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Hoy 17 de junio se cumplen siete años de los asesinatos de Omar Barrios y Carlos Santillán muertos por francotiradores de Gendarmería Nacional durante la cruel represión ordenada por el juez Federal Abel Cornejo hoy postulado por el ejecutivo provincial como nuevo integrante de la Corte de Justicia de la provincia de Salta. Los fusilamientos de los pobladores Santillán y Barrios continúan impune.
La Agencia de Noticias Copenoa pone a disposición de nuestros abonados y lectores el capitulo cuatro del libro de autoría del periodista Marco Díaz Muñoz “Orden, represión y muerte” basado en los expedientes que criminalizaron la protesta social en Salta. Donde se detalla la orden mesiánica y el proceder en la represión.
Capítulo 4. 2001
I. Corte y represión en el mes de junio.
Desocupados cortan la ruta nacional 34.
A fines de mayo de 2001, los obreros que trabajaban en la construcción del hospital de Mosconi pedían un mínimo salarial de dos pesos con cincuenta por hora laboral. Ante la negativa, deciden ir a la ruta, con el apoyo de la Unión de Trabajadores Desocupados. Con el abandono por parte de los dirigentes del gremio de la construcción, los desocupados quedan al frente de la protesta.
El proceder de la gendarmería no se hizo esperar, y en Tartagal detiene a José Barraza, dirigente del Partido Obrero, bajo los cargos de sedición y corte de ruta imputados por el juez federal Cornejo. Posteriormente, acusados de los mismos cargos, son detenidos Omar Gil y César Rainieri, militantes del mismo partido. Los tres serán trasladados a la cárcel de Villa Las Rosas.
Para entonces el juez Cornejo, como bien denunciaron a su tiempo los dirigentes piqueteros de Mosconi, procuraba confundir a la opinión pública argumentando que la protesta estaba dirigida ideológicamente por grupos de izquierda provenientes del P.O.
Con más de dos semanas de corte sin respuesta del gobernador Juan Carlos Romero, los piqueteros convocan para el 17 de junio una asamblea nacional de agrupaciones piqueteras. Allí llegaron representantes del Movimiento Teresa Rodríguez y del MTD de Solano. Mientras tanto, Romero declaraba ante la prensa que no realizaría ningún tipo de negociación con “delincuentes” y “sediciosos”, refiriéndose con estos términos a los desocupados.
El Operativo Recuperación de la 34.
El 17 de junio el juez federal Cornejo ordena a gendarmería nacional la recuperación a cualquier precio de la ruta nacional 34. Argumenta la decisión en una denuncia de la petrolera del lugar acerca del supuesto ingreso de un grupo de encapuchados a sus instalaciones.
En las primeras horas de la mañana del domingo 17, los pobladores de Mosconi se aprestaban a celebrar el día del padre, ignorando la magnitud del operativo represor que implementaría la gendarmería nacional avalada por el juez del caso.
En el asalto asesinan a Omar Barrios y a Carlos Santillán. Manuel, hermano de éste último, se encontraba a su lado en el momento trágico: asegura que lo fusilaron los francotiradores de gendarmería que estaban apostados sobre los tanques de combustible de la petrolera.
Durante el Operativo Recuperación de la 34, según la versión del juzgado federal, hirieron casi un centenar de civiles. El joven Iván Dorado quedó parapléjico por un disparo que recibió en su espalda. El camarógrafo Dady Arias, de Videotar, fue golpeado por un grupo de gendarmes y amenazado muerte en caso de que denunciara lo sucedido. Según un informe de las fuerzas de seguridad, resultaron heridos veinticinco uniformados.
En el transcurso del acto represivo los medios de comunicación nacional daban a conocer la versión oficial. El juez Cornejo, el ministro del interior Mathov, y el ex secretario de seguridad provincial Daniel Nallar, decían que las fuerzas de seguridad habían sido emboscadas por los piqueteros, quienes además serían apoyados por grupos de francotiradores civiles escondidos en el monte. Desde luego, negaban la evidente presencia de francotiradores del grupo de elite de gendarmería. Esta grosera tergiversación de los hechos sería puntualmente descubierta por las imágenes tomadas por el periodista Marco Díaz Muñoz, reproducidas luego por el periodista Jorge Lanata, CVN, América Noticias, Azul Noticias y cadenas internacionales. En ellas se ve claramente a los inconfundibles francotiradores enviados por el juez disparando en dirección a los pobladores.
En un reportaje realizado por Martín Piqué para Página 12, Cornejo negaba haber dado la orden para usar balas de plomo, admitiendo que la autorización, por jurisprudencia, la había impartido el Ministerio del Interior. El informe de gendarmería contradice este argumento: allí se detalla que las fuerzas de seguridad recibieron la orden del juez para cambiar las postas de goma por balas de plomo.
Golpes, torturas y violaciones: los instrumentos del orden.
Como en otras oportunidades, las fuerzas del orden utilizaron medios ilegales para alcanzar sus fines. El caso del joven Edgar Cabrera, quien fuera torturado para que acusara a integrantes de la UTD por tenencia de armas, es un claro ejemplo.
Cabrera, discapacitado, no sabe escribir ni firmar, y cuando lo hace utiliza su dedo, el mismo con el que supuestamente se rubrica su declaración testimonial. La misma, según denunciaran la víctima y su madre, la redactó un gendarme. Consecuentemente, su abogada pidió la nulidad del acta labrada.
También varios integrantes de gendarmería detienen y golpean a los camilleros del hospital de Mosconi, Fernández y Sergio Espinosa. Luego Espinosa reconocería al segundo comandante de gendarmería La Colina como a uno de sus verdugos.
El terrible caso de violación a un poblador con un bastón antidisturbios, además de los numerosos testimonios de torturas, simulación de ejecuciones y aplicación de descargas eléctricas, fue registrado por la abogada de Derechos Humanos no gubernametal Mara Puntano, quien envió un informe a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. (El posterior informe anual 2002 de Amnesty Internacional daría cuenta de la preocupación de la organización por las violaciones a los derechos humanos en General Mosconi, provincia de Salta).
El Poder Judicial censura y confunde.
El gobierno, a través de un aparato judicial adepto a sus fines, pretendió además utilizar nuevamente el recurso de confundir a la opinión pública. De esta forma, indicaron al ex gendarme Sergio Aráoz como uno de los supuestos francotiradores civiles que emboscaron a las fuerzas de seguridad. Más tarde la esposa de Aráoz denunciaría ante los medios de prensa que el juez, en complicidad con gendarmería, quiso chantajear a su esposo, ofreciéndole dinero y su libertad a cambio de que acusara a los pobladores. Se comprobaría entonces que el juez Cornejo había ordenado su detención por negarse a ser informante.
