Morales recalcula: pasó de apoyar a Exar a denunciarla por 200 trabajadores con covid-19

El viernes 24 de julio el gobierno de Gerardo Morales a través de la dirección de prensa emitió un comunicado dando cuenta de una demanda penal ante la minera Exar S.A, la cual se encuentra en proceso de construcción en vistas de iniciar la producción de carbonato de litio para 2021 en el salar de Olaróz-Cauchari.

Así lo indica el parte de prensa oficial: “La denuncia especifica que la causa fundamental que generó y potenció las posibilidades de contagios en el ámbito de la empresa y las comunidades, además del incumplimiento y omisiones puntuales de medidas de protocolo y de pura lógica por todos conocidas y ampliamente difundidas en el mundo, tiene que ver con la decisión empresaria de los directivos y ceos de mantener y no reducir durante la emergencia, la dotación de trabajadores sino sostenerla en un número cercano a los 1.000 trabajadores, sobre un total de 1.100 que allí se desempeñan habitualmente.”

Más precisamente el gobierno le recuerda a la minera de capitales chino-canadienses el Art. 4 Punto 2 de la Resolución N° 036-MTyE/ 2020, que según el propio comunicado oficial, “impone a las empresas a que durante la emergencia se organice el trabajo de modo que se reduzca el número de empleados al 50%, estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto persona a persona.”

Los primeros dos casos de covid-19 en Exar S.A se dieron a conocer en la prensa el 4 de julio. El 8 de julio desde la UOCRA giraron una carta al gobierno de la provincia indicando que los contagios ya llegaban a 58 trabajadores y que la empresa se negaba a alojarlos en hoteles u otras dependencias, manteniéndolos en los módulos, expuestos a las condiciones climáticas durante el invierno a 3.500 mts sobre el nivel del mar. También las comunidades originarias del lugar, que tienen personas contagiadas con covid-19, se hicieron eco del reclamo.

Días después se dio a conocer un video donde uno de los directivos de la empresa insultaba a los trabajadores que le exigían medidas de limpieza dentro de los propios módulos, “A ver si se dejan e romper las bolas con la limpieza”, un video que se hizo viral por el repudio que generó la prepotencia de la patronal. ¿Todo esto no lo sabía el gobierno? ¿La carta de la UOCRA nunca fue leída por los funcionarios del Poder Ejecutivo?

Pero esta falta de atención a lo que viene sucediendo con la salud de los trabajadores de Exar no es un caso de miopía o falta de atención del gobierno. El propio Gerardo Morales en su presentación del “Plan Pospandemia”el lunes 20 de julio (a 16 días del inicio de los contagios de covid-19 en Exar) no hizo mención alguna de la situación sanitaria o de los pedidos de los trabajadores.

Por el contrario, en su plan que se puede leer desde la cuenta de tuiter del Gobernador dice: “Producción minera 2020-2023. Litio: Afianzar proyectos en construcción/ampliación y producción de carbonato de litio (Sales de Jujuy/Minera Exar)”. Entonces, se entiende de este objetivo del gobierno que Exar siguiera construyendo su planta incumpliendo el Art. 4 Punto 2 de la Resolución N° 036-MTyE/ 2020, el cual ahora es motivo para el gobierno de sanción penal a la empresa.

Pero hay más, en el plan oficial se puede leer que los objetivos de Morales para la minería en la provincia también son “Fomentar nuevas exploraciones en salares de Olaróz-Cauchari, Salares de Jama, Guayatayoc y Salinas Grandes”. Allí incluso aclara, “si no se conoce qué hay y cuál es su potencial, nunca se va a poder hacer la evaluación de la mejor forma de desarrollar nuevos proyectos productivos de carbonato de litio”).

O sea, la preocupación del Gobernador estaba en cómo desde el Estado ofrecer al mejor postor los recursos de la salinas y, en particular, su tensión estaba hasta 2023 en cómo conocer el potencial de negocios que hacen multinacionales mineras. Como decimos, no hubo mención alguna a querer conocer qué protocolo estaba aplicando Exar ante la pandemia, menos considerar la opinión de las denuncias de los atropellos a la salud de los trabajadores, el sindicato y las comunidades originarias. Para el gobierno, la única voz autorizada es la de los empresarios, quienes por cierto, no han emitido comunicado alguno ratificando que su “responsabilidad social” queda limitada a unas líneas para subir y quedar bien ante quienes ingresen a su sitio web.

A esta altura, la política de Morales ante la minera no es más que un modo de recalcular los costos políticos por dejar hacer a Exar lo que quiere con la vida de los trabajadores, dejando con la denuncia ante la Justicia una foto para la “hinchada”. Siendo, a su vez, la actitud del gobierno para con las empresas -que son focos de contagio- una muestra más de su responsabilidad en la suba de los contagios y la circulación del covid-19, y no de la falta de compromiso individual de la “gente” como permanentemente acusan los gobiernos tanto provincial como nacional.

Una pregunta que nos hacemos desde este medio amplificando el pedido de informe que el bloque de diputados del PTS-Frente de Izquierda presentó esta semana ante el COE, el Gobernador, ¿Va a tomar alguna medida para que el grupo Ledesma cumpla con las normas de producción esencial en pandemia que prohíbe el trabajo de personas mayores de 60 años como ya hizo público el sindicato azucarero ante el ministerio de Trabajo? ¿Van a seguir avalando el protocolo del grupo Ledesma que no testea a contactos estrechos de trabajadores que dan covid-19 positivo?

Un gobierno que deja hacer lo que quieren a los empresarios y que para esto cuenta con el aval del gobierno nacional, que como se pudo ver en la conferencia de prensa donde participó Morales junto al presidente Fernández, este último dejó pasar el relato del Gobernador que mostró ante el país otra realidad ocultando que las empresas mineras y los ingenios son los principales focos de contagios. En el caso del gobierno nacional desde diciembre viene anunciando el lugar privilegiado que tiene para su proyecto la actividad minera, recordemos el traspié en Mendoza donde las movilizaciones populares frenaron el uso de cianuro en esta actividad, como también el pasado 5 de mayo el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, en un evento de promoción de los negocios mineros (Webinar organizado por la revista del lobby de las mineras, Panorama Minero) sostuvo que “la crisis no nos ha paralizado porque seguimos trabajando en los objetivos de la gestión: las crisis se pueden transformar en oportunidades de superación”. El mismo Fernández en su pasó por el Council of Americas (cuna del capital norteamericano) mantuvo conversaciones con directivos de la Finning Internacional apuntando a los negocios mineros y como es habitual reclamaron seguridad en el tipo de cambio.

La salud de los trabajadores no puede quedar en manos de las mineras ni del COE, ellos piensan en los negocios y garantizar las ganancias, no la vida. Por eso, se necesita poner en pie comisiones de seguridad e higiene controladas por los propios trabajadores y especialistas en forma independiente para que se pueden instrumentar protocolos y medidas sanitarias en resguardo de la vida. Esta es una tarea que deben facilitar las directivas gremiales y no confiar en el gobierno, organizando la fuerza de los trabajadores para responder a la altura de la crítica situación. (LID) Por Gastón Remy / Economista, docente en la Facultad Cs. Económicas UNJu.