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Milani preso: justicia para los que nunca callaron

Por fuera de los gobiernos y sus disputas, de las internas de la Justicia, de los carpetazos y de las noticias destinadas a cambiar la agenda mediática está la verdad. Con la detención de César Milani se está dado un paso importante a favor de la verdad y en contra de la impunidad, que se hace más relevante aún en estos tiempos en los que desde el macrismo y sectores abiertamente pro dictadura se está haciendo una campaña feroz para intentar torcer la vara, imponer la teoría de los dos demonios y así pujar por un nuevo punto final que dé por cerrada la pelea por juicio y castigo de los crímenes de lesa humanidad. Cuestionar las cifras de desaparecidos como lo hacen Darío Lopérfido, Juan José Gómez Centurión o el propio Mauricio Macri, que evita hablar de números, en cualquier lugar del mundo es negacionismo. El negacionismo busca impunidad.

23 de febrero| Myriam Bregman |

Con el organismo de derechos humanos que integro, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), somos querellantes contra Milani en representación de Oscar Schaller, una de las víctimas directas del ex jefe del Ejército. Son importantes las pruebas que lo incriminan. Las denuncias por el caso de Alberto Ledo en Tucumán, así como las realizadas por Pedro y Alfredo Olivera, Verónica Matta, Plutarco Schaller y Oscar Schaller en La Rioja, y otros testimonios y documentos demuestran que este personaje siniestro no tenía mucha escapatoria, sólo contaba con la impunidad que había logrado circulando durante años por los pasillos del poder. Tampoco es el primero que lo hace: Antonio Bussi, Luis Patti y Aldo Rico supieron participar en listas electorales para reciclarse como hombres de la democracia.

Hoy desde el peronismo, y más específicamente desde el kirchnerismo, optaron mayoritariamente por el silencio. Nuevamente la realidad sale a la luz cuanto más lejos se está del poder. El Poder Judicial, fiel a su estilo, investiga a los que se fueron. El Ejército cuenta hoy con un batallón de 1.400 agentes de inteligencia, un preciado escuadrón para un gobierno sin hipótesis de conflictos externos que entretengan a esos agentes pero sí con conflictos con la SIDE y otras fuerzas represivas. Milani era un "soldado K" y evidentemente eso fue lo único que les importó a quienes lo designaron y defendieron cerradamente todos estos años. Y fue particularmente grave porque provenía de quienes dijeron defender los derechos humanos, consagrándose así un doble discurso perverso.

También hoy los que garantizaron que los genocidas estén libres gracias al Punto Final y la Obediencia Debida, a los indultos y a la derogación trucha de esas leyes en 1998 se llenan la boca hablando de la prisión de César Milani. ¿Cómo puede festejar Elisa Carrió que nos propuso durante años una salida a la sudafricana y recicló a Gómez Centurión? ¿Y los radicales que estuvieron dos veces en el gobierno desde 1983? La lista es larga y las caras muy duras.

Los que queremos luchar en serio contra la impunidad de quienes participaron de la dictadura cívico-militar seguimos reclamando la apertura de los archivos de la represión. Así lo hicimos en las calles y en la Cámara de Diputados. Pero todos prefieren mantener ocultos esos listados y esos documentos que nos permitirían avanzar cualitativamente en identificar a todos los genocidas, en saber el destino de los desaparecidos y de los 400 chicos que continúan cruelmente sin conocer su identidad. Las pruebas contra Milani y todos los que participaron y se beneficiaron las tiene el Estado, que sólo deja aparecer archivos de inteligencia o carpetazos de la SIDE (ahora AFI) en disputas políticas del régimen.

Por eso es tan importante que este 24 de marzo realicemos una enorme movilización señalando a todos los autores y los participantes civiles, militares, empresariales y eclesiásticos del golpe. Como demuestra una vez más este caso, no hay verdad que pueda ocultarse cuando las víctimas y quienes los acompañamos seguimos dando pelea en forma independiente contra la impunidad.

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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