La censura también sería un recurso a utilizar por la justicia. Por eso el juez federal Miguel Medina ordenó decomisar los equipos de transmisión de la emisora FM del Sol de la ciudad de Tartagal, alegando que la misma generaba interferencias en el circuito de comunicaciones del aeropuerto de Mosconi. Coincidentemente la radio en cuestión, al momento de ser censurada, transmitía desde el lugar de los hechos lo que acontecía en Mosconi.
El final.
Tras varios días de resistencia, los piqueteros son neutralizados y reducidos por la gendarmería. Allí, en un operativo sorpresivo, las fuerzas de seguridad avanzan sobre los piqueteros, y si bien fracasan en su intento por detener a los líderes del movimiento popular, logran sin embargo apresar a varios desocupados.
En los días venideros Hebe de Bonafini, llegada a General Mosconi, irrumpiría junto a los pobladores en el copamiento militar e ingresaría las casas en las que se encontraban los piqueteros.
Detalle del armamento utilizado y declarado según las fuerzas de seguridad.
- Escopeta Valtro, calibre 12/70, MM AT.
Escopeta Bataan, calibre 12/70 AT.
Lanzagranada CIS, calibre 40 MM.
Pistola lanzagases modelo 1, calibre 38, 1 MM.
Pistola lanzagases modelo USA, calibre 38 ,1 MM.
Escopeta High Stándar, calibre 12/70 MM AT.
Granada de mano de hostigamiento tipo Candela.
Escopeta Valtro, calibre 12/70 MM con bocacha 40MM.
Bastones de goma y madera.
Escopeta Manurin 35 MM.
Fusil Remington modelo M24, calibre 7,62.
Subfusil Heckler & Koch MP 5 SD, calibre 9 MM.
Fusil Fal, calibre 7,62 MM.
Pistola semiautomática Sig Sauer modelo P 226, calibre 9 MM.
Pistola semiautomática Beretta modelo 92 FS, calibre 9MM
II. Lo cuentan las víctimas.
La muerte en el día del padre.
Cuando registrábamos los siguientes testimonios debíamos tirarnos al suelo para evitar los numerosos disparos de balas que silbaban sobre nuestras cabezas. Una de las víctimas se lamentaba:
“Esto es lo que nos regalan para le día del padre: hay chicos a los que dejaron sin padres y padres que quedaron sin hijos. Esta es la solución que nos da Romero; pero nosotros debemos seguir todos juntos acá, firmes, y el gobierno debe entender que no puede venir y matar a los que pedimos trabajo. Deben hacerse cargo y dar una respuesta justa. “Miren, mandaron la gendarmería, vinieron como salvajes y balearon las casas y realizaron allanamientos; ahora dicen que hay francotiradores nuestros, y nosotros lo único que tenemos para defendernos son hondas: acá esta el pueblo.
La locura del gobierno.
Un muchacho, parado sin consuelo frente a su vivienda, observa las ventanas destrozadas por los proyectiles disparados por las fuerzas de la represión dentro del área urbana. Y cuenta su bronca.
“Ellos lo único que dicen es que nosotros los piqueteros somos delincuentes. Pero mirá lo que nos hacen. ¿Quiénes son los delincuentes, entonces? Yo tengo a mis chicos atrincherados ahí adentro, sin poder comer. Recién ahora les pude traer un pedazo de pan con fiambre. ¿Ésta es la ley? Nosotros somos asesinos porque vamos a pedir trabajo, así que ellos vienen y nos matan.
“No, esto no puede seguir así. Éste muchacho, Gabriel, es el que encontró la bala que entró aquí, una bala de bronce, del tamaño de un dedo meñique. Había otras que entraron, de calibre más chico, pero ésta era impresionante. El tiro también rompió la ventana del otro lado.
“No puede ser, los francotiradores eran todos de gendarmería, se los veía de acá, arriba de los techos y los tanques de la empresa. Yo voy a hacer una denuncia legal al juez Medina porque él es el que dio la orden, o al otro juez, Cornejo, porque ellos dieron la orden de represión. Ellos son los que mandan la gendarmería para que hagan el delito. Nosotros, si damos la orden de defendernos y pedir trabajo, somos asesinos. Ellos vienen con una orden de represión, le meten un tiro a uno, me rompen los vidrios, y los chicos se asustan y no entienden lo que pasa. ¡Hay que ver, están locos! Lamentablemente este gobierno está loco, y especialmente el señor Romero.
Gendarmería usó balas de guerra.
Durante la feroz represión Iván Dorado recibió un disparo de arma de fuego con un proyectil de cono truncado o bala mota con orificio de entrada en la región del omóplato izquierdo, lo que provocó la fractura del mismo y una lesión medular en la columna dorsal, que al impactar con su estructura ósea explotó y originó la diseminación de las esquirlas del proyectil.
En el informe médico se destacan “ múltiples esquirlas metálicas y óseas en hemitorax izquierdo en región dorsal del tórax y en columna dorsal, fractura del omóplato izquierdo y arcos costales izquierdos sexto, séptimo y octavo ”.
En la columna dorsal se observaron múltiples esquirlas óseas y metálicas. Al consultarse a los facultativos del nosocomio y a especialistas en balística, éstos lo atribuyeron a que el proyectil era de los denominados dun-dun, preparados y utilizados especialmente en estado de guerra.
El 4 de julio se ordena la detención de Dorado, acusado de ser uno de los supuestos francotiradores civiles que disparó a los efectivos de Gendarmería Nacional; se agrega en el escrito correspondiente que debía ser trasladado al juzgado en carácter de incomunicado. Iván Dorado aquel día seguía internado en el Hospital San Bernardo con la mitad de su cuerpo paralizado, con diagnóstico de paraplejia por lesión de columna y médula. En ese momento se le realizaba una fisioterapia psicomotora con apoyo psicológico, según el informe médico firmado por los doctores Raúl Montivero, M.P. 1507, y la licenciada en fisioterapia Alicia Pilas, M.P. 139.
Pedido formal al juez para el cese de la violencia.
En el atardecer del 18 de junio, mientras la gendarmería seguía disparando a los pobladores éstos, en una improvisada asamblea, daban a conocer una nota enviada al juez federal en la que le solicitaban que terminase con la represión:
Los abajo firmantes, vecinos autoconvocados del pueblo de General Mosconi, ante la grave situación reinante en la localidad nos dirigimos al Sr. Juez Federal de Salta, Dr. Abel Cornejo, para solicitarle el fin de las acciones de las fuerzas de seguridad, con el compromiso similar de la otra parte hasta la presencia inmediata de las autoridades provinciales y nacionales en nuestra ciudad.
A la espera de que nuestro pedido tenga en vuestra señoría el eco que toda la comunidad espera para recuperar la tranquilidad que la población en general reclama, lo saludan atentamente pobladores de General Mosconi.
