Panorama económico. Devaluación: guerra contra el salario

El dólar blue aumentó 28% en lo que va del año y ya superó la inflación acumulada a marzo (21,7%). La semana pasada el paralelo cobró mayor impulso (+10,5%), junto a los dólares financieros que subieron más de un 8%. Se desató una nueva corrida cambiaria impulsada por los “mercados”, eufemismo para denominar a empresas, a capitalistas, en general, y al capital financiero, en particular provocada por el incremento de la inflación de marzo y la crisis política. Esta suba del dólar paralelo es posible que dispare la remarcación de precios en previsión a una posible devaluación del tipo de cambio oficial, lo que significará un golpe al salario.

El ministro le prende velas a Estados Unidos y al FMI para obtener fondos frescos que permitan compensar los dólares perdidos por la sequía. Los billetes verdes también salieron por los pagos de la deuda, la fuga de capitales, y la remisión de utilidades de las grandes empresas extranjeras.

Massa pretende obtener un préstamo bilateral del país estadounidense o que el FMI habilite más dólares con anticipo de desembolsos, préstamo que no será gratis e incluirá más exigencias del organismo. El Gobierno espera recibir US$ 10.000 millones adicionales del Fondo. ¿Llegarán los dólares? Esperar y ver.

La “paritaria” de los grandes empresarios

Ante esta situación crítica no se puede descartar una devaluación brusca. Si bien el Gobierno realiza ajustes del tipo de cambio oficial e incluso el FMI le pidió que acelere estos movimientos, es posible un salto mayor del dólar oficial, que acelerará los precios y profundizará el deterioro del poder de compra del salario y, por ende, de las condiciones de vida.

Una devaluación es una medida que genera beneficios extraordinarios para unos pocos y significa una transferencia de ingresos desde el pueblo trabajador hacia el gran capital. Entre los principales ganadores están los bancos, fondos de inversión, las grandes empresas que fugan dólares. También los exportadores (los sojeros, la minería, el campo) y el gran empresariado se benefician con la devaluación del salario de los trabajadores.

Veamos qué sucede si el tipo de cambio oficial sube a $300, el mismo nivel que ahora el Gobierno ofrece a las patronales agrarias por un plazo, pero se extendiera a todos los sectores exportadores. En el caso de los exportadores por cada dólar exportado a abril de este año obtienen $215 (valor promedio del dólar mayorista de este mes). En caso de una devaluación del oficial por cada dólar exportado obtendrían $300. Es decir, que mejorarían sus ingresos casi un 30%. Esta mejora ya la embolsan los sectores de la soja y economías regionales por la medida del dólar agro.

Unas pocas empresas privadas controlan el comercio exterior. En 2022, según el Indec, un 49,8% del comercio exterior de la Argentina corresponde al comercio de cereales y oleaginosas con sus derivados, y un 28,1% es el complejo sojero. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y pesca, en base a la Declaración Jurada de Venta al Exterior las empresas que declararon mayores toneladas de soja y aceite de soja desde que está vigente el dólar agro y ya cobran estos $300 por cada dólar liquidado son: Cargill, Molinos agro, Viterra argentina, Bunge Argentina, entre otras.

En tanto, el gran empresariado también se beneficiaría con una devaluación por el abaratamiento del salario medido en dólares. En enero (último dato disponible) la remuneración promedio de los asalariados registrados fue de $241.966. Al tipo de cambio oficial ese salario equivale a U$S1125. Si el dólar oficial aumenta a $300 se abarataría hasta U$S807: un 28 % menos. La clase capitalista en su conjunto va a usufructuar de un salario promedio más barato en dólares y con menos poder de compra en pesos.

Perdedores de la devaluación

Los perdedores principales de una suba brusca del tipo de cambio oficial son los que viven de su salario. Toda devaluación es ante todo una devaluación del salario: esto sucedió con la devaluación de Eduardo Duhalde en 2002, con la de Axel Kicillof en 2014, y con las que hubo durante el macrismo.

Las proyecciones de inflación están encontrando un nuevo nivel que supera el 100%, como los pronósticos del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central. En el caso que haya una devaluación del dólar oficial la suba de precios puede seguir escalando por encima de este valor por la retroalimentación entre devaluación e inflación.

