Macri quiere un “protocolo” para reprimir las luchas que vendrán

Las protestas y los cortes que los trabajadores de Cresta Roja y Siderca realizaron en el día de ayer sacaron a la luz la agenda macrista para “la protesta social”. El gobierno aprovechó esas medidas de fuerza obreras y lanzó advertencias para quienes en el futuro salgan a protestar.

Porque sin la menor duda, las protestas se ampliarán y agudizarán al compás del ataque a las condiciones de vida y salariales de la gran mayoría de la población.

En la edición de ayer se informó sobre el pedido del Consejo de Seguridad Interior, con la ministra Patricia Bullrich a la cabeza, para que el presidente Macri decrete la “Emergencia en Seguridad” en todo el país.

En línea con la política represiva del macrismo que ya empieza a perfilarse, la tarde del viernes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que desde el Gobierno se está trabajando junto a la Justicia en un “protocolo de protesta social” para que los reclamos en la vía pública sean “previsibles” y se permita “la libre circulación” de autos, camiones y colectivos.

Peña indicó también que pretenden que “no haya una dilación tan grande cuando se recurre a la Justicia”. Es decir, el gobierno busca conseguir órdenes de desalojo express y respuesta represiva al instante.

Por supuesto, porque es de manual, el jefe de Gabinete también apuntó hacia las fuerzas de seguridad. “Tienen que ser profesionales para que la situación” durante los piquetes “se resuelvan de manera pacífica”, indicó. Y finalmente hizo un llamado pidiendo “previsibilidad y reglas claras para todos”.

Quienes vienen siendo parte de las luchas de los trabajadores saben que “la situación” no se resuelve pacíficamente y que las “reglas claras” para el gobierno y las fuerzas de seguridad significan limitar la protesta mientras a las patronales se les da vía libre para flexibilizar, despedir y perseguir a sus trabajadores.

Alcanza con mirar lo que sucedió días atrás en el Centro Cultural Batalla Cultural de Vicente López, donde el intendente Jorge Macri y la Policía Bonaerense de Vidal y Ritondo desalojaron brutalmente a quienes lo llevan adelante.

Pero sobre todo hay que tener en cuenta de quienes serán los encargados de llevar adelante el “protocolo”. Nada menos que Patricia Bullrich, la exministra de Trabajo de la Alianza y y Eugenio Burzaco. Sobre éste último ya se publicó en este diario su prontuario más que temerario.

El macrismo intentará aplicar a nivel nacional lo que fue una constante en la Ciudad de Buenos Aires. La represión conjunta entre la Metropolitana y fuerzas federales en el Parque Indoamericano, en el año 2010, dejó un saldo de tres muertos; en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda, en 2013 la policía de Macri fue brutal contra pacientes, médicos y enfermeros; el año pasado en el barrio Papa Francisco, a fuerza de topadoras y disparos, la misma policía desalojó a los habitantes que buscaban un lugar para vivir.

La lista enorme de acciones represivas a manos del macrismo incluye el desalojo y represión con balas de plomo en la Sala Alberdi, la represión en el Parque Centenario, pasando por el accionar de la disuelta UCEP que se encargaba de limpiar, literalmente, de personas en situación de calle las veredas de la ciudad.

Lo último fue esta semana. La militarización del la estación Lacroze de la línea B del Subte frente a la protesta de trabajadores despedidos.

El macrismo no es nada original

La propuesta de un “protocolo de protestas sociales” no es nueva, por más que ahora gran parte de kirchnerismo se abalance contra el gobierno de Macri frente a cada intento de avanzada reaccionaria.

Vale recordar que el 1° de marzo de 2014, en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias, Cristina Fernández había dicho que se debían limitar las protestas sociales y terminar con los cortes de rutas y calles. Fue entonces cuando un eufórico bloque del PRO en plena Asamblea Legislativa aplaudió a la presidente al ver que compartían la agenda contra los trabajadores.

Poco después, en abril de 2014, diputados kirchneristas encabezados por Diana Conti y Carlos Kunkel impulsaron un proyecto de ley para… “regular la protesta social”. ¿Suena más o menos parecido?

En aquel momento, un muy contento Sergio Berni saludó la intención pero insistió con que no era necesario ya que con el Código Penal alcanzaba.

Así fue que las fuerzas a su mando y él mismo en helicóptero, reprimieron en más de veinte ocasiones las manifestaciones en apoyo a los trabajadores de Lear. Todo con el mismo recetario que utilizará el macrismo: “profesionalidad de las fuerzas de seguridad” y bregar por el derecho a la “libre circulación” por sobre el de reclamar.

Berni se alteró cuando la jueza federal Arroyo, luego de las innumerables denuncias que los abogados del CeProDH, entre ellos la actual diputada nacional Myriam Bregman, ordenó a la Gendarmería no intervenir más en las protestas.

¿Y qué dijeron entonces desde el kirchnerismo? A Sergio Berni lo secundó el joven K, Diego Bossio: "Una jueza ha impedido que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, utilice medios que tiene para garantizar derechos y preservar paz social. Preocupa que ciertos jueces desconozcan el impacto social y político que acarrean sus decisiones. Parece que viven en otro país".

Seguramente a Berni y a Bossio les agradará que Macri también quiera poner orden y previsibilidad.

Sin embargo, los trabajadores y los sectores populares que están siendo duramente atacados por las medidas económicas saldrán, y ya están saliendo, a enfrentar los despidos y el ajuste.

En la Argentina la última década el movimiento obrero vivió una importante recomposición tras años de desocupación y neoliberalismo. Sin dudas este hecho obliga a pensar que el ajuste no se impondrá sin resistencias y combates de amplios sectores de la clase trabajadora.

La práctica de lucha y organización en los últimos años por parte del sindicalismo combativo da la pauta de que la resistencia será dura. Fortalecer a esa organización del movimiento obrero y la coordinación de las luchas será central para enfrentar el ajuste y "doblegar" a la represión que preparan.