Nueva denuncia.Macri y el golpe: Gobierno boliviano mostró más armas ingresadas ilegalmente desde Argentina

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, dio una conferencia de prensa este lunes. Aportó nuevos elementos que probarían que en noviembre de 2019 “ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros” a Bolivia, lo que constituye “tráfico ilícito de municiones” y “está penado con treinta años de prisión”.

Eduardo Del Castillo, ministro de Gobierno de Bolivia, realizó declaraciones públicas este lunes en el marco de una conferencia de prensa en la que se informó que “se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía de Bolivia”. Esas municiones serían parte de las 70.000 balas de gomas que Gendarmería Nacional pidió sacar del país el 12 de noviembre de 2019 con la excusa de “defender la embajada argentina” en el país vecino.

“El tráfico de armas está penado en Bolivia con treinta años de prisión”, dijo Del Castillo en referencia a exfuncionarios de ambos países involucrados en el escándalo. “Quiero hacer hincapié en el tema de la Argentina, en bodegas de la Policía boliviana se encontró material, una parte fue enviado legalmente y otra parte se hizo de manera ilegal y lo estamos investigando”, afirmó el ministro al tiempo que mostró parte del armamento hallado en bodegas.

Según la información difundida por el gobierno del MAS, algunas de esas balas estaban escondidas en bolsas rotuladas como “guantes” y otras estaban en cajas con el sello de la Gendarmería argentina dentro del depósito de la Policía en el que se hallaron.

Del Castillo exhibió documentos y municiones encontradas en los depósitos de la Policía que corresponderían al envío de material represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando se consumó el golpe que derrocó a Evo Morales.

A su vez detalló que las municiones fueron recibidas “sin ningún tipo de documentación” y que este hecho formó parte de un “plan continental para reprimir al pueblo boliviano”, con Donald Trump y otros mandatarios de la derecha latinoamericana como máximos responsables.

El ministro de Gobierno boliviano afirmó que “en el Hércules C130 argentino venía munición y armamento autorizado por el pueblo boliviano que cumplía con todos los mecanismos solicitados, no obstante llegaron otras municiones que no fueron ni solicitadas y mucho menos autorizadas”.

Agregó que, según los registros oficiales, la mañana del 13 de noviembre de 2019 el material fue trasladado desde el aeropuerto a la embajada argentina en La Paz y desde allí “personal uniformado de Argentina” realizó “la entrega a la Policía boliviana”.

“Estos efectivos recibieron sin ningún tipo de documentación cajas de municiones, de proyectiles de granadas para la policía boliviana. Gran parte también fue entregada a la fuerza aérea de Bolivia y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y que vamos a determinar si fueron utilizados en la masacre de Sacaba y Senkata”, anticipó Del Castillo.

Por último dijo que la cantidad de material no autorizado encontrado es diferente a la que el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, le agradeció en una carta al exembajador argentino en el país, Normando Álvarez García. “Esto nos hace presumir que las fuerzas armadas recibieron más material aunque aún no ha sido constatado”, aclaró.

En la conferencia de prensa el ministro mostró imágenes de los elementos que ingresaron ilegalmente y fueron hallados en las bodegas de la Policía de Bolivia. En otra imagen se ve cómo, “de manera dolosa y malintencionada, habrían tratado de esconder municiones en una bolsa de cuero” al poner un letrero con la palabra “guantes”.

Del Castillo finalizó diciendo que “el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, el General Jury Calderón y el embajador de argentina en Bolivia del Gobierno de Macri han vulnerado los artículos 6, 26, 28 y 29 de la ley 400 y los artículos 49 y 50 del reglamento de la misma ley y también el artículo 26 de ese cuerpo normativo”. (LID)