El proyecto proponía conceder amplia liberalidad a los jueces para considerar delitos a actividades como manifestaciones, protestas o reclamos a las autoridades.
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Paraguay aseguró que la propuesta incumplía con obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos.
Por su parte, diversas organizaciones sociales explicitaron su rechazo a la normativa.
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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz
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