Massa a comienzo de año planteó que las paritarias tengan un tope de 60% anual o dos acuerdos por seis meses de 30% en sintonía con la inflación proyectada para este año en el presupuesto, pero la suba de precios hundió ese plan. Los principales gremios de la CGT pactaron un esquema de paritarias trimestrales con subas promedio de 20%. Pero al ritmo de la inflación la brecha entre la suba de precios y de salarios se agranda.

El éxito de toda devaluación desde el punto de vista de la clase capitalista depende de varios factores: la proporción de la devaluación debe ser mayor a la inflación, a la vez que la suba de precios debe superar al aumento de salarios. Pero la propia devaluación desata el proceso inflacionario que requiere ser contenido. Con el aumento del tipo de cambio suben los precios de los productos e insumos importados. También aumentan internamente los precios de los productos que se exportan a causa de la mejora de la rentabilidad que se obtiene con su colocación en el exterior.

El Gobierno que devalúe requiere lograr infringir una derrota a la clase trabajadora, deteriorando el poder de compra del salario. La clave del éxito es si logra que el salario real se deteriore y, como contrapartida necesaria, las ganancias empresarias mejoren.

¿Cómo se defiende la clase trabajadora?

La defensa del salario está en primer orden frente a las presiones devaluacionistas. El Salario Mínimo Vital y Móvil en junio llegará a $87.987, menos de la mitad de lo que costó en marzo la canasta de pobreza: $191.228, que incluso no incluye el pago de un alquiler. El salario mínimo afecta al millón de beneficiarios del Potenciar Trabajo y otros planes con contraprestación, que toman como referencia lo definido por el Consejo del Salario. Las direcciones sindicales de la CGT y la CTA son cómplices del deterioro salarial. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y planes sociales.

La Junta Interna de ATE Indec calcula una “canasta de consumos mínimos” como referencia para la discusión salarial. En el mes de marzo, estimaron su costo en $295.694. El promedio del salario de bolsillo del sector registrado privado en enero estuvo en $200.832. En estatales y trabajadores informales el salario es mucho menor. La perspectiva de conquistar un salario mínimo como el calculado por ATE Indec debe ser planteada por las organizaciones de trabajadores, así como también la actualización automática de salarios en función de la inflación.

El Gobierno avanza con el ajuste para cumplir las metas con el FMI y en caso que autorice un desembolso adicional las exigencias serán mayores. Massa incumplió la meta fiscal del primer trimestre del año, sin embargo las partidas como jubilaciones y pensiones, Asignación Universal para Protección Social, Asignaciones familiares aumentaron por detrás de la inflación en este período en relación a 2022, es decir que hubo un recorte real, según datos del Ministerio de Economía. Hay que rechazar el acuerdo con el Fondo y el pago de la fraudulenta deuda.

Las ventas externas están dominadas por un oligopolio privado, mayormente extranjero: Cofco, Cargill, ADM-Toepfer, Bunge, AGD, Molinos. Estas empresas controlan los principales puertos de exportación, donde los organismos de control, como la Aduana, actúan como visitantes. Así, tienen facilidades para realizar todo tipo de maniobras como: evasión de impuestos, subfacturación de exportaciones, no liquidación de dólares al Banco Central. Así, la principal fuente de dólares del país es ajena al control del Estado. El monopolio estatal del comercio exterior bajo control de los trabajadores quitaría esa herramienta de extorsión que tiene el capital agroexportador para imponer una devaluación. Todo lo que entre y salga del país debe estar en función de las necesidades sociales, de lo que se necesita para vivir.

Los bancos son los que organizan hace décadas la fuga de capitales a paraísos fiscales. Está comprobado que son las grandes empresas como Techint, Clarín, Macri, Vicentín entre otros poderosos los que fugan. Hay investigaciones que muestran que en 2001 el 80 % de la fuga fue organizada por el Banco Galicia, Citibank, Bank Boston, y otros. La nacionalización del sistema bancario y la conformación de un banco público único, bajo gestión de los trabajadores, es una necesidad urgente para cuidar el ahorro nacional, financiar obras públicas (hospitales, escuelas, viviendas), otorgar créditos accesibles para los trabajadores y sectores populares, y ayuda para los pequeños comerciantes o productores arruinados por la crisis, y terminar con el vaciamiento del país vía la fuga de capitales.

Se acentúa una decadencia económica que viene al menos desde la década de 1970. La clase empresaria y el régimen político capitalista conducen a la miseria generalizada. La clase trabajadora tiene que pelear por su propia salida a la crisis. (LID) Por Mónica Arancibia