La ministra Stanley había prometido que devolverían las pensiones pero miles de personas denunciaban el recorte.
La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, restituir las pensiones por invalidez que habían sido recortadas desatando un escándalo político en junio de este año. Eran más de cien mil las personas afectadas.
Pese que, frente a la presión, la ministra había dicho que “reverían” el problema y que nadie se quedaría sin la pensión, esto resultó ser una mentira. De hecho, su cartera apeló la primera sentencia del Juzgado Federal de la Seguridad Social Número 8 –basada en el amparo colectivo presentado por la Asociación REDI- para que devuelva las pensiones de manera inmediata. Desde entonces, el gobierno se embarcó en una serie de medidas dilatorias para postergar el tema hasta después de octubre.
Tras aquella apelación, Patricio Martínez, abogado del Ministerio de Desarrollo Social, le envió un escrito al tribunal de segunda instancia intentando convencerlo de que la causa era “abstracta” ya que las pensiones habrían sido restituidas. Como prueba, incluía una lista con 9728 casos: es decir, ni siquiera un 8% del total de los damnificados estimados por REDI.
La nueva decisión de la Cámara, que lleva la firma de los camaristas Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero, revierte el efecto suspensivo y miles de personas podrán pedir la restitución de su pensión. Un revés para la cartera de Stanley, quien busca mostrarse como una cara amable del oficialismo mientras defiende una política de ajuste.
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