“La impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado” en Argentina

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia siempre hemos sostenido la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el avasallamiento de los derechos básicos y por eso venimos realizando una intensa campaña contra la criminalización de la protesta y la persecución y asesinatos de luchadores populares. Este primer informe que aquí presentamos es el resultado de la sistematización de la situación de causas abiertas en todo el país entre el 2001 y el 2012 contra los sectores populares movilizados: contra organizaciones sindicales, de derechos humanos, partidarias, contra movimientos de trabajadores desocupados, territoriales, estudiantiles, contra comunidades indígenas y grupos ambientalistas, entre otros. Actualmente existen en nuestro país más de 4000 personas criminalizadas y judicializadas, y el número de víctimas asesinadas por luchar desde el año 2001 asciende a más de 70.

En la coyuntura actual entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo.

¿Qué entendemos por criminalización de la protesta? La criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes.

La protesta por lograr conquistas favorables a diferentes sectores populares, es un derecho que no requiere permiso ni acepta censura. A lo largo de nuestra historia, nuestro pueblo se ha manifestado en las calles, se ha organizado de diversas maneras para hacer escuchar su voz y defender sus reclamos.

La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. En algunos casos es utilizada como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros, articuladamente con ésta. Son diferentes mecanismos con el mismo fin de dominación y control social. Como exponemos en este informe la criminalización de las luchas es un instrumento que ha sido utilizado con diferentes intensidades por todos los gobiernos de turno y que hoy aplica el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para intentar disciplinar y amedrentar a todos aquellos que cuestionan la miseria y la opresión, y para frenar la organización y las luchas desplegadas por los trabajadores y por los diferentes movimientos populares.

Hoy se pretende sancionar a las organizaciones populares a través de la persecución penal de sus integrantes y dirigentes, y el encarcelamiento es utilizado como “castigo ejemplificador”.

¿Qué se busca con la criminalización de la protesta?

Con la criminalización de la protesta el Estado apunta a varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado, frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias. Por otro, correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un “delito”, una “amenaza para el orden legal”, una “violación a la ley”, deslegitimando la lucha. Esa operación mediática y política sobre la opinión pública es más intensa cuanto más lejos se está de querer resolver la situación que dio origen a la protesta.

Las metodologías para criminalizar la protesta varían pero los objetivos se mantienen. A partir del repudio popular a los asesinatos de Darío y Maxi en junio de 2002, y de las condiciones políticas heredadas del 2001, el gobierno de Néstor Kirchner se vio obligado a apelar a un abanico de metodologías: desde la cooptación hasta la judicialización, y desde la vía libre al accionar de las patotas hasta la represión estatal directa, para quebrar las redes y lazos de solidaridad que se habían desarrollado entre las organizaciones movilizadas. Se acentuó la criminalización política y mediática de las organizaciones independientes del Estado.

Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado durante estos años: puebladas; movilizaciones; cortes de ruta; huelgas; escraches a genocidas; acampes; piquetes; ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios públicos, han sido distintas expresiones de la protesta de nuestro pueblo. En las fábricas y empresas avanza un proceso de organización independiente del Estado y las patronales, que pone en pie las asambleas y cuerpos de delegados en oposición a las burocracias de los sindicatos. Por su parte el Ministerio de Trabajo es una correa de transmisión de esta política a través de conciliaciones obligatorias, declaración de ilegalidad de las huelgas, desconocimiento de los cuerpos de delegados y de los nuevos sindicatos a favor de la burocracia sin! dical y los intereses empresariales.

A casi nueve años de la asunción de Kirchner y ya atravesando el segundo mandato de Cristina Fernández, afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado, porque la criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares. Denunciamos por eso que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social del presente. Al día de hoy solamente hay 850 genoci! das procesados, y más de 4000 luchadores criminalizados. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes.

En los últimos años existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando derechos como el derecho a la huelga y a la movilización popular. El Gobierno Nacional impulsa esta política de criminalización como lo demuestran las declaraciones de sus funcionarios: Aníbal Fernández con su amenaza “a los que saquen los pies del plato los perseguiremos con el código penal en la mano”, la ministra Garré acusando de “desestabilizadores” a los desocupados que se oponen al clientelismo, y la misma presidenta calificando de extorsivos los reclamos y las huelgas de los trabajadores.

Ha quedado al descubierto en la causa Kraft el espionaje de este gobierno sobre las organizaciones populares a través del Proyecto X de Gendarmería y de otros organismos de Inteligencia con el reconocimiento de la Ministra de Seguridad, y ha quedado demostrado que se utiliza ese espionaje para armar las causas judiciales con las que son perseguidos numerosos trabajadores y luchadores.

Desde diciembre de 2011, la ampliación de la Ley Antiterrorista que había sido sancionada en 2007, representa un peligro que merece el más enérgico repudio y torna urgente la exigencia de su derogación. La mayoría oficialista que ha votado en tiempo record los tratados internacionales contra el terrorismo y dos leyes antiterroristas, se ha negado sistemáticamente en los últimos nueve años a tratar los diferentes proyectos de ley contra la criminalización de la protesta.

La profundización de la represión intenta frenar el proceso de organización de los sectores populares en un año que se presenta con topes salariales, aumento de tarifas y ajuste. Este informe pretende ser un aporte a la plena vigencia del derecho a luchar, a la conquista de todas las reivindicaciones populares y al juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes contra el pueblo.

Por todo ello decimos:

CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACIÓN DE LAS CONDENAS A LOS MAS DE 4000 LUCHADORES POPULARES PROCESADOS DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE LOS ASESINADOS POR LUCHAR BASTA DE ESPIONAJE A LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES.
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD Asociación de Profesionales en Lucha - APEL Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional – CORREPI Liberpueblo