Nueva carta. Cristina vs la Corte: Los tiempos de la crisis y el Poder Judicial

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una publicación en redes el lunes por la tarde de un video y un texto titulado “De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia.” El momento elegido para publicar el video no es casual, puede ser leído como una respuesta al pedido de unificar las causas en su contra por corrupción, por Mariano Llorens juez de la Cámara Federal, pero también de una nueva etapa en la relación del Gobierno y la casta judicial.

En las últimas semanas hubo distintas noticias de causas muy importantes para Cristina y para Macri, que dan cuenta y abren al debate de cómo el poder judicial está procesando los tiempos -políticos- que corren. Probablemente sea la confirmación de una sospecha: el poder judicial se prepara para un eventual recambio de gobierno. Quiere jugar en el tablero, con sus métodos habituales: condicionando y amenazando, con persecución para algunos e impunidad para otros.

Los movimientos de la justicia se dan en un contexto de debilidad del gobierno, entre sus propias internas y los malabares para intentar hacer el ajuste que piden el FMI y los grandes empresarios, sin cargar con el costo político-electoral que ya se expresó en el 2021. Este modus operandi de una justicia jugada a intervenir en el terreno político se viene configurando hace algunos años: un salto en la subordinación a la política de Estados Unidos, expresada en el Poder Judicial con leyes como la del arrepentido (que sigue vigente en nuestro país), o la de "ficha limpia" en Brasil.

En la carta Cristina realiza lo que podría entenderse como un breve relato de qué pasó con la Corte Suprema de Justicia luego de la crisis del 2001, cuando asume en el 2003 Néstor Kirchner como presidente. Luego de una breve reivindicación de su funcionamiento bajo los gobiernos kirchneristas previos, pasa a desarrollar en profundidad lo que llama la decadencia de la Corte desde la asunción de Mauricio Macri hasta la actualidad. La vicepresidenta hace un ejercicio de contraponer un tipo de Corte con otra, sin embargo el debate de fondo que deliberadamente no hace ni hizo en todas sus críticas previas, es la estructura que tiene el Poder Judicial para acomodarse a los distintos tiempos políticos.

Aunque la centralidad del video está puesto en mostrar el cambio político de la Corte para perseguir a opositores y al kirchnerismo bajo el macrismo, al llegar a la actualidad busca ilustrar cómo este reacomodo también persigue intereses de clase que impactan en la “vida de los argentinos”, y no solo de las disputas en las alturas de la política. Cargando su pluma, responsabiliza al Poder Judicial por la política de beneficiar empresas que aumentan sus ganancias mientras aplican tarifazos, criticando la frase de Rosenkrantz nuevamente respecto de los derechos y necesidades, y adjudicando la responsabilidad por problemas económicos actuales, como la “evaporación” de reservas del Banco Central mediante cautelares y su inacción ante el endeudamiento ilegal con el FMI bajo el gobierno de Macri.

Las noticias más recientes sobre algunas causas que benefician al macrismo con impunidad y otras que perjudican a Cristina, dan cuenta de cómo los jueces leen los tiempos políticos, y mientras leen también son parte de escribir, en este caso mediante sentencias, las nuevas reconfiguraciones hacia las presidenciales del 2023 en un contexto de debilidad del gobierno.

Por un lado, las causas donde se investiga al macrismo comienzan a ser cerradas, en particular los casos por el espionaje ilegal y la persecución política. La semana pasada se emitieron cuatro fallos fundamentales donde se garantiza la impunidad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y sus funcionarios. Los camaristas federales, Bruglia, Llorens y Bertuzzi, sobreseyeron al expresidente Macri y a los exdirectores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa que investiga el espionaje ilegal y sistemático realizado sobre los familiares de los muertos en el ARA San Juan. El procesamiento inicialmente había avanzado en Dolores en diciembre del 2021, bajo el juez Bava, quien había constatado que los espionajes contra los familiares, en base a documentación que presentó la interventora de la AFI Cristina Caamaño, se prolongaron durante un año. Los camaristas, designados por Mauricio Macri, desestimaron las pruebas que presentó la querella y sostuvieron que no hubo “inteligencia ilegal”, sino que se trató de trabajos de inteligencia en protección del Presidente.