III. La presencia de Hebe de Bonafini y Adolfo Pérez Esquivel.
Discurso de Hebe de Bonafini en la Plaza de Mosconi
El 19 de junio, la presencia de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo fue la garantía necesaria para que la represión, al menos en ese momento, cesara. Fue la propia Hebe de Bonafini quien convocó a la gente llamándola casa por casa, liberando y fortaleciendo a los perseguidos sobre los que pesaban ordenes de detención. Este hecho marcó el nacimiento de la Plaza de la Dignidad, que resguardó a los líderes del movimiento durante cinco meses. En esa plaza Hebe de Bonafi dijo:
“Compañeros, hace varios días que estábamos tristes por lo que aquí pasaba y nos debatíamos sobre qué hacer, en una conferencia, una marcha, una reunión. A última hora decidimos qué hacer, y es lo que hacemos siempre: poner el cuerpo para decirle en la cara a los asesinos, ¡asesinos!, porque los únicos terroristas son los que gobiernan, los que nos sacan el trabajo, la comida, la vivienda, y los que nos matan.
“El pueblo reclama nada más que lo que le pertenece, que es dignidad en el trabajo. Ustedes son valientes y estamos orgullosas de que el pueblo se haya mantenido como se mantuvo. Yo los veía frente a las balas y frente a los gases, y estamos muy orgullosas de este pueblo, de esta gente que lucha y que pelea y que no se resigna.
“Estamos aquí porque no están nuestros hijos. Si nuestros hijos, los treinta mil desaparecidos, estuvieran, otro sería este país. Los hijos de puta los hicieron desaparecer, simplemente por haber querido un país distinto, con trabajo para todos y con dignidad. Estamos aquí por eso, porque levantamos las mismas banderas que ellos, porque las madres somos todas piqueteros.
“Vamos a pedir, internacionalmente, la cárcel para los asesinos que matan a nuestros jóvenes, que los encarcelan y los hacen desaparecer. Para el presidente, para el ministro del interior, y para el gobernador de esta provincia, que se cree que es una estancia y se la quiere apoderar.
“Estamos orgullosas de haber oído que ustedes no quieren los Planes Trabajar, me parece maravilloso y digno; el trabajo es uno solo, y estos planes de mierda someten al trabajador como si fuera un esclavo. El trabajador necesita trabajo, dignidad en el trabajo y sueldo para vivir, en vez de esos miserables planes.
“Ni bien lleguemos yo puedo hablar en Buenos Aires para que se pida internacionalmente la seguridad de los compañeros que, como a Pepino, los quieren apresar, los quieren poner en prisión. Vamos a pedir que, internacionalmente, se asegure de que no van a ir a la cárcel, y que a los que estén en la cárcel los dejen en libertad.
“Presencialmente ustedes tienen que continuar como en una asamblea permanente, para que los asesinos, los milicos, y los gendarmes, se vayan a sus malditas cuevas y se pudran en ellas. Desde la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde, éstos tienen una historia espantosa, una historia de muerte y represión a los trabajadores. Pero esta vez el pueblo se puso de pie y les dijo, ¡basta!, y las madres estamos con ustedes. Ni un paso atrás, compañeros: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Las madres somos madres revolucionarias, sentimos que somos revolucionarias en lo que hacemos, en lo que sentimos y en este poner el cuerpo.
“La revolución la hicieron ustedes acá, en este lugar, en Mosconi, mostrándole al país que no abandonaron un solo momento a sus compañeros presos. Gracias, compañeros, por demostrarnos que todavía hay llamas de dignidad en este país, que siempre parece que se cae a pedazos. Gracias por haberse mantenido firme frente a todos los conflictos que tenía. Y estamos orgullosas porque sentimos en cada uno de ustedes a nuestros propios hijos, esos queridos y amados hijos que dieron su vida para que otros vivan, otros coman y otros sueñen. Gracias.
Palabras de Jose “Pepino” Fernández.
Luego del discurso de Hebe de Bonafini, Fernández hizo uso de la palabra en la Plaza de la Dignidad:
“Yo le agradezco al pueblo de Mosconi por la lucha que está dando, porque verdaderamente nosotros queremos recuperar lo que nos han quitado hace diez años. ¿Por eso somos delincuentes, porque todavía somos argentinos dignos? Son los otros vende patria los que robaron y vendieron toda nuestra riqueza, y ahora se quieren venir a adueñar de nuestra regalía petrolífera y gasífera. Es hora de que nosotros ya no vivamos de limosnas y tengamos verdaderamente lo que nosotros producimos acá en Mosconi, y podamos vivir de eso.
“A mí no me importa ir preso, porque yo sé que la gente igual va a seguir luchando en Mosconi. Quiero libertad para todos mis compañeros, porque ellos luchan por una buena causa, la causa de ser argentinos y de estar bien, con un sueldo digno, lo que nos han quitado hace mucho tiempo. Por eso quiero que todo el pueblo del departamento de San martín pida la libertad de los muchachos, y que este gobierno no piense que matando va a parar todo esto, porque ya el país, prácticamente, está quebrado, pero el mismo pueblo es quien lo puede solucionar. Yo agradezco a todos ustedes, y gracias por acompañarnos.
Adolfo Pérez Esquivel en Mosconi.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel también se hizo presente en General Mosconi, donde destacó lo siguiente:
“Éste es un pueblo que está reclamando sus derechos, y una vida digna. No es posible que a esta gente se le reprima de esta manera, que haya asesinatos, y una represión tan brutal y no se los escuche. Esto no es una democracia. Democracia significa derecho e igualdad para todos. Y no existe derecho e igualdad para todos, lamentablemente.
“Hay que pedirle al gobernador Romero que cambie su actitud, que abra un espacio de diálogo, de la misma manera en que hemos reclamado al juez la libertad de los presos. Tiene que entender que no son sediciosos, que es gente de trabajo que quiere vivir con dignidad, y no quiere limosnas.
“Hemos pedido el retiro de los efectivos de gendarmería de aquí de la zona, porque no es con violencia como se van a resolver los problemas, sino a través de políticas sociales, de diálogo y de comprensión.
“La otra cosa que me preocupa grandemente son las regalías petroleras que el gobierno de la provincia comprometió por quince años. Esto quiere decir que por quince años comprometió los recursos petroleros, las regalías, en lugar de invertirlas para la vida, el desarrollo y la fuente de trabajo del pueblo.
“Es muy preocupante la penalización de la protesta social y de la pobreza. Los pueblos tienen derecho a reclamar y solucionar los problemas que viven. Las leyes injustas deben ser resistidas, y se debe llamar a la conciencia a los jueces. Por ejemplo, aquí mismo el juez Cornejo anduvo con muchas evasivas, en vez de buscar verdaderas soluciones; todavía estamos esperando que el que este juez tome conciencia de sus responsabilidades."
