Jujuy: familiares de internos denuncian torturas en el Penal de Gorriti

Familiares de los internos del penal de Gorriti narran su versión de los hechos. Denuncian las condiciones de insalubridad y las torturas que reciben los internos de un servicio penitenciario que se rige por leyes de la dictadura.

El escándalo en el que se ve envuelta la provincia, deja en evidencia la impunidad del poder político, sus jueces y sus fuerzas de seguridad. A casi un año de la detención de Milagro Sala sin juicio previo, el asesinato del joven Cardozo remueve la podredumbre de un régimen cuyo carácter se cimenta sobre la sistemática violación a los derechos humanos.

No fue motín

La hipótesis de motín, que priorizaron los medios jujeños tomando el relato de las fuerzas del servicio penitenciario, fue despejada por los familiares. Ellos aseguran que no se trató de un amotinamiento, aunque si señalan que cotidianamente los presos se quejan de las condiciones de salubridad y de la quita de derechos.

Con la afirmación de que hubo un motín, la mayoría de los medios intentaron argumentar la represión sufrida dentro y fuera del penal. Familiares de los internos coinciden en que el asesinato de Cardozo fue un plus que llevó al ensañamiento y represalia sobre los internos. Para los familiares nada justifica la cantidad de presos en situación de “castigo”, es decir recibiendo específicas torturas.

“No fue un motín lo que quisieron hacer, ellos estaban hablando y por eso tomaron represalia. Comenzaron a sentir tiros que venían del pabellón 3 y que pedían auxilio al pabellón 5. Ahí ya estaban todos golpeados.”

“Ellos trabaron la puerta con una banca y para ellos (el servicio penitenciario) eso fue un motín; para defenderse de los golpes tiraron los colchones pero fuego no hubo, y la policía comenzó a tirar tiros a cualquiera, porque en todos los pabellones y distintos sectores hay chicos lesionados”

Torturas y represión permanente

El escándalo tiene que ver también con la continuidad de la tortura en las cárceles, según Martin Casares el subsecretario de política criminal de la Nación “hay una deuda con la reinserción de los presos en la sociedad”; sin embargo, la represión sufrida que dejó un saldo de decenas de detenidos en situación de “castigo” demuestra que cuando se habla de deuda se habla de continuidad y complicidad.

La situación de tortura en los pabellones de “aislamiento” no es una novedad, aunque su continuidad no lo equivale a una situación natural. Ya en 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) establecieron los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, cuyo punto Nro7 versa: “Se tratara de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria y se alentara su abolición o restricción.”

La utilización del pabellón 2 en el penal Gorriti incumple este tratamiento, y por ende el servicio penitenciario acciona quebrantando una de sus propias “ordenanzas” que es la de moverse en armonía según las normativas nacionales e internacionales, según lo establecido en la Ley 24.660.

“Siempre que cae alguien al pabellón 2 lo golpean, sea por lo que sea. Hace unos meses atrás Ochoa tenia encima organismos de DDHH por un menor sancionado al que se les “había ido la mano” golpeándolo. No es que a partir de ahora por el supuesto motín que los torturan. A ese chico lo mataron ahí en el pabellón 2. No salió ni en la prensa”.

Relatan los familiares y prosigue, “Yo estoy muy enojada porque me contó mi suegro que la noche del martes los tuvieron en el patio bajo la tormenta más de 5 horas con precintos atados en las manos hacia atrás, no podían ni respirar ni mover la cabeza porque los pateaban. Ellos entraron a matar no entraron pacíficamente. Los castigados han sido apuntados por que no le caen bien a la guardia, nosotras exigimos que esa guardia se levante, no la queremos ver más. Hay madres de Ledesma o Perico que no tienen plata para venir todos los días. Hay chicos con epilepsia y tuberculosis golpeados y no los llevan al médico.”

Vale todo

Meses atrás, en el marco de las reiteradas denuncias sobre el chancho/chanchero” (nombre que se le asigna a los pabellones de castigo desde la dictadura) los abogados de Milagro Sala presentaron una denuncia que fue rechazada por la Justicia jujeña que dictaminó que las celdas de castigo son parte del reglamento legal del sistema penitenciario sin inspeccionar el lugar y sólo con las respuestas que envió el Servicio Penitenciario.

El artículo 18 de la constitución nacional y el artículo 40 de la Constitución Provincial hacen a las condiciones en las que los presos no deberían estar con el argumento de que lo único de lo que están privados es de su libertad y no del resto de sus derechos.

El día sábado la Coordinadora contra el Ajuste y la Represión presentó un Habeas Corpus, denunciando la existencia de este sitio de castigo donde son enviados los presos que “infringen alguna normativa interna”, lo cual está prohibido según la convención para la eliminación de todas formas de tortura y de penas crueles inhumanas y degradantes.

Leyes de la dictadura rigen el servicio penitenciario

La cárcel como sistema coercitivo se vale de sistemáticas torturas para mantener el control social sobre los sectores más empobrecidos de la sociedad, y es mediante la implementación de estos métodos que buscan aleccionar y aniquilar a los internos.

“La guardia cuando se aburre entra a golpear a alguno y recién prende la cámara cuando los chicos se alteran, pero es porque los golpean. Cuando tienen fiebre les dan pastillas para dormir, ellos hacen la vista gorda cuando los internos están enfermos. Hace muchos meses que se viene arrastrando el tema de la salubridad, ahora se agrava porque hay muchos heridos, hay chicos cubiertos con tohallones para sustituir los yesos porque están quebrados.”

El servicio penitenciario en Jujuy consta con un extenso precedente de violencia hacia los y las internas, en 2005 según data una denuncia a través de un habeas corpus ante la Justicia Federal de Jujuy, veintiocho mujeres, tres de ellas embarazadas y otras con hijos, se encontraban detenidas en la caja de un camión frigorífico. Otras ocho estaban en una celda de escasas dimensiones, sin baño ni agua. En el mismo sentido, este año la justicia jujeña también se vio en aprietos ya que internas del penal de mujeres denunciaron el uso de medicamentos inyectables a modo de control.

Los marcos nacionales e internacionales dictaminan la prohibición de la tortura en las cárceles, sin embargo el servicio penitenciario de Argentina está regido según la Ley orgánica 20.416 promulgada en 1973, durante la dictadura militar, según la cual el sistema carcelario se vale de una organización militarizada.

“Los chicos piden la libertad condicional, que no les están dando…hay chicos que ni siquiera estaban procesados y ya llevaban 3 años y no les salía ningún juicio y los tenían presos. El pabellón 3 pedía eso; El pabellón 5 reclamaba que las notas de visita por cada guardia que tenían no salían afuera, el tema de la mala alimentación y el problema de salud, solo los sacaban en caso de urgencia y solo cuentan con psicóloga 2 meses antes de salir o cuando el juez pide un informe y recién les hacen todos los estudios correspondientes que deberían hacerle cotidianamente.”

“Mi hijo nunca fue sancionado, esta vez lo llevaron sancionado a un año de salir; esta todo baleado, le dieron por la espalda en la zona de la nuca, en el ojo y en la mejilla izquierda, le querían sacar el ojo, le apuntaban a la cabeza, no lo llevaron al hospital…ya lo venían golpeando hace mucho en su celda él estaba hace meses aguantándose y no hacía nada para no ir sancionado por la conducta, pero yo sabía que en algún momento iba a explotar porque el ya venía haciendo notas hace mucho. Yo no quise denunciar por el temor a que me dejen sola, y yo no tengo recursos, por eso muchas madres pedimos ayuda.” (LID)