.

Para vedar cualquier posibilidad de aborto, se establece que “el niño por nacer tiene derecho inalienable a la vida como primer derecho humano, fuente y origen de todos los demás, razón por la cual no puede quedar a merced de persona alguna”.

Según el proyecto, si el embarazo es producto de una violación, la mujer podrá acceder durante toda la gestación a una asignación especial equivalente un sueldo de la categoría E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). En caso de que la mujer decida asumir la crianza y educación del niño, la asignación se le continuaría abonando hasta que éste cumpla los 18 años de edad. Y caso contrario, se deberían tomar medidas para facilitar la adopción del niño, y la compensación económica sería para la familia sustituta.

Otro de los aspectos del proyecto es que obliga al Estado a asumir los costos de la asistencia médica, y prohíbe cualquier práctica de manipulación genética del niño. El artículo 7 contiene otra reforma bien particular: dice que se reputará como “violencia contra la mujer” toda “interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a una mujer que cursa un embarazo, a interrumpir el curso de ese embarazo mediante la práctica de un aborto”. Por otra parte, se crea un “Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Mujer Embarazada y de los Niños por Nacer”, integrado por organismos y entidades de la temática, que entre otras cosas debería poner en funcionamiento un “centro de asistencia” para la mujer gestante “en cada hospital público”./parlamentario.com