La entrevista.
En la provincia de Salta existen más de quinientos luchadores populares encausados por la justicia tanto provincial como nacional. Es así como se somete a los desocupados a dobles encauzamientos, actualmente con más de cien ya procesados.
¿Con estos datos, piensa usted que es posible contrarrestar el avance de la judicialización o criminalización de la protesta social?
Es muy preocupante la penalización tanto de la protesta social como de la pobreza, porque los pueblos tienen derecho a reclamar y solucionar los problemas que viven. Esto me recuerda mucho a Henry Torot, ese gran luchador que inspiró a Mahatma Gandhi, Luther King y a muchos de nosotros, ya que él decía que toda persona amante de la libertad debe ser respetuosa de la ley porque sin ley no podemos vivir en una sociedad. Necesitamos de la ley, pero agrega algo muy importante: no toda ley es justa, y la leyes injustas deben ser resistidas. Es por eso que se niega a pagar los impuestos para la guerra entre Estados Unidos y México, y esto le vale ir a la cárcel.
Yo creo que hay que revisar muchas cosas acerca de lo realizado con los pobladores desocupados de Mosconi. Cuando estuve por la represión de General Mosconi, previamente en Salta capital estuvimos con el juez Cornejo, quien había penalizado la protesta social con distintas causas. Esto me pareció realmente preocupante.
La ley no es letra muerta; el evangelio es muy claro: dice que el hombre no se hizo para la ley, sino la ley para el hombre. Por eso se debe tratar de llamar a la conciencia a estos jueces para revertir la situación, porque hoy hay aquí un derecho legítimo del pueblo en reclamar la solución de sus problemas.
El juez federal Cornejo ha manifestado a la opinión pública que en los procedimientos de represión del 17 de julio del 2001 se respetaron y garantizaron los derechos humanos, y que prueba en ello fue haber recibido al premio Nobel de la Paz en su despacho, junto a diversos organismos de derechos humanos. ¿Usted fue invitado por el juez Cornejo? ¿Considera que las declaraciones del magistrado de haberlo recibido en su despacho son utilizadas por este para justificar la represión, amparándose en la trayectoria de usted como Nobel de la Paz?
Nosotros pedimos verlo para reclamarle por la libertad de los trabajadores desocupados de Mosconi, y tuvimos muchas evasivas y no soluciones de este juez; todavía estamos esperando que el juez Cornejo tome conciencia de su responsabilidad.
IV. Arrestos, mentiras, y violaciones a los derechos humanos.
Testimonios.
En la provincia de Salta se violó la ley 23.338, en la que se ratifica la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, firmada el 4 de febrero de 1985 por el gobierno argentino. Dicha convención detalla en su artículo 15: "todo Estado parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura puede ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración."
El gobierno salteño y la justicia, a través de su brazo armado, la gendarmería, vulneraron todos los derechos garantizados por la constitución, tanto nacional como provincial, y por los pactos internacionales de los cuales Argentina es firmante. Se destaca como hecho flagrante la aplicación de la tortura como método para forzar declaraciones falaces. Los siguientes testimonios, recogidos el 17 de junio de 2001 en Mosconi, dan cuenta de estas aberrantes violaciones a los Derechos Humanos.
Torturas a menores de edad.
Ariel Cuellar, de dieciocho años, cuenta lo que le sucedió a él y sus compañeros:
“A mí me detuvieron el miércoles a la madrugada. Cuando me agarraron me tiraron al suelo y me patearon, mientras me preguntaban dónde estaban los cabecillas; cuando les contestaba que no sabía me pegan nuevamente. Luego me pasaron a un camión, me picanearon y me seguían preguntando por los líderes. Ahí me tuvieron toda la noche.
“Después nos pasaron a otro vehículo, un camión con celdas en el que me pusieron nuevamente la picana. Éramos cuatro, un chango de Tartagal y los otros, que eran menores. Los gendarmes me decían que yo tenía un padrino que era gendarme, y yo les contestaba que no, entonces remontaban el arma y me apuntaban; me decían que me iban a meter un tiro si no les decía dónde estaban Piquete y Pepino y las armas. Yo les contestaba que habían hondas pero no armas; luego vino otro gendarme y me repetía dónde está Pepino y me golpeaba la cabeza contra la chapa y me repetía la pregunta: ’¿dónde están?, contestá, hijo de puta, decí la verdad, ¿dónde están?’, mientras mis manos estaban atadas y yo estaba en una celda del camión.
“Después vino otro gendarme, me escupió la cara y me pego piñas en todo el cuerpo y en el rostro. ’Te vas a quedar unos cuantos años preso si no hablás’, me decía.
“La picana me la aplicaron en la cintura, junto al otro chango de Tartagal; uno nos picaneaba, y para que no salte con la electricidad me golpeaban en los tobillos y en las piernas. Entonces ya no me podía parar, y en el suelo de chapa del camión me picaneaban en la cintura. Quería verles las caras, pero me golpeaban amenazándome que si los miraba a la cara me iban a matar de un tiro. Estaba sangrando mucho, me rompieron la cara y la nariz, y por la boca también perdía sangre.
“Los gendarmes que me golpeaban eran jóvenes de veinte a treinta años, con tonada santiagueña, del litoral; uno me parece que era cordobés. Éstos después nos ordenaron que nos bajáramos los pantalones: ahí me golpearon nuevamente y ya no me podía parar. Los menores de edad tenían uno trece y el otro quince; a ellos también los golpearon. Recuerdo que vi un portón blanco, unos eucaliptos y una ambulancia… en ese lugar estaba el camión en donde nos torturaban. Estuvimos todo el día sin atención médica y yo todo ensangrentado.
Falsa acusación a un discapacitado.
Edgar Cabrera, de veintidós años, es discapacitado. A pesar de su difícil situación y su limitada movilidad, los gendarmes no tuvieron inconvenientes en culparlo absurdamente de francotirador. Este es su testimonio:
“Me preguntaban ‘¿Conque vos sos piquetero?’, y me decían ’vos andas con el FAL, sos un francotirador’. Yo les contestaba que no, pero ellos seguían insistiendo. La verdad es que no tengo antecedentes, nunca caí en la policía.
“Cuando me detuvieron recuerdo que arrancaron una manguera para pegarme y me llevaban ahorcándome con un pañuelo; con una honda me tiraban piedras que me golpeaban el cuerpo, y después me pegaban piñas y patadas. Luego me dicen que suba al jeep, y les contesto que no puedo, entonces otro gendarme me dice ’¿querés que te ayude?’; cuando veo que tenía un palo trato de subir, y los milicos que estaban arriba me recibieron a patadas en la cabeza, en las costillas, en todas partes. Estaba tan mal que ya no sentía mi boca.
