Reforma Constitucional. Gerardo Morales: el discurso “verde” y el saqueo de los bienes comunes naturales

La Reforma parcial de la Constitución de Jujuy impulsada por el oficialista Gerardo Morales y con el aval del PJ incluye una serie de artículos referidos al cambio climático, transición energética y disposiciones ambientales que es necesario analizar con detenimiento.

En la apertura de la Convención, Gerardo Morales declaró que el proceso marca un hito que dará “para las próximas décadas el marco jurídico”, y es parte del legado que quiere dejar en la provincia y que presenta como esquema político, económico y social para el conjunto del país, en su carrera como candidato a presidente.

En el texto borrador de reforma propuesto por la Comisión de Nuevas Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías Constitucionales aparece el artículo “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica” que busca limitar y coartar el derecho a la protesta social y que está siendo ampliamente cuestionado en las calles. Pero acá queremos detenernos en otros artículos que hacen al discurso “verde” de la política de Gerardo Morales.

“Dominio Originario de los Recursos Naturales”

Este artículo estipula “el pleno dominio y la titularidad exclusiva de la provincia de Jujuy sobre los recursos naturales y bienes ambientales existentes en su territorio” y apunta a “asegurar la protección frente a cualquier injerencia indebida de la Nación, de las restantes provincias y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promoviendo el aprovechamiento sostenible de esos recursos y bienes en procura del beneficio del desarrollo humano en equilibrio ecológico y el progreso económico de la población”.

En este artículo nada se dice sobre la prerrogativa de las comunidades indígenas al uso y posesión de sus territorios ancestrales como establece el art. 75 inciso 19 de la Constitución Nacional y la Ley Nacional 26 160. Tampoco sobre el derecho de las Comunidades indígenas a la Consulta, previa, libre e informada, establecida por el Convenio 169 de la OIT y ratificada por la Argentina.

Por otro lado, se omite hablar sobre la “injerencia indebida” de las leyes menemistas que habilitan el régimen de concesión de los recursos para que sean explotados por empresas privadas como pasa con la minería. No existe “equilibrio ecológico” cuando son las propias mineras quienes presentan los balances de sostenibilidad . Estas empresas transnacionales actúan en función de lo que resulta más rentable y utilizan los métodos más destructivos para extraer al menor costo posible minerales como el litio, consumiendo una enorme cantidad de agua en el proceso y destruyendo los salares, humedales altoandinos.

Cuando la explotación de estos bienes comunes naturales se hace en función de la ganancia privada, tampoco hay “progreso económico de la población”. Ya se ha demostrado la subfaturaciòn y el engaño al fisco de las grandes mineras, que solo dejan unas pocas migajas en forma de regalías, mientras las comunidades indígenas que habitan estos territorios despojados no tienen conectividad, red de teléfono, transporte público ni todos servicios esenciales garantizados. ¿A esto le llaman “progreso”?

En definitiva, el Estado Jujeño se arroga un “dominio” de los “recursos” solo para dejar en manos privadas el saqueo de los bienes comunes naturales. A lo sumo, se proponen ser socios menores de las grandes transnacionales como la participación del 8,5 % en la empresa Salen de Jujuy, donde el socio mayoritario es Alkem (que recientemente se fusionó con Livent, la minera estadounidense que explota el Salar del Hombre Muerto en Catamarca), profundizando la explotaciòn extractivista.

Terrible lo que están haciendo con el litio en el virreinato del Jujuy https://t.co/SKDF1E1wNw

— Marcelo Laxague (@marcelo_laxague) June 5, 2023

La única forma de asegurar el equilibrio ecológico y progreso para las mayorías populares es que sean los propios trabajadores y las comunidades quienes tienen el control de los bienes comunes naturales y definan, en base a una planificación democrática,cómo llevar adelante la producción, cuidando el agua y los salares, y con qué fines sociales, es decir, decidiendo el destino de la producciòn y de sus beneficios.

Por último, este artículo dice que la provincia busca asegurarse la potestad sobre “la regulación de toda forma de aprovechamiento económico o financiero que se derive de la reducción o eliminación de gases de efecto invernadero, a partir de proyectos que se desarrollen dentro de su territorio”. Este segmento apunta a los nuevos productos financieros que están surgiendo vinculados a la naturaleza como los mercados de carbono y bonos de carbono, entre otros “negocios verdes”. Lejos de promover la reducción o eliminación de gases de efecto invernadero, al monetizar la emisión de estos gases aparece un nuevo mercado en el cual “vender y comprar” esas emisiones, generando un proceso especulativo que habilita que se pueda pagar para contaminar. Para las empresas es un costo financiero más, que luego incluyen en el precio final de sus productos y que terminamos pagando los consumidores, pero para nosotros, significa que se sigue destruyendo el ambiente de forma irreparable.