El juez federal Daniel Rafecas decidió archivar la causa por espionaje que Sergio Maldonado y Myriam Bregman habían iniciado en 2017. La investigación apuntaba a la persecución de parte de funcionarios del Ministerio de Seguridad en ese momento comandado por Patricia Bullrich, junto a Gendarmería Nacional sobre la familia de Santiago Maldonado y organizaciones de derechos humanos. Sin delito ni culpables, la sentencia de Rafecas sobreseyó a uno de los jefes de Gendarmería y a un exfuncionario del macrismo, argumentando que no encontró ninguna ilegalidad, y dando un paso más, justificó el accionar persecutorio de gendarmes sobre la familia de Maldonado (pese a estar la fuerza separada de la investigación por ser sospechosa) con la excusa de que estaban previniendo la “alteración del orden público”.

Al mismo tiempo, sobre el espionaje ilegal con la utilización del sistema de reconocimiento facial en la Ciudad bajo responsabilidad de Larreta, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ordenó remover al juez a cargo de la causa en momentos donde el peritaje al sistema de reconocimiento facial informó que 8045 personas de las que fueron cargadas en el sistema no se encontraban bajo órdenes judiciales, ni en el CONARC (Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas). Es decir, se apartó al juez que estaba ordenando las medidas de prueba que dejaban cada vez más comprometido al jefe de gobierno porteño por usar ese sistema para espiar y para armarse una base de datos biométricos gigantesca de más de 7 millones de personas.

La diputada nacional del PTS en el FITU, Myriam Bregman, afirmóal respecto que “el compromiso del Poder Judicial con la impunidad de Macri, Bullrich y Larreta es realmente llamativo. No puede ser casualidad que en cuestión de horas se conocieran tres fallos en relación a las causas por espionaje ilegal que se les siguen al ex Presidente, a Bullrich y a Larreta”.

Dos integrantes de la Cámara Federal, Martín Irurzun y Roberto Boico, en la misma semana decidieron archivar la denuncia contra Llorens por haber visitado en dos oportunidades a Macri mientras uno ejercía la presidencia de la Nación y el otro ocupaba un cargo en el tribunal de apelaciones de Comodoro Py, siguiendo el mismo camino que las denuncias a Gustavo Hornos y Mariano Borinsky por la misma causa.

Además, en julio también la Cámara de Casación Penal falló confirmando la sentencia de Bertuzzi y Llorens en la Cámara porteña, respecto que las tareas de espionaje ilegal a manos de Gustavo Arribas ex director de la AFI bajo el macrismo, entre otros, no fueron parte de una práctica sistemática y articulada, sino acciones individuales. Los “cuentapropistas” del grupo Mario Bros que espiaban ilegalmente a dirigentes políticos, sindicales, organizaciones sociales, por iniciativa propia.

Por otro lado, están las causas donde está procesada Cristina Fernández, y su pulseada directa con la Corte Suprema. En el mensaje publicado por la vicepresidenta afirma que la sentencia sobre el único juicio en curso donde está acusada actualmente por presuntas asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública junto a Baéz, llamado de “vialidad”, ya está prácticamente escrita y firmada su condena. Su fundamento es la resolución de hace unas semanas dictada por la Corte, rechazando todos los recursos de apelación que presentó su defensa, habilitando al Tribunal Oral Federal n°2 a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dictar sentencia antes de fin de año, luego de finalizada la etapa de alegatos que comenzó el 11 de julio.

Desde diciembre del 2021 cuando la Corte decidió fallar contra la ley que había reformado modificando la composición del Consejo de la Magistratura, e imponiendo volver al esquema donde el Presidente de la Corte también es titular de la Magistratura, la Corte decidió avanzar contra el Gobierno en tener mayor poder político sobre la designación y remoción de los jueces. El mismo diciembre que la Cámara Federal porteña de Bertuzzi y Llorens deciden revocar el procesamiento de, entre otros, el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas.

La pulseada dejó debilitado al Frente de Todos, que más allá de las maniobras para mantener sus asientos en la Magistratura, no pudo impedir esta avanzada. Las “amenazas” legislativas de tratar proyectos que modifiquen la composición de la Magistratura o la Corte hoy naufragan en la incertidumbre propia de la debilidad del Gobierno, que se muestra en la dificultad para aprobar leyes que presenta -ni siquiera hubo sesión del Senado luego del affair Guzmán-Batakis para dar media sanción al proyecto del Frente de Todos para ampliar la Corte- pero que ya mostraba desde el año pasado la impotencia en el flanco judicial al no poder nominar y designar reemplazante de la ex jueza suprema Elena Highton.