“Me llevaron hasta la Gendarmería de Mosconi. Cuando llegué, un gendarme dijo que yo era un francotirador, y ahí me agarran nuevamente a las patadas: me salía mucha sangre. Quería levantarme, pero de los golpes que me daban no podía. Un gendarme de tonada porteña me decía ‘¿conque no te vas a levantar?’, y me pateaba.
“Después me llevaron a la Gendarmería de Tartagal. En ese lugar me dijeron que me bañara; cuando estaba en el baño comenzaron a torturarme con dos cables pelados. Ellos me decían que con eso me iban a dar corriente, y comenzaron a golpearme de nuevo; a uno de los que me pegaba le decían comandante. Después vino una doctora para verme, pero uno de los gendarmes le dijo que se retire y me volvieron a encerrar. Estaba esposado, y así estuve tres días en el calabozo.
“En Gendarmería me querían obligar a declarar y firmar en un papel en blanco. Tenía que decir que Pepino Fernández, Chiqui Peralta, Piquete Ruiz y Aldo Fernández tenían armas, y que Pe¬pino Fernández me había amenazado con un arma. Yo me negué a firmar, entonces me preguntaron si sabía firmar, y no, no sé firmar, tampoco sé leer ni escribir. Entonces vino un gendarme y firmó por mí.
Un arresto absurdo.
A Héctor Jorge Ruiz, de veintisiete años, sin ningún cargo cierto lo raptaron frente a su propia familia. Desconcertado, narra aquí los hechos:
“A mí me detuvieron el día 17 a las diez de la mañana. Para nuestra seguridad, por orden del dueño Bonduri salimos de la empresa donde trabajo. De ahí llego a mi casa con un grupo de amigos del trabajo, me bajo del vehículo, y cuando estoy ingresando a mi casa sale mi hijo con un regalo para en¬tregarme en el día del padre. En ese momento llegan dos camionetas de gendarmería y me sacan de mi casa, de mi domicilio, como un delincuente.
“Estaban armados y me apuntaban. Todo esto era observado por mi familia: mi hijo de ocho años hasta estaba entre los gendarmes. Los que tenían la cara descubierta no presentaron ninguna orden de allanamiento, entraron como llegaron, se llevaron mi ropa y el bolso que traía del trabajo.
“Me acusaron de incitar a la gente para que vaya al corte de ruta, y de que cuando me bajé del vehículo los había agredido con golpes de puño. Esto es mentira, ya que cuando ellos llegaron se bajaron apuntando con sus armas a los que salían del auto, diciendo que nos movamos porque nos iban a matar. No les importaba si había chicos. Mi familia entera lloraba y gritaba cuando los gendarmes me sacaban.
“Luego me llevaron a Vialidad Nacional, donde tienen su puesto; ahí me tuvieron encerrado como hasta las ocho de la noche. Más tarde me trasladaron a Embarcación, y finalmente a Salta. Antes creía en la justicia, ahora solo creo en la justicia de Dios y tan sólo deseo olvidarme de esta pesadilla.
Falsa acusación.
Otra falsa acusación de francotirador fue la que cayó sobre Alberto Aybar, de veintisiete años, quien cuenta cómo lo obligaron a firmar lo que querían:
“A mí me detienen el 17 de junio a las seis de la tarde. Íbamos con mi familia en un remís que habíamos tomado para ir a la casa de mi padre, en donde festejaríamos el día del padre. Ahí me entero, por el radio operador del remís, sobre de la represión. “Después de las cinco de la tarde regresé con mi familia. Cuando llegamos al paso a nivel en el acceso norte de Mosconi nos detienen cuatro gendarmes que nos preguntan los nombres. Cuando les digo mi nombre noto que se sorprende y nos dejan pasar; cuando llegamos a la ruta, ya que vivimos cruzando la misma, nos vuelven a parar y nos solicitan los datos. En ese momento me separan de mi familia, de mi señora, de los chicos, y me dicen que los acompañe al destacamento, que no me va a pasar nada, que es por averiguación de antecedentes y datos personales, nada más. Entonces tengo que acompañarlos. Cuando siento que la gente del barrio grita mi nombre, me doy vuelta y veo a mi señora desmayada y los chicos que están llorando: quiero volver, pero ya no me dejan.
“Cuando pasamos el portón del destacamento todo cambió: todos te querían pegar, tenían sus rostros al descubierto y en su mayoría eran jóvenes. Luego me llevan hasta el fondo, me ordenan desvestirme, y aparece un gendarme que me golpea en el tobillo y me acusa de que yo era francotirador y mata gendarmes. Me dice que confiese quiénes eran los otros francotiradores que le disparaban a los gendarmes, y siguió pegándome. “Después apareció otro que me decía que tenía orden de captura desde hace un año; tenía una hoja en su mano y me decía que tenía que firmarla, pero yo me negué. Le pido que lea lo que dice la nota, y me contestan que no. Le trato de explicar que no puedo firmar si no sé qué dice, porque no es algo legal, y en ese momento siento un golpe de un culatazo en la cabeza. Me obligaron a firmar.
“Después, junto a otros muchachos detenidos, me subieron a un camión. Ahí había un gendarme que nos golpeaba cuando subíamos, y al que se movía le pegaba culatazos; era robusto, de ojos verdes, rubio, con poco pelo en la cabeza. Lo alcancé a ver con lo justo, porque nunca dejaban que les mirásemos las caras.
Golpean y acusan a empleado del hospital.
Los camilleros Espinoza y Fernández están acusados en la justicia federal por el delito de abandono de persona. Sergio Espinoza, detenido el 17 de junio de 2001, cuenta el accionar ilícito de los gendarmes:
“Recuerdo que nosotros teníamos un llamado para asistir a un herido, y fuimos al lugar de los hechos para rescatarlo. Mi compañero y chofer de la ambulancia, Carlos Santos, se estacionó en el lugar; es en ese momento, cuando nos bajamos, estaba acompañado de Fernández, quien trabajaba de camillero igual que yo.
“La gente nos indicaba el lugar en donde se encontraba el herido: detrás de la vía, justo donde estaban los gendarmes tirando gases lacrimógenos. Igual nosotros nos acercamos, pasamos por la línea de conflicto, y pedimos permiso a los gendarmes. Ellos nos autorizaron a pasar para retirar el herido.
“Llegamos hasta la ruta y no había ningún herido. Cuando ya regresábamos a la ambulancia vemos que cae un gendarme herido, no sé de que. Entonces mi compañero se acerca y le ofrece a los gendarmes la tabla de rescate, para colaborar con el herido. Nosotros estábamos identificados con los chalecos de la cruz roja, los barbijos y los guantes de látex. Un gendarme nos hace seña de que nos retiremos, nos impide colaborar; no nos dejaron realizar nuestro trabajo de asistir a los heridos sean civiles o gendarmes.
