LEY ANTIDESPIDOS: ¿Quiénes son los dueños del país a los que Macri les regaló el veto?

La Sociedad Rural, Clarín y Techint entre otros. Ayer, bajo el kirchnerismo, se la “llevaron en pala”. Hoy, con Cambiemos, continúan las medidas a su favor. Mientras tanto, siguen los despidos.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), el Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDEA) y la AmCham (Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina) son las seis cámaras empresariales que habían enviado, hace pocos días, una carta a cada uno de los diputados nacionales para evitar la sanción de la ley antidespidos.

Su composición, que abarca a amplios sectores, incluso una de ellas vinculada con la embajada norteamericana, y el contenido de su pronunciamiento representó el espíritu de clase del conjunto del empresariado argentino: no permitir ni una traba a su “libertad de explotación”.

Semanas atrás, la Unión Industrial Argentina, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y de conjunto todo el arco patronal, señalaban su descontento a la posibilidad de que dicha ley se efectivice.

Y Macri lo hizo de nuevo, postulándose como el representante de toda la clase capitalista al vetar una ley que, mínimamente, evitaría la suspensión y los despidos de trabajadores por sólo 180 días.

Celebra el establishment

La Sociedad Rural Argentina, representante de los intereses de los grandes terratenientes y el agropower, estuvo entre las firmantes de esa carta. No conformes con las exorbitantes ganancias levantadas “con pala” durante la década kirchnerista -a pesar del aparente enfrentamiento en torno al “conflicto del campo”-, los referentes del autodenominado ruralismo son uno de los primeros favorecidos por el gobierno de Cambiemos, con la transferencia de más de 120.000 millones de pesos gracias a la devaluación y la quita de retenciones. Ahora también celebran el desmantelamiento del RENATEA, uno los organismos que, aunque muy deficientemente y con un espíritu más patronal que defensor del trabajo, permitían la fiscalización de sus prácticas explotadoras como el empleo en negro y el trabajo infantil.

“Deben puntualizarse los avances logrados en estos meses en términos de institucionalidad y respeto por las reglas de juego, así como por las definiciones adoptadas por el gobierno nacional, tales como la eliminación del cepo, de la mayoría de las retenciones a las exportaciones, y de la exitosa conclusión del conflicto con los holdouts” afirmaban elogiosamente estas corporaciones respecto de la política oficial del gobierno de Cambiemos.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) nuclea a los principales grupos económicos del país, como Arcor, Techint, Grupo Clarín, Grupo Miguens, Grupo Roggio, Construcciones Civiles, FIAT Argentina, Aceitera General Deheza, Grimoldi, Los Grobo, Supermercados La Anónima y Santander Río. Con contacto directo con el gobierno de la CEOcracia, las empresas de AEA (financieras, industriales, agrarias, de comunicaciones) que hoy se oponen a toda “intervención del estado en la economía” han sido y son permanentemente beneficiadas con los subsidios económicos provenientes del fisco público, desgravaciones impositivas y negociados como los de transporte con el grupo Roggio.

Por solo dar un ejemplo, si durante el kirchnerismo se sostuvieron las ganancias de las transportistas a través de subsidios millonarios ($ 51.096 millones sólo en 2015), el macrismo convalidó las mismas a través de los fuertes incrementos en las tarifas que abonarán los usuarios de trenes, subtes y colectivos.

Los bancos y las financieras, asimismo, no pueden más que alinearse con los aires de satisfacción respecto del macrismo. Luego de ser uno de los sectores que más ganaron en la década K ahora festejan los beneficios de los negocios derivados de la devaluación y las altas tasas de interés convalidadas por el Banco Central. Otro tanto pueden decir aquellos bancos, como el Deutsche Bank y JP Morgan, que aprovecharon el acuerdo buitre para embolsarse jugosas comisiones y colocar los bonos públicos en los mercados financieros.

Párrafo aparte merece la adhesión de AmCham (Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina) al veto a la ley antidespidos, que incluye entre sus socios a la norteamericana McDonalds. En el texto que acercaron a los Diputados figuraba una mención elogiosa al ejemplo de precarización laboral de la juventud que lanzó el macrismo, denominado proyecto "Mi primer empleo".

Según la letra del documento “son compartidas por los empresarios y una parte significativa de la dirigencia”. No casualmente, su debut ocurrió la semana pasada con el escándalo de McDonalds que implica la contratación de jóvenes por salarios de miseria y facilitados por subsidios del Estado.

Despidos imposibles de invisibilizar

“Acá no hay un problema de ola de despidos masivos”, afirmaba el presidente argentino días atrás. El gobierno aseguraba que no se registra una situación de despidos masivos, sino que la tasa de empleo se mantiene estable y sin creación de nuevos puestos de trabajo desde hace cinco años. Para el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, que hoy enfrenta la resistencia de sus propios trabajadores del ministerio despedidos hace más de 40 días, los despidos son “una sensación térmica”.

Sin embargo, las estadísticas están reflejando temperaturas candentes en materia de empleo, lejos de “sensaciones”. Entre algunos análisis pueden mencionarse los de la propia Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), para quien las cesantías realizadas desde diciembre de 2016 eran 130 mil, 45 mil empleos perdidos en el aparato estatal y 85 mil en el sector privado, de los cuales 55 mil corresponden al sector construcción.

A principios de mayo, la consultora Tendencias Económicas consideraba que “en los 4 primeros meses los despidos sumaron 139.396 trabajadores, nivel mayor en 48 veces al de igual período del año anterior. De ese total, 99.247 ocurrieron en el sector privado, principalmente en la construcción y 40.149 en el sector público nacional, provincial y municipal”.

El mismo Gobierno que comenzó negando los despidos y hablando de “cepo laboral”, terminó firmando un acuerdo precario con los empresarios que prometieron no despedir por 90 días, aunque ya hay sobradas muestras que el acuerdo es papel mojado, como denuncian ya importantes sectores de trabajadores vinculados con las empresas firmantes.

Esta es otra forma tradicional de los capitalistas y sus gobiernos de utilizar la amenaza de despidos para frenar los incrementos salariales. Así quedó demostrado este jueves en el Consejo del Salario Mínimo, verificando un incremento del salario mínimo muy por debajo de la pauta inflacionaria que ya supera el 40 % anualizado.

La tregua planteada al gobierno por las centrales sindicales ya no puede sostenerse más. Es necesario ya mismo un paro nacional y un plan de lucha de todo el movimiento obrero para decirle ’no’ al veto de Macri y el ajuste del salario real perdido por inflación.