Piden volver a investigar a Calcaterra por el pago de sobornos en el soterramiento del Sarmiento

El fiscal que investiga la causa apeló la falta de mérito dictada a favor del empresario y reclamó que se le trabe un embargo por $249 millones.

Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, podría volver a ser investigado en la causa sobre el supuesto pago de sobornos para la construcción del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Se trata de un caso en el cual la justicia intervino la sociedad a cargo de la obra, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que funcionaba bajo el nombre de Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS) pero que con la salida del grupo brasileño Odebrecht pasó a denominarse Consorcio G&S.

Actualmente, esa sociedad está conformada por las empresas Ghella, dueña del 71% de la UTE, y Sacde, la empresa que Marcelo Mindlin le compró a Calcaterra y que antes se denominaba Iecsa. Tanto estas empresas como Odebrech y el grupo español Comsa, que también abandonó la obra, siguen investigadas como parte de la ramificación local del Lava Jato brasileño.

En Argentina, la causa la llevan adelante el juez Marcelo Martinez de Giorgi y el fiscal Franco Piccardi, quien ya presentó evidencia para identificar la existencia de dos tramos en el despliegue de pago de sobornos efectuados por Odebrecht; Iecsa; Ghella y Comsa a ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal para obtener beneficios previos y posteriores a la adjudicación de la obra.

Pero hace unas semanas y luego de un año de declaraciones indagatorias, el magistrado decretó la falta de mérito a favor del empresario y determinó que aún no hay pruebas del pago de sobornos de Odebrecht y sus socias locales.

En su fallo, Martínez de Giorgi dictó también 26 procesamientos, 3 sobreseimientos y 21 faltas de mérito, además de la del ex dueño de IECSA y a uno de sus socios, Lorenzo Ghella, entendiendo que no existen certezas para procesar o sobreseer a los indagados por el supuesto delito de cohecho, es decir, sobornos. En el caso de los procesamientos, recayeron sobre los ex funcionarios kirchneristas, con Julio De Vido y Ricardo Jaime a la cabeza.

Ahora, el fiscal Picardi, vuelve a insistir en la necesidad de que se investigue la participación de Calcaterra, al sostener que las pruebas reunidas alcanzan para dictar procesamientos por el pago de coimas.

De hecho, no solamente apeló la falta de mérito dictada a Calcaterra, sino también la que benefició al resto de los empresarios involucrados en la investigación, entre los que se encuentran Mario José Blanco, Lorenzo Ghella, Riccardo Dina, Gianvincenzo Coppi, Mario Cenciarini, Santiago Ramón Altieri, Alejandra Érika Kademián.

También a Manuel España, Diego Alonso Hernández, Pablo Guillermo Previde, Augusto Omar Salvador Jorge Adur, Juan Ramón Garrone, Roberto Fabián Rodríguez y Diego Luis Pugliesso (integrantes de las firmas Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa) solicitando sean procesados por cohecho activo.

De manera adicional, Picardi recurrió los procesamientos dispuestos sobre Héctor Javier Sánchez Caballero y Héctor Ramón Castro, como responsables del delito de presentación u ofrecimiento de dádivas a un funcionario público, solicitando también sean procesados por cohecho activo.

En su presentación, el fiscal entiende que en la causa se tuvo por probado que todos integrantes de las empresas del consorcio ganador de la licitación para soterrar el Sarmiento pagaron sobornos a funcionarios públicos del entonces Ministerio de Planificación Federal para lograr la adjudicación y continuidad de la obra, "con un claro correlato en el direccionamiento de la licitación".

El fiscal asegura que las maniobras principales de soborno se desarrollaron en dos tramos. El primero lo identifica previo a la adjudicación y asegura que, en ese momento las firmas IECSA y Comsa realizaron pagos indebidos al entonces secretario de transporte Ricardo Jaime, vía una consultoría inexistente cuya denominación social era Caesa SA, propiedad de Manuel Vázquez (testaferro de Jaime). " En esa oportunidad, los pagos ascendieron a casi un millón de pesos", sostiene Picardi en su pedido presentado durante esta jornada al juez Martinez de Giorgi.

"En el segundo tramo, y ya adjudicada la obra, el esquema de pagos ilícitos se sofisticó, se utilizaron empresas offshore para la triangulación de dinero y se logró determinar la fuga de casi cinco millones de dólares al Principado de Andorra (paraíso fiscal) a través de la utilización nuevamente de un contrato ficticio entre las cuatro firmas ganadoras de la licitación (UTE) y la empresa española DSC (utilizada por Odebrecht en toda la región para el pago de sobornos)", detalla más adelante en su escrito.

Según Picardi, esta maniobra fue advertida por la AFIP a instancias de una inspección en la UTE solicitada por la Fiscalía, donde se probó que nunca existió ninguna prestación de servicios por parte de la empresa española y se determinó que el contrato con la empresa española DSC fue simulado, siendo el verdadero destino de los casi cinco millones de dólares el retorno como coima para los funcionarios públicos.

"En la trazabilidad del dinero que fugaron ilícitamente del país las empresas Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa, se logró determinar que tuvo como destino una financiera en la República Oriental del Uruguay, donde habría sido retirado en efectivo", señala el documento.

De manera adicional, Picardi asegura que la maniobra se cierra con la participación de Jorge "corcho" Rodríguez como intermediario entre los ex funcionarios José López y Roberto Baratta, principalmente mediante la utilización de la firma uruguaya Sabrimol Trading SA. (perteneciente a Rodríguez) como conducto para canalizar los sobornos.

"Por este motivo, solicito que se procese por negociaciones incompatibles y cohecho pasivo a Ricardo Jaime, Roberto Baratta, José López y Juan Pablo Schiavi y que se procese como participes necesarios del cohecho a Manuel Vázquez y Jorge Rodríguez, intermediarios en el esquema de sobornos", le pide Picardi al juez Martinez de Giorgi.

Para fundamentar su reclamo, el fiscal de la causa valoró correos electrónicos secuestrados a ejecutivos de Odebrecht, facturación por servicios no prestados, números de cuentas, transferencias de dinero no justificado, informes bancarios, el acuerdo de culpabilidad firmado por la firma brasileña con las autoridades de Estados Unidos. También tuvo en cuenta información de la AFIP, de la IGJ, del Banco Central de la República Argentina, documentación secuestrada en allanamientos practicados en las empresas en cuestión, información aportada por otros países, entre otros indicios y pruebas que obran en la causa.

Asimismo, apeló los procesamientos ordenados respecto de los ex funcionarios Rafael Llorens, Pablo Campi, Graciela Cavazza, Valeria Pomodoro y Yolanda Eggink como responsables de del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, entendiendo que existe prueba suficiente para que respondan por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Lo mismo solicitó en cuanto a los sobreseimientos de Julián Vázquez, Mariano Vázquez y Marta Margarita Domínguez, a quienes identifica como familiares directos del testaferro de Ricardo Jaime e integrantes de la empresa canalizadora de sobornos Caesa SA., entendiendo que deben responder como partícipes de cohecho.

A modo complementario, Picardi pidió que se traben embargos contra bienes de de Odebrecht y Ghella por $300 millones; contra Comsa por $100 millones y contra Calcaterra (por la venta de las acciones mayoritarias de Iecsa) por $249 millones.

Finalmente, solicitó profundizar la investigación para poder determinar la posible recepción de sobornos por parte de Julio De Vido y los funcionarios Rafael Llorens, Pablo Campi, Graciela Cavazza, Valeria Pomodoro y Yolanda Eggink.

En este sentido, consideró que "resultará fundamental para la profundización de la investigación –y la individualización de nuevos imputados- la firma del acuerdo con Brasil, recientemente homologado, para poder acceder a la información de los arrepentidos en la causa Lava Jato; como así también el avance de aquellas medidas vinculadas con la recolección de información a partir de las herramientas sancionadas recientemente en nuestro país. Además de un sinfín de medidas que se encuentran pendientes".