Jubilados: Fernández decretará aumentos y suspenderá la fórmula de movilidad por 6 meses

El proyecto de ley que ingresará al Congreso este martes prevé que el Ejecutivo pueda otorgar aumentos a voluntad mediante decretos.

La situación de los millones de jubilados y pensionados merece un capítulo importante en el proyecto de Emergencia Económica que el Gobierno enviará este martes a la Cámara de Diputados.

Como parte de la urgente iniciativa oficial, se plantea la necesidad de suspender la aplicación de la fórmula de movilidad que actualmente determina la actualización de jubilaciones y otras prestaciones sociales, por un plazo de 6 meses.

En el transcurso de este plazo, será el Ejecutivo quien otorgue aumentos discrecionales no sólo a jubilados y pensionados, sino también a beneficiarios de asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

También se especula con el pago de un bono por única vez para los jubilados que rondan el haber mínimo.

En campaña, Alberto Fernández había prometido un 20% de aumento para las jubilaciones más bajas con la intención de facilitar la recuperación de la pérdida de poder de compra frente a la inflación.

De hecho, se discute la aplicación de un esquema de suma fija de $2.800 para todas las escalas, equivalente al 20% del haber mínimo de $14.068.

"Una de las cuestiones que se va a revisar es la fórmula de actualización en el sentido que la ley va a dar un tiempo para que se genere una fórmula que asegure que mejore el ingreso de los jubilados, de las jubiladas y de los pensionados y pensionadas", explicó Alejandro Vanoli, titular del Anses.

El Congreso sancionó en 2008 la Ley de movilidad jubilatoria enviada por el Ejecutivo, que fijó ajustes dos veces al año determinados en un 50% por la recaudación de ANSES y otro 50% por los salarios.

Con Mauricio Macri en el poder, la fórmula volvió a ser modificada en 2017 por la Ley de Movilidad impulsada por el oficialismo. El cambio fijó aumentos trimestrales (marzo, junio, septiembre y diciembre) teniendo en cuenta un 70% de la inflación del INDEC y un 30% los salarios (Ripte).

Ahora, la gestión de Fernández busca revisar el cálculo. Es que, al tener un rezago de seis meses y estar atado a la inflación, el año próximo implicará mayores erogaciones, teniendo en cuenta que la suba de precios en 2019 superará el 55%.

Algunos economistas del oficialismo afirman que si no se toca la indexación, los jubilados podrían tener un aumento del 50% o 60% de sus haberes en 2020; muy por encima de la inflación del 40% a la que apunta el Gobierno.

Desinflar la indexación del gasto previsional sería una manera de incrementar la fortaleza fiscal del Estado. Pero esa decisión política tiene una indisimulable contradicción: la reacción negativa de los jubilados que se perjudicarían con la medida.

Su impacto alcanza a más de 15 millones de jubilados, pensionados, perceptores de asignaciones familiares y beneficiarios de AUH. (IProfesional)