LEY MIGRATORIA El macrismo quiere avanzar con su política xenófoba

El pasado viernes quedó oficializado mediante la publicación en el boletín oficial, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con modificaciones a la Ley de Migraciones para acelerar los procesos de deportación de extranjeros que “hayan cometido delitos.”

El Decreto 70/2017 publicado en el Boletín Oficial establece que "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio."

Para justificar su política xenófoba y de criminalización de los inmigrantes, en su momento el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano señaló que "lo que se ha hecho es no cambiar el espíritu de la ley anterior. En los últimos años, donde realmente se empezó seriamente a estudiar y a combatir el narcotráfico en nuestro país, se ha detectado que la regulación anterior alargaba los plazos a seis o siete años para expulsar a un extranjero criminal".

Garavano sigue los pasos de Patricia Bullrich, el resto del pro y de kirchneristas como Miguel Ángel Pichetto estigmatizando a los inmigrantes y ligándolos directamente al narcotráfico.

Para poder comenzar a implementar rápidamente las modificaciones a la Ley Migratoria, desde el macrismo piensan apelar a la Corte Suprema de la Nación con el objetivo de conseguir la creación de secretarías ad hoc que “intervengan” en temas migratorios y puedan comenzar a aplicar el xenófobo DNU de Macri.

Así, estas secretarias estarían dedicadas íntegramente a expulsar inmigrantes “que delinquen”. Según el diario La Nación, una “alta fuente del gobierno” habría afirmado que "se buscan plazos más cortos porque esas secretarías sólo se dedicarán a esos casos".

Críticas y polémica

Como para que no queden dudas de que puede tener afirmaciones impresentables sobre todo tipo de temas, el diputado Nacional por la provincia de Salta, Alfredo Olmedo, declaró hace algunos días en C5N que coincide "en todo" con Donald Trump, y que apoya el decreto macrista y agregó que “si no se puede levantar un muro de material, se debe hacer uno virtual.”

Estas declaraciones tuvieron la respuesta directa del gobierno boliviano. El presidente Evo Morales publicó en su cuenta de Twitter: “Hermanos presidentes latinoamericanos, seamos #PatriaGrande. No sigamos políticas migratorias del norte. Juntos por nuestra soberanía y dignidad", escribió.

Bastante más filoso que Evo, el presidente del Senado de Bolivia y ex cónsul en Buenos Aires, José Alberto Gonzales, le apuntó directamente Juliana Awada por la causa por trabajo esclavo en los que está involucrada la firma Cheeky que pertenece a su familia: “¿Qué harán la esposa de (Mauricio) Macri y las grandes marcas sin bolivianos en sus talleres?”

Según la agencia ANFde Bolivia, Gonzales reveló a varios medios de su país que cuando fue cónsul en Buenos Aires participó en investigaciones que involucraron a Cheeky por tener talleres clandestinos con trabajadores bolivianos en condición de esclavitud.

Con respecto a la “idea” de Olmedo de construir un muro en la frontera con Bolivia, declaró: “Voy a dar un salto al vacío, pero yo quisiera sugerirle a ese diputado que hable con la esposa del señor Macri, que la señora Awada le cuente cómo trabajan los bolivianos, eso le recomiendo a ese diputado (…). Yo personalmente he estado participando en procesos donde esta señora (Awada) estaba involucrada por trabajo esclavo. Así que, señores, antes de pensar en muros, piensen bien en su economía”.

Las críticas también se hicieron oír en el ámbito nacional. La referente del PTS y ex diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman criticó al oficialismo señalando que “Macri sigue empecinado en copiar la agenda de Trump”..

Además desmintió los “argumentos” que supuestamente generaron esta modificación a la Ley Migratoria: “Está demostrado con informes recientes que menos del 6 % de la población carcelaria es extranjera. No hay ni un ápice de realidad en la vinculación entre inmigración y delito que pretende el PRO. De avanzar esta propuesta, podrían ser expulsados del país inmigrantes que entren al sistema penal incluso por una simple contravención.”

Por otro lado; la organización Barrios de Pie denunció ante el Inadi a la ministra Patricia Bullrich por sus dichos estigmatizantes: “Acá vienen ciudadanos paraguayos o peruanos que se terminan matando por el control de la droga. La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país”. Desde la organización denunciaron a la funcionaria porque los dichos de la ministra "discriminan y estigmatizan" a los extranjeros.