Tres momentos donde el Frente de Todos expuso su debilidad como Gobierno, fueron aprovechados por la Corte Suprema, y detrás de ella el resto de los juzgados con causas importantes. La derrota de las elecciones legislativas primarias y las crecientes diferencias internas respecto la negociación con el FMI entre Guzmán y Cristina, a fines del 2021, el quiebre del bloque de diputados nacionales a la hora de votar el acuerdo de renegociación de deuda con el FMI en marzo del 2021 que no podría haber sido posible sin los votos de Juntos por el Cambio, y el portazo de Guzmán como ministro de Economía abriendo una incógnita y mayor crisis económica en el Gobierno.

La “decadencia” es como titula Cristina el momento de cómo la Corte y el conjunto del Poder Judicial se acomodó al gobierno de Macri para perseguir opositores, realizar espionaje ilegal a organizaciones sociales y de derechos humanos, y causas judiciales al gobierno anterior, es una muestra de cómo actúa. Y puede ser un indicio de los movimientos de hoy y de los que vendrán: un poder judicial que empieza a alinearse con el poder político que viene, y continúa juzgando al que se fue, o en este caso, al que se podría ir.

En los últimos años el Poder Judicial pegó un salto en la subordinación a las políticas de Estados Unidos, como demostraron las prácticas y leyes que habilitaron el lawfare, como la ley de arrepentido, que el Gobierno actual no deroga, o en el caso de Brasil, de ficha limpia. Los fallos que dejan impunes al macrismo al mismo tiempo legalizan la persecución política, dando vía libre a la actuación de los servicios de inteligencia contra los movimientos sociales, como está haciendo el gobernador Gerardo Morales de Juntos por el Cambio en Jujuy. Pero también en Provincia de Buenos Aires y otros puntos del país donde se activaron causas contra las organizaciones que vienen reclamando trabajo genuino y mayores recursos en los planes sociales que palian aunque sea de forma mínima la pobreza creciente.

La Corte Suprema es el órgano político del Estado que está pensado como “contrapoder”, es decir, jueces que nadie votó, que llegan por arreglos con el poder político a cargos con privilegios de todo tipo y de por vida, tienen la facultad de actuar para eliminar cualquier asomo de los intereses populares, expresados en el resto de los poderes mediante el voto, o expresados por fuera de estos mediante sus organizaciones y movilizaciones por sus reclamos. El aumento de la utilización de los servicios de inteligencia de manera conjunta con el poder judicial, para este objetivo, alentado por los intereses de Estados Unidos en la región, es confirmación de su rol. Pero también actúan en base a las leyes que proveen o resguardan gobiernos, como la del arrepentido, o la ley de entidades financieras que se mantiene desde la dictadura hasta hoy, permitiendo especulaciones de todo tipo.

Al finalizar el video Cristina propone: "construir, como hizo Néstor Kirchner en el 2003, con apenas el 22% de los votos y en el marco de una crisis institucional sin precedentes en la historia contemporánea, una Corte de la que todos y todas podamos volver a sentir orgullo". No es cuestión de “mejorar” la Corte, o de jueces buenos y malos, sino de cuestionar la estructura del Poder Judicial y las leyes más reaccionarias que sostienen los gobiernos para terminar con su alineamiento de acuerdo a los tiempos políticos, cambios de gobierno, pero siempre en beneficio de un sector u otro de las clases dominantes. El kirchnerismo, a lo largo de sus años de sus doce años de Gobierno, estableció una relación de convivencia con grandes sectores de esa casta judicial y el entramado de espionaje que está indisolublemente ligado a ella. Nadie debería olvidar que las tensiones con "Jaime" Stiuso recién se iniciaron en 2013-2014.

Para avanzar en una transformación profunda del sistema judicial hay que empezar por proponer la elección y remoción por voto popular de los jueces, de forma directa, cobrando lo mismo que un trabajador o trabajadora, poniendo juicios por jurado, y eliminando todos los privilegios de casta política que le permiten actuar contra las necesidades e intereses de los trabajadores y sectores populares, como propone el Frente de Izquierda. (LID) Por Larisa Pérez