“En ese momento lo agarran a mí compañero y comienzan a golpearlo desde atrás. Yo les digo a los gendarmes que era un empleado del hospital y trabaja como camillero. Es ahí donde comienzan a golpearme también amí; me golpearon bastante, y estaban todos con el rostro cubierto con las máscaras antigases. Luego nos llevaron a una camioneta, en carácter de detenidos, y creo que fuimos los primeros detenidos del conflicto por la mañana del domingo.
“Me tuvieron esposado desde las diez de la mañana en un celular de la gendarmería, en Vialidad Nacional, al ingreso de Mosconi. Luego estuve en un calabozo, donde seguía esposado. En ese momento ingresó un gendarme alto y rubio que comenzó a golpearme, y estando en el suelo también me siguió pegando. Después me hicieron firmar un papel a la fuerza, con el brazo tomado por un gendarme: un papel que, obviamente, no me dejaron leer.
Más tarde el camillero Sergio Espinoza reconoció al gendarme alto y rubio como el comandante La Colina.
Gendarmería chantajea y pretende infiltrarse en la protesta.
Esta es la entrevista realizada a la esposa de Sergio Aráoz, ex gendarme denunciado como piquetero francotirador, luego de que se negara a actuar de infiltrado para las fuerzas del orden:
Señora ¿qué pasó con su marido?
Nos ha pasado a avisar que se lo había llevado la camioneta de gendarmería a las doce y media. Le preguntaron si era Sergio Aráoz, y bueno, ahí lo agarraron y lo llevaron. Nosotros hemos preguntando por qué causa y todo lo demás. Estaba incomunicado, y por veinticuatro horas estaba a disposición del juez Cornejo. Me dijo que tenía que esperar esas horas, que dependía del juez. Es todo lo que se nos ha dicho.
¿Alguien se ha presentado en su casa?
Claro, antes habían mandado la gendarmería; había aparecido un tal Víctor Barrios, buscándolo. Era algo de Inteligencia. Y bueno, le había pedido que el segundo Comandante, no me acuerdo cuánto, había querido hablar con él, y él le había pasado el teléfono. Pero él se negó a presentarse. Me acuerdo que también un día llegó otro gendarme, que nos había dicho que quería que trabaje para ellos.
¿Pedía que su esposo trabaje para Gendarmería?
Para ellos, si, y que pase los datos. Que él, como es de aquí, de Mosconi, tiene que conocer. Decían que hubo armas con los piqueteros, y que necesitaba los datos de esos piqueteros, que él los confirmara, pero se negó.
¿Eso a cambio de qué, señora?
Y a cambio, según ellos, de la libertad de él, porque así él estaba libre, no se lo iban a llevar y todo lo demás. Pero, bueno, ahora pasaron unos días ya, prácticamente dos semanas o más, no me acuerdo muy bien. Ahora se lo llevaron así de esta manera, sin una citación ni nada.
¿Entonces Gendarmería se presentó en dos oportunidades, previo a la detención?
Sí, así fue.
¿Y en ningún momento dijeron que lo iban a detener?
No, en ningún momento. Ellos lo que querían era hablar con él. Un día también lo agarraron acá en el centro, lo encontraron y lo siguieron varias cuadras, hasta que le salieron al paso y le dijeron que necesitaban que trabajara con ellos, porque querían entrar en la plaza con la gente, y bueno, como él es de aquí del pueblo, no puede hacer esas cosas. Él no estuvo ahí. Yo no sé tampoco porqué.
¿Por qué le habrán hecho este ofrecimiento? ¿Por qué en algún momento fue cercano a la Gendarmería?
Claro, él estuvo trabajando en Gendarmería. Hace dos años que está de baja, y supuestamente tiene experiencia en esas cosas, con el arma y demás. O sea que ellos le venían diciendo que si él no trabajaba para ellos era seguro que algo le iban a hacer.
¿Lo chantajeaban, entonces?
Sí, claro, lo hacían sin duda como un chantaje de parte de la Gendarmería.
¿Me puede dar más detalles acerca de lo que tenía que decir él, en esa probable declaración, si aceptaba?
Y, no sé qué más, a mí me comentó solamente esto.
¿Qué es lo que él debía hacer?
Bueno, tenía que identificar gente, llevar todos los datos que le dijeran, decir que había armas y también quiénes tenían las armas aquí. Pero él no tiene armas, ni tampoco los demás.
Y ahora ¿cómo se siente usted?
Y, yo me siento muy mal, chantajeada por la Gendarmería. Siento que ellos a él lo quieren utilizar de esa manera como para lavarse las manos ellos. Quieren encontrar culpables, y lo están utilizando.
¿Usted cómo lo vio? ¿Estaba esposado?
A mí no me dejaron ver. Yo llego y me dicen que justo lo estaban por sacar para llevarlo a hacer la pericia. Me dicen que iba a tener casi media hora de demora, que dejara la merienda, porque no me dejaban hablar con él. Entonces le digo al gendarme que yo iba a esperar, para ver si podía llegar a ver algo. Entonces me hicieron salir afuera para que yo no vea. De repente me doy vuelta y veo la puerta abierta como para que él salga, y la esposa que tenían lista para ponerla. Entonces esperaron que yo salga y ahí lo sacaron, suponiendo que yo no veía que lo llevaban esposado, incomunicado.
Lista de heridos durante la represión.
Abraham, Victor Jesús. Apremios ilegales y lesiones múltiples.
Burgos, Emanuel (15 años). Apremios ilegales y lesiones múltiples.
Barrera, Manuel (15 años): Apremios ilegales y lesiones múltiples.
Alberino, Jorge. Golpes de puño en el pómulo y amenazas con arma de fuego.
González, Raúl César. Apremios ilegales, lesiones y simulación de ejecución.
Ruiz, Diego (19 años). Balazo en el talón y lesiones múltiples.
Aybar, Alberto. Lesiones y apremios ilegales.
Escobar, “Chicho”. Herida de plomo en la mano derecha.
Figueroa, Armando. Herida de bala en el muslo derecho.
Rojas, Hernando. Entrada y salida de bala de plomo.
Páez, Federico Joaquín. Lesiones múltiples.
Videz, Rodolfo Aníbal. Golpes y lesiones múltiples.
Caracho, Juan. Herida de bala de plomo en la pierna.
Dorado, Ramón Iván. Incapacidad permanente de miembros inferiores.
Aranda, Carlos. Lesiones múltiples.
Frías, “Cacho”. Probable amputación de piernas.
Ruíz Díaz, Fidel. Balazo en el brazo derecho y fractura en el antebrazo.
