Misión imposible: para el Indec una familia necesita $ 42.594 para no ser pobre

En Indec registró una suba en el costo de vida de los hogares. Confirmó que en abril una familia de 4 integrantes necesitó $42.594 para no ser pobre. Medición muy por detrás de la Canasta de $67.372 que miden los trabajadores de ATE Indec. ¿Se puede sobrevivir con la canasta básica? Un debate necesario en tiempos de pandemia.

Este miércoles el Indec publicó los resultados de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Total (CBT), que registraron en abril una suba mensual del 3,1 % y del 1,4 %, respectivamente. A través de estas canastas se determinan las líneas de indigencia (CBA) y pobreza (CBT) medidas por ingresos.

Esto implica que tomando los datos oficiales, podemos sostener que una familia tipo de 4 integrantes necesitó en abril percibir ingresos por $ 42.594 para no ser considerada pobre. Y $ 17.897 para no caer en la indigencia.

De los resultados del Indec se desprende que la suba del costo de vida en los hogares en abril, no se detuvo con la cuarentena. Sin embargo, los límites de esta medición de líneas de pobreza e indigencia por ingresos se acentúan en este escenario de crisis sanitaria, social y económica.

Es decir, si el determinante principal para evaluar el umbral de pobreza es el ingreso, estaríamos dejando de lado factores clave –y más aún en esta pandemia- como el acceso al agua y cloacas. O las condiciones de las viviendas que permitan cumplir con el aislamiento social, una de las principales medidas sanitarias para prevenir el contagio de coronavirus.

Pero este no es un debate nuevo, sino postergado por distintos motivos o conveniencias políticas de los gobiernos de turno. En el año 2004 un equipo de trabajo del Indec elaboró una metodología para avanzar sobre la elaboración del Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH). Aun así existen estimaciones alternativas que contemplan más factores como la medición de pobreza multidimensional realizada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). O la Canasta de consumos mínimos que realizan los trabajadores de la Junta Interna de ATE-INDEC.

¿Se puede sobrevivir con la Canasta Básica?

Un grupo de investigadores de Conicet se embarcó el año pasado en un experimento llamado “Proyecto Czekalinski”. Intentaron vivir seis meses consumiendo las calorías y alimentos indicados en la Canasta Básica Alimentaria con el fin de mostrar que se trata de una medición obsoleta.

Martín Maldonado, uno de los impulsores y responsable del proyecto, decía en una nota a Página 12: "queremos modificar cómo se mide la pobreza en Argentina. La canasta básica es exigua en sus cantidades, desbalanceada en su composición y de poca calidad. Un combo explosivo que nunca nadie midió cómo impacta en personas reales".

Maldonado es politólogo especializado en pobreza y políticas sociales, señaló que el experimento tenía tres objetivos: visibilizar la pobreza; abolir la canasta básica y reemplazarla por las Guías Alimentarias de la Población Argentina (GAPA). De esta forma reemplazar la medición de pobreza por ingresos, por la forma multidimensional, como lo hacen México y Chile, y, en el país, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

El resultado fue contundente: contar solo con los alimentos que conforman la canasta básica constituye un grave riesgo para la salud. Los voluntarios debieron abandonar el experimento a mitad de camino, a los 3 meses por recomendación del equipo médico que realizaba el seguimiento. Su estado de salud empeoró significativamente. Florencia Demarchi una de las voluntarias perdió 5 kilos en tres meses, Maldonado perdió 6 kilos. Anemia, deshidratación suba de colesterol, triglicéridos y el azúcar en sangre. Baja de magnesio y la vitamina B12 y bajas defensas, fueron los resultados de los laboratorios.

Una de las conclusiones de Maldonado es que cambiar a un canasta GAPA “costaría entre 80 y 85 por ciento más que la otra (CBA), con lo cual, si se reemplazara, aumentaría el nivel de pobreza e indigencia. De ahí la reticencia de los gobiernos a cambiarla".

Preocupante: los niños y niñas, los más pobres

Un reciente informe de Unicef sostuvo que sus proyecciones de pobreza infantil en el país aumentarían de manera alarmante hacia final de año producto de la crisis. La pobreza infantil alcanzaría a 7,7 millones de niños y niñas y adolescentes y llegaría al 58,6%.

Para la representante de Unicef Argentina, Luisa Brumana: “Los datos nos muestran que el COVID-19 impacta con más fuerza en las poblaciones vulnerables, amplía las brechas de inequidad que ya había en el país y aumenta los niveles de pobreza entre las niñas, los niños y adolescentes, las victimas ocultas de la pandemia.”

Al momento la situación en las villas y barrios populares es cada vez más grave y fatal. Pero los recursos del Estado siguen direccionándose en mayor cuantía a financiar exenciones a empresarios, a pagar sueldos a grandes empresas como Techint y Clarín. Incluso a pagos de deuda odiosa que en este año sumaron mas de u$s 4.000 millones.

Sin embargo, la directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro aseguró: “Si no hubiésemos hecho nada, los niveles de pobreza e indigencia se hubiesen disparado muchísimo. Estaríamos mirando una foto similar a la de 2001.”

No queda lugar a dudas que el IFE de $ 10.000 por hogar es una medida insuficiente, una condena al hambre para quienes sólo cuentan con ese ingreso (condición necesaria para acceder).

Los niveles de pobreza e indigencia ya son elevados y probablemente estén subrepresentados, producto de mediciones con límites que no se modifican por decisión política. Al calor de la crisis económica y el desarrollo del coronavirus, la pobreza en aumento, estará puesta bajo la lupa. Reflejar la enorme desigualdad social generada por este sistema, y reproducida por quienes lo sostienen, es necesario. También repudiar a quienes priorizan resguardar las ganancias de los millonarios y los fondos buitre a través de la renegociación de la deuda.

El desconocimiento soberano de la deuda se vuelve impostergable para iniciar un camino que permita terminar con el atraso y la dependencia. Y de esta forma combatir la pobreza estructural. Como medida de emergencia un impuesto a las grandes fortunas, las empresas y la banca privada presentado por el FIT, permitiría en esta situación de crisis garantizar un salario de cuarentena de $30.000 para quienes perdieron su fuente de ingresos, comprar equipamiento médico necesario e iniciar un plan de 100.000 viviendas para terminar con el hacinamiento de miles de familias vulnerables. (LID) Por Guadalupe Bravo