“Transición hacia Energías Renovables o no contaminantes”

Plantea que: “El Estado impulsará políticas públicas que profundicen la transición hacia una matriz energética basada en fuentes renovables y no contaminantes, e incentivará la industrialización con valor agregado de minerales, productos y tecnologías aplicados al cambio de la matriz energética y del transporte, fomentando asimismo la investigación, el desarrollo y la producción de nuevas tecnologías aplicadas a otros fines”.

Que una transición energética hacia energías renovables y no contaminantes es necesaria es una cuestión que no está en discusión. El problema es que en este artículo no se define con precisión cuáles son dichas energías ni de qué manera el Estado impulsará estas políticas para que efectivamente todos los habitantes puedan acceder y consumir energía de fuentes renovables o no contaminantes.

De hecho, el Parque Solar Cauchari, ubicado en Olaroz, produce energía que podría abastecer el 90 % del consumo de la provincia en un año, sin embargo, el servicio de energía sigue privatizado, hoy a manos de EJESA, cuyo empresario fue uno de los flamantes invitados de las comisiones de la Reforma. También asistió el Ministro de Energía, pero no explicó por qué las y los jujeños pagan uno de los servicios de energía más caros del país.

Un estudio realizado por el economista y concejal electo del PTS-FIT, Gastón Remy, muestra que cada dos meses el gobierno habilita aumentos que superan el 20 %, y en los primeros cuatro meses de este año la suma acumula casi un 47 % en cargo fijo y uso de red, y un 184 % en el precio del Kwh. ¿Por qué si la energía es un derecho, se deja a EJESA en manos privadas? ¿Por qué no puede ser estatal bajo control de trabajadores y usuarios y unificarla con el Parque Solar Cauchari creando un único sistema estatal de producción y distribución de la energía eléctrica?

Parque Solar Cauchari, ubicado en Olaroz, produce energía que podría abastecer el 90 % del consumo de la provincia en un año

“Cambio climático”

El borrador de este artículo dice que “Esta Constitución instaura la lucha contra el cambio climático como una obligación del Estado y de los particulares” y entre otras medidas como la promoción y fomento de políticas para adaptarse y mitigar el cambio climático, también promueve la educación, la investigación científica y cooperación nacional e internacional.

Es importante señalar que no somos todos igual de responsables por la crisis climática y es muy diferente la incidencia que tiene el ámbito de la producción respecto del consumo a la hora de pensar cambios estructurales. En este artículo, la generalidad de la formulación hace que la responsabilidad que se establece para el Estado se diluya en un conjunto de “buenas intenciones”. Una máscara verde mientras se avanza en más extractivismo para el conjunto de la provincia.

Enfrentar verdaderamente la crisis climática implica que los costos de los procesos necesarios para reducir y eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero lo paguen las grandes empresas y transnacionales que son las principales responsables. Pero, como venimos planteando, las empresas se manejan en función de sus propia ganancia explotando a las y los trabajadores y a la naturaleza con tal de seguir acumulando capital.

Solo las y los trabajadores junto a los sectores populares, comunidades indígenas, y pequeños productores despojados, quienes pueden crear una gran alianza desde abajo, para llevar adelante una reconversión del conjunto de la producción, planificando en función de las necesidades sociales y no de la ganancia privada. Un Estado que en vez de estar al servicio de la clase capitalista fuera de la clase trabajadora, avanzaría sobre la propiedad privada de los principales resortes de la economía que no cumplan con las metas de reducción y eliminación de gases de efecto invernadero y las pondría bajo control de trabajadores y sectores populares.

El circo de la Convencional y la respuesta de las calles

Estos son solo algunos planteos y críticas que buscamos llevar a toda la población trabajadora y comunidades indígenas, no sólo de Jujuy, si no de todo el país, porque con estas trampas quieren que sigamos pagando los costos de sus “negocios verdes”.

No es casualidad que a las comisiones se invite a funcionarios del gobierno y referentes del “sector privado” como la Cámara Minera, la Cámara Tabacalera, del sector Agroindustrial mientras las organizaciones populares, de trabajadores y las comunidades indígenas, pequeños productores y campesinos están totalmente fuera del “debate”, salvo por la invitaciones y la pelea que dieron los convencionales de las bancas del PTS FIT, para que puedan ser escuchados.

Además, si no fuera por la transmisión en las redes sociales de los convencionales del Frente de Izquierda, no se sabría nada sobre lo que se “discute” puertas adentro, porque todo el “circo” de esta convencional está hecho para votar una reforma a medida de los grandes empresarios y transnacionales.

La Reforma parcial de la Constitución de Jujuy impulsada por el oficialista Gerardo Morales y con el aval del PJ, busca quitar y limitar derechos populares como el voto cada dos años y la protesta social. Este avance antidemocrático que viene denunciando el Frente de Izquierda tiene un objetivo fundamental: profundizar el ajuste y el saqueo de los bienes comunes naturales. El discurso “verde” sólo intenta legitimar la búsqueda de nuevos negocios para unos pocos. Pero contra el régimen totalitario, la respuesta aparece en las calles. (LID) Por Lihuen Eugenia