Luna, César. Golpes y lesiones múltiples en el rostro y en todo el cuerpo.
Arias, “Dady”, camarógrafo. Herida en la mano derecha y lesiones múltiples.
V. Allanamientos y procedimientos ilegales.
El allanamiento de la FM Del Sol.
Las autoridades de la radio FM Del Sol denunciaron al juez federal Miguel Medina, quien había ordenado decomisar los equipos de transmisión de la radio de la ciudad de Tartagal. Como excusa para su acto de censura, el magistrado adujo que la emisora en cuestión generaba interferencias en las comunicaciones del aeropuerto de Mosconi. La radio, casualmente, transmitía en ese preciso instante desde el lugar de los hechos todo lo que allí acontecía.
El testimonio de una periodista.
Lila Antequera es periodista. Su sorpresa frente a la censura fue grande, y durante el allanamiento se lamentaba por la violencia generada por el gobierno:
“Pensé que teníamos intervenido el gobierno municipal en Tartagal y Mosconi. En ningún momento se hizo un informe oficial de que hubieran dejado de tener vigencia la Constitución Provincial, que es tan clara en el artículo 23 en el que dice que no se podrán decomisar los equipos de los medios de difusión, y donde se garantiza la libertad de prensa y de expresión. El Pacto de San José de Costa Rica es claro en su artículo 19; de los derechos del hombre y del ciudadano también es muy específico. En su artículo 19 establece no solo el derecho a buscar y a recibir información sino también el derecho del ciudadano a informarse.
“Entonces, nos sorprende sobremanera todo este tipo de cosas porque creo que es un nuevo atropello. Creo que sé esta generando violencia, precisamente desde el propio gobierno, que autoriza todas estas cosas. Lo único que hace es generar mayor violencia. Y esto es lo que trae indignación, lo que te frustra, porque te sentís impotente e indefenso una vez más.
Habla el director de la FM en el momento de la intervención judicial.
¿Qué está pasando acá?
Bueno, recién llego, así que estoy tratando de informarme acerca de lo que está pasando.
¿A usted no le informaron nada? ¿Esto ha sido sin previo aviso?
Exactamente, yo no sé nada. Estoy llegando para ver qué pasa.
Se llevaron los equipos.
Bueno, eso podía esperarse, ¿no es cierto?.
¿Porqué?
Bueno, precisamente porque tratamos de informar acerca de la verdad y queremos cumplir con nuestra misión, que nos lleva a todos los ciudadanos de Tartagal.
¿Qué es lo que motivó todo esto?
Quizás la difusión que hemos hecho, el estar al tanto de la noticia, y estar ahí donde se producen los hechos. Quizás eso ha provocado todo esto.
¿Y qué van a hacer?
No sé, en estos momentos estoy entrando a la radio así que voy a ver qué es lo que pasa ahí adentro.
La voz de los vecinos.
“Esta es la única radio que comunicó toda la realidad acerca de lo que pasó entre Mosconi y Tartagal, de todo lo que nos han hecho los gendarmes, así que vamos a apoyarlos. Si o sí vamos a apoyar a la radio porque es la única que dice la verdad, porque de todas las otras radios ninguna comunica nada. Ese día, el domingo de la represión, todas estaban con música excepto ésta. FM del Sol era la única radio que se podía escuchar para saber lo que pasaba.
¿Saben que hasta se llevaron los equipos?¿Qué opinan ustedes de lo que pasó acá?
Que está mal, que es un atropello que cierren la FM del Sol, porque es la única que se atreve a decir todo.
Además, ahora queda más gente desocupada.
Sí, y ya hay mucha gente que quedó sin trabajo.
¿Ustedes porqué vinieron hasta acá?
Para solidarizarnos con los trabajadores de la radio.
¿Qué iban a hacer, qué actitud iban a tener?
Queríamos hablar para que no se lleven las cosas, pero es imposible que entren en razón. Ya tienen todo decidido, y no nos van a escuchar.
Órdenes de detención y persecución judicial.
El siguiente paso del juez federal Cornejo fue decretar las detenciones de los líderes de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, José Fernández, Oscar Ruiz y Rodolfo Peralta, acusándolos de organizadores de una asociación ilícita, figura penal que no contempla la excarcelación.
El juez Cornejo, además, inicia una persecución indiscriminada de la Dra. Mara Puntano, realizando sucesivas demandas en contra de la defensora de los luchadores populares. La abogada Puntano había denunciado las muertes de la represión, las torturas, la violación de las garantías constitucionales y las irregularidades en el proceso judicial al que fueron sometidos los piqueteros de Salta.
Como vemos, no fue suficiente la represión directa; el gobierno también inició una franca persecución contra los luchadores populares que denunciaban las responsabilidades de las autoridades. Como en una verdadera dictadura, se atacó además a la abogada defensora, dejando en claro que no se pensaba dejar lugar alguno para el ejercicio de ningún derecho, penalizando de esta forma todo reclamo social.
La campaña contra ADIUNSA.
El gobierno de Salta no dudó en iniciar una campaña abiertamente persecutoria en contra de Pablo Kirschbaum, secretario de la Agremiación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta y referente salteño del Partido de la Liberación. Lo mismo se hizo con Sergio Ortiz, secretario general nacional de la misma agrupación.
Así fue como el gobernador Romero utilizó su diario El Tribuno para descalificar contínuamente la presencia en Mosconi de estos luchadores populares. Consecuente, el secretario de seguridad Daniel Nallar los vincula allí con la extrema izquierda y la violencia.
Las denuncias por persecución en el plano internacional.
Las continuas denuncias sobre persecuciones políticas y judiciales son continuamente registradas durante 2001 por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, ratificando en el acto a la Republica Argentina como un país que viola las garantías y los derechos constitucionales. Vergonzosamente, el gobierno y la Justicia dejan una vez más a la Argentina en un lugar lamentable.
Hina Jiliani, enviada especial de la ONU para rever la situación de los defensores de los derechos humanos, ya destacaba en su informe ante la comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su período de sesiones en abril de 2001, la preocupación por las denuncias que había recibido acerca de las graves violaciones que afectan a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. En particular, la inquietud estaba dirigida a la perpetuidad de una serie de tendencias, medidas y prácticas represivas que amenazan toda libertad de acción.
Ninguna región está exenta de esas tendencias: mientras las instancias de apoyo a los defensores de los derechos humanos tardan en aparecer, los sectores de los que emanan las amenazas amplían impunemente su accionar.
El juez aparta a la Dra. Puntano de la causa.
El 31 de octubre el juez Cornejo, en plena persecución de la defensora de los luchadores populares, la abogada Mara Puntano, la aparta de su defensa de los líderes de la UTD de Mosconi, incurriendo con este acto en una grave violación a los derechos de la profesional y de sus defendidos.
