Panorama económico. Pierden los jubilados: el gobierno del Frente de Todos se quedó con los bancos

El pasado miércoles la entrada del Ministerio de Economía estaba llena de periodistas y cámaras que esperaban la salida de banqueros (Alejandro Butti (Santander), Jorge Brito (Macro), Pablo León (Galicia), Carlos Heller (Credicop), Carmen Morillo (BBVA), entre otros), dueños y representantes de fondos de inversión y aseguradoras. El ministro de Economía Sergio Massa se reunió con estos sectores antes de la apertura de los “mercados” para explicarles las nuevas medidas económicas, que obliga a los organismos estatales nacionales, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, a realizar un canje obligatorio de sus bonos en dólares para darle liquidez a los tipos de cambios financieros.

La medida es un nuevo manotazo del ministro ante las escasas reservas (dólares que se fueron en pagos de deuda, importaciones y fuga de capitales) para intervenir en el mercado de cambios y reducir la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los dólares financieros, pero para ello se deterioran las arcas del FGS. Un fondo cuya función es garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones en caso de contingencias y no para intervenir en el mercado de cambios. El FMI afirmó que estaba al tanto de la medida, pero que la está evaluando aunque la “sugerencia” de la venta de activos del FGS estuvo incluida en el memorando oficial con el Fondo en 2018 durante el macrismo.

Por su parte, como advierten distintos especialistas, si los organismos públicos se desprenden de sus títulos para vendérselos a bancos, fondos de inversión y aseguradoras, se está privatizando deuda externa a bajo precio. Un negocio redondo para estos sectores.

Otra falsa promesa: "Entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados"

Durante la campaña electoral el Frente de Todos repitió que los jubilados serían su prioridad y que se recompondrían los 20 puntos de poder adquisitivo que perdieron las jubilaciones y los salarios en los cuatro años de macrismo. “Entre los bancos y los jubilados me quedo con los jubilados", afirmó Alberto Fernández, pero eso no ocurrió. Los adultos mayores perciben haberes que no alcanzan a cubrir la canasta de consumos, es decir no llegan a fin de mes mientras los bancos tienen ganancias millonarias.

Una de las primeras medidas del gobierno del Frente de Todos fue la suspensión de la movilidad previsional y la decisión de otorgar aumentos discrecionales por decreto a través de la Ley de “Solidaridad y Reactivación Productiva”. Esta medida permitió un recorte de $100.000 millones a las jubiladas y jubilados. Luego el Gobierno impulsó una nueva ley de movilidad previsional atada a la evolución de los salarios y la recaudación tributaria de la Anses. Con la nueva norma se aseguraron que las jubilaciones puedan quedar por detrás de la suba de precios y así licuar lo destinado a los adultos mayores. El Frente de Todos incluso votó en contra de la propuesta de la izquierda de agregar una cláusula de piso mínimo que actúe como garantía ante la inflación.

La situación de los jubilados es crítica. La economista Lucía Ortega señaló en el debate en Diputados por la ley de moratoria que el 91% de las jubilaciones y pensiones se encuentra por debajo del valor de la Canasta de la Tercera Edad. Además, "en los últimos cinco años se deterioró entre 24% y 30% el valor real de las jubilaciones y pensiones. Más puntualmente, luego de la suspensión de la movilidad previsional en 2020 y la nueva fórmula jubilatoria de 2021, los haberes mínimos se derrumbaron un 11 % en los últimos tres años, llegando hasta una pérdida de 18% para los haberes máximos. Es decir, que con la nueva movilidad previsional se siguió perdiendo y eso es producto de haberse negado a incorporar un piso que garantice que nunca el ajuste jubilatorio pueda ser menor que la inflación". En 2022 el Gobierno se dio el lujo de sobrecumplir la meta de déficit fiscal con el FMI y recortó el gasto en jubilaciones y pensiones del 8% al 7,7% del PIB.

