“Privatizar los archivos públicos es borrar la huellas del saqueo de la década infame”

El control de los archivos públicos por parte de empresas privadas constituye para el dirigente estatal Miguel Rojo “borrar las huellas del saqueo que hicieron en la década infame en la provincia de Salta” y la violación de la Constitución por parte del gobierno de Juan Carlos Romero.

¿Rojo se puede cometer ilícito con estos archivos hoy en control privado?

“Nosotros tenemos una opinión bastante objetiva dentro de la subjetividad que podamos manifestar y nos basamos estrictamente en las normas del estado de derecho, se trata literalmente de un delito constitucional el que esta siendo cometido por el gobierno de Romero. El traslado de documentos se esta realizando en cajas comunes sin clasificación, es decir no se esta efectuando un inventario preciso de que tipo de documentación, archivo se esta llevando. En muchos casos los empleados del estado provincial solo recibieron instrucciones verbales”.

En cuanto al traslado de la funcionaria Cristina Cobos por oponerse a la privatización de los archivos públicos Rojo dijo: “Fue algo premeditado por la actitud de respaldo por un estado de derecho de defender la posición de que la documentación debe permanecer en control del estado como constitucionalmente lo establece el articulo 52 y las demás leyes sobre el tema”.

¿Considera preocupante el traspaso de los archivos?

“Lo que sucede en Salta es más que preocupante, usted sabe que durante la dictadura en la época de Bussi en Tucumán se pretendió hacer lo mismo que hoy ya se hace en Salta en Democracia, los intelectuales, profesores de historia se opusieron y evitaron esta privatización en la provincia de Tucumán. En la sociedad salteña pareciera que en su conjunto estuviera adormecida, las personas, ciudadanos no reaccionan, pero nosotros vamos a seguir exigiendo para que misma sepa de que se trata y tenga real conciencia y la sociedad pueda decidir”. Aclara Miguel Rojo a Copenoa.

El traslado premeditado

Cristina Cobos es coautora de la ley del SI.PA.DA (Sistema de Administración de Documentación y Archivos) de la provincia de Salta. La funcionaria era jefa del Departamento de Registro y Archivo de Legislación Original de Gobierno del que mediante decreto 905 fue desplazada sin mediar explicación alguna. Cobos se opuso públicamente a la privatización de los archivos públicos provinciales. Copenoa entrevisto a la funcionaria.

¿Usted esta en desacuerdo con la terciarizacion, privatización de los archivos públicos?

C.C.“Como coautora de la ley del SI.PA.DA (Sistema de Administración de Documentación y Archivos) no puedo más que oponerme a toda privatización de los archivos, porque la ley es clara y esta elaborada justamente en virtud de la Constitución donde dice que los documentos producidos por los tres poderes del Estado tienen que ser resguardado por el Estado. No hay ningún motivo que avale que las cosas se realicen de otra forma”.

¿El gobierno de Salta no esta respectando la ley?

C.C.“No esta ni siquiera dentro del marco de la Constitución, el articulo 52 de la Constitución dice que todos las documentos producidos por organismos del Estado son patrimonio del Estado, por lo tanto no pueden desentenderse de los documentos originados por el Estado“

¿En que afecta al ciudadano esta privatización?

C.C.“En futuro, yo mismo puede afectar a cualquier ciudadano, porque hoy es un servicio gratuito, el ciudadano accede rápidamente a un documento gratuitamente, en el caso de terciarizar, privatizar el ciudadano tendrá que pagar para acceder a ese servicio dejando de ser un servicio publico.”

¿El control de los archivos en manos privadas puede ser peligroso?

C.C.“Si, el manipuleo de terceros en un documento del Estado genera primero inseguridad al destino del documento y segundo que representa un gasto para la provincia porque lógicamente nadie prestara un servicio gratuito por el resguardo de la documentación”.

¿Es un negocio para empresas cercanas al gobierno?

C.C.“Yo desconozco si será un negocio para empresas cercanas al gobierno, pero que a todas luces representa que si se paga por algo, es un negocio sin duda”.

Documento enviado al Colegio de Abogados

situación irregular o ilícita de funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial