“Será que terminaran los indígenas si no tienen títulos de tierras y espacio para vivir con mucha tranquilidad. No hay buena atención médica, no hay buena educación, entonces el indígena esta ahí como tapado”. Afirma Pérez ante la consulta del periodista Marco Díaz Muñoz, sobre el futuro de los pueblos originarios sin acceder a títulos comunitarios de tierra.
Francisco Pérez, es un respetado y reconocido dirigente de origen Wichí, coordina la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, integrada por comunidades Chorotes, Wichí, y Tobas, que viven en su mayoría al margen del Rió Pilcomayo, al norte de la provincia de Salta, en límites con Bolivia y Paraguay.
Pérez, lucha junto a su pueblo por la propiedad comunitaria de las tierras en las que viven ancestralmente, antes de la conformación del estado nacional y provincial, que luego las fraccionaria en lotes fiscales, con la promesa incumplida de conformar áreas de reserva para los aborígenes en la zona, lo que finalmente se estableció, como lotes 54 y 14, los que hoy reclaman los indígenas agrupados en la organización Lhaka Honhat, en una denuncia que recae sobre el gobierno de la provincia de Salta y la Nación, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Departamento Rivadavia, donde se encuentran las comunidades Chorotes, Wichí, y Tobas, es uno de los más pobres de la provincia de Salta, con los mayores índices de mortalidad por desnutrición, por muerte de cáncer de úteros en mujeres. Los indígenas son desplazados de sus lugares de origen, ante el avance de la frontera sojera, explotados junto a sus familias en los desmontes, en su mayoría no tienen agua potable, el servicio de salud es deficiente.
Ante la protesta social, establecida en acciones directas por los indígenas, por las consecuencias de los desmontes, fumigaciones, el estado, quien no detiene la destrucción del medio ambiente, los criminaliza, los persigue y encarcela. Abriéndoles expedientes, prontuarios y los consecuentes procesos judiciales, para llevarlos a juicios y condenarlos.
El relevamiento territorial establecido en la Ley nacional 26160, que tiene como objetivo el freno a los desalojos, a comunidades originarias, y la realización de relevamientos territoriales en tierras habitadas por los aborígenes ancestralmente, que sufren la usurpación y desalojo de sus territorios, en la zona no se concreto. Paradójicamente en una de las zonas con mayor conflictividad por la posesión de la tierra, que enfrenta a Criollos alentados por el gobierno con los aborígenes. En este contexto, Francisco Pérez, fue entrevistado por el Periodista y Director de la Agencia de Noticias Copenoa, Marco Díaz Muñoz.
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