Sobre la nueva decisión de Massa, avalada por todos los integrantes del Frente de Todos, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad de la República Argentina, afirmó en una entrevista a radio sudamericana que habían reclamado a fin de año “que se aplicaran recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad que se generó allá por el 2007, siendo que la ley establece que estos fondos deben ser utilizados cuando pierda poder adquisitivo el haber de aquellos que están dentro del sistema”.

“Habíamos pedido un reajuste de $50.000, para todos los jubilados, pensionados y las pensiones por discapacidad, y nunca se respondió a esto. Y en respuesta ahora tenemos esto, que es regalarles esos bonos dolarizados a los amigos del poder. Se llevan esos bonos en dólares que juegan en el mercado y dejan pesos, liquidando así el Fondo de Garantía, estamos hablando de 5 mil millones de dólares”, denunció Semino. El ministro de Economía dio un trato preferencial a banqueros, aseguradoras y fondos de inversión para detallar la medida mientras no dio respuesta al reclamo de los jubilados.

Los sospechosos de siempre

A diferencia de los jubilados los bancos siguen de fiesta. Los bancos privados en Argentina acumularon ganancias por $334.467 millones en 2022, o lo que es igual a $916 millones por día. Los años anteriores también ganaron. Los datos surgen del Informe sobre Bancos del Banco Central.

La clave del éxito de los bancos privados se explica por la especulación financiera. El margen financiero muestra que los resultados obtenidos por la actividad de intermediación financiera (intereses cobrados por préstamos menos intereses pagados por depósitos) registraron un saldo negativo en 2022, mientras que lo que recibió la banca privada por intereses por títulos valores (principalmente Leliqs) y primas por pases interbancarios fue de $ 4,3 billones (alrededor de U$S 32.400 millones) en el mismo período.

Los intereses que les paga el Banco Central a los bancos por las Letras de Liquidez (Leliq), significan un enorme déficit cuasi fiscal, como sucedió con Macri y ahora con el gobierno del Frente de Todos, quien prometió en la campaña electoral que se dejarían de pagar.

La decisión de Massa concede un nuevo beneficio a los bancos ya que podrán comprar bonos AL30 que vencen en 2030 por U$S 100, pero cotizan a U$S 25 y se autorizó que quienes compren (fondos de inversión, bancos y aseguradoras) puedan enviar sus utilidades a través del contado con liqui con esos bonos.

Horacio Rovelli publicó en El Cohete a la Luna que si bien con esta operación se frenará el aumento de los tipos de cambio paralelo será a costa del Estado que deberá desembolsar al valor nominal (U$S 100 dólares cada bono) a su vencimiento. Además, el economista denunció el subsidio constante de los gobiernos patronales a los bancos. “El BCRA le paga, este año 2023, una renta a los diez bancos privados más grandes de no menos de 5 billones de pesos (unos 20.000 millones de dólares)”, agregó Rovelli. ¿Quiénes son los “planeros” que recibirán parte de estos millones? Los siguientes bancos: Galicia, Santander, Macro, BBVA, Credicoop, ICBC, HSBC, Patagonia, Supervielle, y Citi Bank.

Los bancos ocupan un lugar importante en la economía, pero son manejados por pocos privados guiados por el lucro. Es necesaria la nacionalización de los bancos, y conformar un banco estatal único. Esta medida permitiría proteger los depósitos para los pequeños y medianos ahorristas y que no sean arrebatados por los bancos como sucedió en la crisis del 2001, también se podría canalizar el ahorro nacional hacia el crédito para desarrollar las actividades más urgentes, no para la especulación financiera, y responder a las necesidades sociales, como inversión en infraestructura, pero también para las actividades de comerciantes, talleristas, etc.

La nacionalización del sistema financiero es parte de un programa de conjunto para enfrentar la crisis nacional y pelear por una salida de la clase trabajadora. (LID) Por
Mónica Arancibia