SALTA: II Jornadas de Derecho Indígena e Interculturalidad: Paternalistas y hegemónicas.

El sábado 28 se desarrolló la parte final de las II Jornadas de Derecho Indígena e Interculturalidad convocadas por el Obispado de Orán y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen –ENDEPA- y con el auspicio de la Universidad Católica de Salta, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de Orán y de la Escuela de la Magistratura de la Provincia de Salta. Las que se desarrollaron en la Ciudad de Oran.

Por la mañana le tocó el turno a Miembros de la Asesoría Jurídica de ENDEPA, en nombre de la cual expuso el Dr. Pedro Fabián Troncoso, quien resaltó la situación de “constate exclusión por parte de la sociedad” en que se encuentran los indígenas del monte o que habitan en el campo, fundamentalmente a causa de la total ausencia de cultura indígena en el país. Presentó un caso de resolución de un recurso de amparo interpuesto por la Asesoría en el 2003 con resultado positivo para los aborígenes y que sienta un precedente valioso por los considerandos tanto de la jueza interviniente como de las instancias superiores ante las cuales apeló el Gobierno del Chaco, promotor de una ley para libertad de explotación maderera y agropecuaria en territorios de hábitat aborigen. Además destacó la escucha de la magistrada de las posiciones de las comunidades aborígenes, con lo que quedó asentado el expreso precedente de reconocimiento de la cultura indígena.

Luego expuso el abogado y escribano Dr. Pablo Macarón, miembro del Equipo Jurídico de la Diócesis de Orán y profesor de la Universidad Nacional de Tucumán, sobre el tema Derecho a la tierra. Destacó la imprescriptibilidad del derecho a la posesión de las tierras del los habitantes originarios, porque su apropiación constituye un delito de lesa humanidad, lo que quedó basado en antecedentes del gran dominico Fray Francisco de Vitoria y en los convenios internacionales suscriptos por el Estado Argentino, también responsable en sus tres poderes de tales apropiaciones después de la Independencia. En razón de ello, reclamó a los jueces prioridad temporal y sustancial en la resolución de los conflictos territoriales que afectan a los pueblos originarios, porque la tierra es su base existencial y cultural; “sin tierras no hay interculturalidad, no hay pluralismo, no hay educación bilingüe, no hay respeto a las minorías, no hay ningún tipo de solución a la cuestión indígena”, afirmó, expresando su crítica a que el presidencial declamado reparto de las discutidas retenciones no incluye nada para los propietarios originarios de los campos argentinos.

Abordó también el problema de la prueba de ancestralidad de las posesiones de la tierra, concluyendo que, en caso de duda, el juez deberá estar a favor de lo que más convenga a la comunidad indígena reclamante y el Estado deberá garantizar la seguridad jurídica de quienes han obtenidos las tierras reclamadas según derecho, haciéndose cargo necesariamente de las indemnizaciones del caso, de manera inmediata tanto cuanto que inmediato debe ser el trámite de adjudicación de títulos de propiedad comunitaria “bajo apercibimiento de las sanciones que la ley establezca para el caso de desobediencia judicial ante una tan grande violación de “principios fundamentales del derecho natural, de los derechos humanos y del derecho positivo universal”.

En el debate intervinieron también antropólogos, filósofos, magistrados de las provincias del Chaco y de Formosa, el letrado de la Prelatura de Humahuaca, etc.

Por la tarde, y fuera del programa, se dio lugar a la organización anglicana Asociana, en cuyo nombre expuso Claudia Luzú sobre el avance de los desmontes en tierras aborígenes, con las consecuencias “ecológicas” y humanas negativas para su vida, y el Dr. Matías Duarte, asesor legal de las comunidades del Norte de Salta. Luzú presentó un trabajo en pantalla, en el cual se aprecia la gravedad de esos avances, permitidos por el gobierno salteño y Duarte resumió como “crítica” la situación de los pueblos indígenas en Salta, centrándose en la cuestión de la propiedad de las tierras, en el acceso a la justicia por parte de los aborígenes, en aspectos penales y en lo referente a su participación en asuntos que les afectan. Lo crítico de la situación es que se están llevando a cabo acciones que impedirán en el futuro el ejercicio de derechos vitales para los aborígenes, enfatizó; ni por esa causa el Estado se hace cargo siquiera de estudiarlo. De las 96 comunidades del departamento San Martín, el 87% no tienen derecho a la tierra reconocido, pese a lo explícito al respecto del art. 21 de la Convención Americana de DDHH, que obliga al Estado Argentino y, por ello, a todos los estados provinciales, a proveer sin demora y con todo lo que implica, aún cuando no hubiere un vínculo de posesión, pues basta cualquier tipo de vínculos para que esa obligación del Estado se verifique. Tampoco casi ninguna comunidad goza del derecho a participar en los asuntos que les afecta, entre otras razones, por una sistemática ausencia de información a que se los somete.

Cerró las II Jornadas de Derecho Indígena e Interculturalidad el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni. Fue presentado por el Juez Federal de Orán, Dr. Raúl Juan Reynoso, conocido en el país por su cuestionada intervención en el caso de los policías federales que llevaban 116 kgs. de cocaína, descubiertos por un vuelco del vehículo en que viajaban.

Zaffaroni tomó como puntos de su exposición los tocados por quien lo antecedió, destacando la obligatoriedad por competencia plena para toda la República Argentina de los fallos de la Corte Interamericana de DDHH, ante los que no se puede alegar obstáculo interno alguno. Por ello, instó a crear estrategias jurídicas sin dilación, por lo irreversible de los hechos que afectan a las comunidades originarias. También destacó la necesidad de promover estos temas en el área académica, pues es temática que despierta mucho interés, especialmente por su conexión con el derecho ambiental por el cual se avecinan grandes cambios en el paradigma antropocéntrico del derecho hegemónico. También afirmó la posibilidad de las provincias de abrir el derecho al derecho consuetudinario, aunque ello se ve dificultado en las ciudades por haberse “subestimado toda la vieja justicia de menor cuantía”, la justicia de paz, lo que “revienta” –dijo- la capacidad judicial en materia penal.
El debate final, breve por los límites de tiempo, dio ocasión para que el Dr. Zaffaroni respondiera a magistrados y asesores legales de indígenas de diversas provincias a planteos sobre lo expuesto. Se destacó el enrostre del médico legal, Dr. Pedro Antonio Alvarez, de la ciudad de Salta, a “conocidas caras” presentes en las Jornadas que ahora hablan de los derechos aborígenes y de la interculturalidad y fueron partícipes de la década infame de entrega a los capitales privados de todas las riquezas de país, con las funestas consecuencias para los “conquistados” desde hace quinientos años.

Las Jornadas, pese a la restricción programada, fue desbordada por participantes de las comunidades aborígenes y profesionales ajenos al derecho, a quienes los organizadores se vieron obligados a permitir ingresar.

La ausencia en el programa de las Jornadas de los destinatarios del derecho indígena y dueños de los derechos indígenas, los propios indígenas, revela un claro carácter paternalista de las mismas, también producto de una mentalidad hegemónica, a menudo inconsciente. Abogados hablaron de falta de participación en asuntos que les afectan y en las II Jornadas los indígenas mismos no gozaron de esa participación ante los magistrados, profesionales del derecho y asistentes.