La abogada Puntano es una digna luchadora social de Salta, una profesional de compromiso en teoría y práctica, que defiende gratuitamente a más de cuatrocientos luchadores sociales de la provincia de Salta ante la justicia provincial y federal. A lo largo de 2001 consiguió la excarcelación de los tres dirigentes del Partido Obrero apresados por el juez Cornejo, acusados de sedición y corte de ruta, y el sobreseimiento de treinta piqueteros. También consiguió hacer caer las imputaciones por asociación ilícita y la orden de captura que recaía sobre los líderes de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, José Fernández, Oscar Ruíz, Rodolfo Peralta y Julio Figueroa.
El juez Cornejo, a pesar de estos reveses que sentaron jurisprudencia positiva en la lucha social, siguió con la persecución sobre los compañeros de Mosconi, procesándolos indiscriminadamente por corte de ruta, sedición, abuso de armas, tenencia de municiones de guerra, instigación a cometer delitos y resistencia a la autoridad. La abogada realizó la apelación correspondiente, estimando que técnicamente el magistrado no posee elementos ni cumple con los requisitos exigidos para el procesamiento.
Al proseguir el proceso judicial, la Dra. Puntano estuvo bajo amenaza de ser sancionada y de que su matrícula fuera retirada, ya que el juez federal Abel Cornejo siguió acumulando denuncias en su contra ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio Público de Abogados. Según el magistrado, “por haber puesto en riesgo la seguridad de su defendido”, en alusión al discapacitado Edgar Alejandro Cabrera. El juez pretendió culparla de prevaricato y violación de secreto de sumario, denuncias que también fueron giradas al procurador fiscal para que promueva acción penal.
El magistrado se basó en unas declaraciones efectuadas por Puntano en las que la abogada afirmaba que el juez Cornejo había establecido la calificación de los delitos imputados a los piqueteros, entre ellos abuso de arma, en el testimonio que brindó el joven discapacitado Edgar Cabrera tras ser torturado por los gendarmes bajo la custodia del juez. Allí la víctima sufrió la rotura de una costilla y le cortaron una oreja, obligándolo a decir que los cabecillas de los desocupados estaban armados. Esta declaración fue tomada por el juez para inculpar a los piqueteros, dando a conocer un comunicado de prensa de su juzgado donde decía haber recibido declaración de una persona que “dijo haber participado en los cortes de rutas bajo amenazas de algunos de los denominados piqueteros, indicando los nombres y tipo de armamento con el que contaban alguno de ellos, señalando además que había visto que esas armas las tenían escondidas en el monte”.
La abogada había solicitado con fecha 22 de junio la nulidad del acta labrada a Cabrera en gendarmería nacional y la indagatoria realizada por el juez; también solicitó la inimputabilidad de su defendido Edgar Cabrera, ofreciendo como prueba el beneficio de una pensión por invalidez, la que se acreditaba con carné expedido por el ANSES Nº 40 5 767.299/1, un recibo de haberes correspondiente al mes de junio del corriente año donde consta el mismo número del beneficiario, y un certificado médico de fecha 5/12/96 expedido por el Hospital de Tartagal, donde consta una incapacidad total y permanente del ochenta por ciento de su cuerpo. Asimismo la Dra. Puntano solicitó que se le realizara una pericia psiquiátrica en el Hospital Neuropsiquiátrico Kristofredo Jakob, un examen médico en el Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta, y que se recibiera declaración testimonial a Eduviges Verón, la madre de Cabrera.
Los resultados de los exámenes ratifican que Cabrera fue golpeado, y el informe psiquiátrico establece que el joven Cabrera padece de una debilidad mental oligofrénica desde los tres años de edad, lo que le ocasiona limitaciones en la comprensión de su obrar.
Todas estas presentaciones comprueban la inimputabilidad de Edgar Cabrera, lo que provoca la nulidad de su indagatoria, agravada por las irregularidades manifiestas con las que se labró el acta en dependencias de gendarmería en Tartagal, donde la misma aparecía firmada por Cabrera, quien es analfabeto y sólo puede utilizar su dedo para tal fin.
Esto significaba que el juez necesariamente debería haber dictado el sobreseimiento de Cabrera en razón de lo dispuesto por el artículo 34 del Código Penal sobre la inimputabilidad por incapacidad psíquica. Nada de esto cumplió, lo que significa que sólo aplica su voluntad, y no la ley.
Es por estas pruebas que la Dra. Puntano nunca puso en riesgo la seguridad de su defendido o perjudicó en manera alguna al mismo, rechazando terminantemente las denuncias del juez, quien utilizó estos argumentos para apartar a la doctora de la defensa de los líderes piqueteros, alegando intereses contrapuestos, ya que Cabrera, a través del tormento, había declarado que los líderes de la UTD portaban armas y organizaban a los piqueteros en la represión del 17 de junio.
Con más de ocho meses de trabajo en la causa, en los que se presentaron pruebas a favor de los dirigentes y se indagó a otros nombrados por Cabrera, se presentaron los líderes piqueteros a su indagatoria representados por Mara Puntano, acompañados de una comisión de ciudadanos mosconenses dispuestos a dar testimonios de la labor desarrollada por la UTD y sus dirigentes a favor de la comunidad.
Allí, los cargos acerca de una asociación ilícita cayeron estrepitosamente.
El juez Cornejo, autor de una libro titulado “Asociación ilícita”, al sentirse personalmente atacado por la digna defensa de Mara Puntano, procuró evitar el ridículo de estar obligado a reconocer la legitimidad de los argumentos de la defensa y por lo tanto retractarse de los cargos que durante seis meses impuso a los dirigentes Pepino Fernández y Chiqui Peralta, negándoles la excarcelación. Nuevamente echó entonces mano al argumento de los “intereses contrapuestos" entre Cabrera y los líderes piqueteros, todos defendidos por Mara Puntano, prohibiéndole ejercer su defensa y obligando a los líderes a nombrar otro abogado. No obstante esto, los líderes volvieron a nombrar como defensora a Mara Puntano.
Obligada por la prepotencia del juzgado pero sin aceptar las razones del juez, estando además los líderes privados de su libertad, la abogada renunció a la defensa de Edgar Cabrera y apeló el apartamiento de la defensa dispuesto por el juez. Desoyendo cualquier argumento jurídico, Cornejo impidió el ejercicio de la defensa de la abogada y la denunció nuevamente ante el tribunal de Ética del Colegio de Abogados aduciendo que ejerció la defensa de intereses contrapuestos.
Mas tarde la Cámara de Federal de Apelaciones determino que la declaración de Edgar Cabrera debía anularse por haberse probado su discapacidad mental, tal como lo solicitara la Dra. Mara Puntano.
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