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Jubilaciones: saqueo oficial y limitaciones a las pensiones para mayores de 65 años

Se dictaminó la reforma jubilatoria a través del decreto 110/2018 publicado en el Boletín Oficial.

13 de febrero

La nueva ley implica una poda de $ 100.000 millones anuales en 2018 en gastos de jubilaciones y pensiones. Si se considera el recorte también de los beneficiarios de las Asignaciones Familiares, las Asignaciones Universales por Hijo (AUH), y otras prestaciones de la Seguridad Social, el ajuste total trepa a más de $ 110.000 millones.

El cambio en la fórmula de movilidad para actualizar jubilaciones y asignaciones implicó un robo a los ya insuficientes haberes. Se estima que un jubilado que cobre la mínima con 30 años de aporte, gracias a la nueva ley, tendrá una pérdida anual de al menos $ 6.327, en el caso de jubilados que perciban $ 10.000 y tengan aportes perderán en promedio $ 11.250 anuales, y los beneficiarios de AUH tendrán una merma promedio de $ 1.052 anuales.

A pesar de las maniobras del Gobierno por presentar esta ley como un beneficio para los jubilados, la reforma generó un amplio rechazo incluso entre sus propios votantes.

El día de la votación hubo una amplia movilización y la jornada terminó con represión, decenas de detenidos y cacerolazos que se escucharon en múltiples barrios al finalizar el día. Desde aquel diciembre caliente la imagen presidencial no dejó de caer, acentuado luego con el escándalo del ministro Triaca.

Según estimaciones de la Defensoría de la Tercer Edad, la Canasta de los Jubilados ronda los $ 17.523, pero 1,3 millones de jubilados, que tienen 30 años de aporte a partir de enero percibieron jubilaciones de $ 7.790 y 3,6 millones de jubilados (en la mayoría de los casos mujeres) que no reúnen la cantidad de aportes cobraron $ 7.246. Ante los ingresos de miseria que perciben los jubilados, el Gobierno de Ceo se encargó de exprimirlos para cubrir los beneficios impositivos que les regaló a los empresarios con la reforma tributaria.

Nuevos puntos en el decreto El decreto reglamentario cambió dos artículos de la ley de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el beneficio que pueden obtener los que tienen 65 años o más y no se jubilaron o no reúnen los 30 años de aportes para jubilarse.

El decreto dispone que no pueden cobrar la PUAM aquellos que puedan jubilarse, que tenga la edad y los años de aportes.

Con la reglamentación si un trabajador tiene 65 años (edad para jubilarse) y cuenta con los 30 años de aportes no puede pedir la PUAM. Tiene dos opciones o se jubila o sigue trabajando, y en este caso sin el beneficio de dicha pensión.

Por su parte, el decreto añade que aquellos que perciban la PUAM y continúen trabajando para completar los 30 años o para tener más años de aportes, los años aportados cuando estuvo percibiendo la PUAM se tomarán en cuenta únicamente para computar los años de servicios, pero no para el cálculo del haber. Esto significa que cuando tramiten la jubilación, si estuvo percibiendo la PUAM, los años de aportes extras de trabajo no le dan derecho al trabajador a aumentar su haber jubilatorio a razón del 1,5 % del salario promedio actualizado de los últimos 10 años cada año aportado.

La legislación previsional nacional establece que el haber inicial del nuevo jubilado se estima por los años aportados y según el salario promedio actualizado de los últimos 10 años anteriores a dejar de trabajar. Ahora, se considerarán los años aportados y el salario promedio actualizado al momento de obtener la PUAM (65 años), y no al momento de jubilarse (70 años si extiende su edad).

El especialista Guillermo Jáuregui explicó al diario Clarín “que el propósito de los cambios es desalentar el alcance de la PUAM a los trabajadores que siguen trabajando para acceder o mejorar su futura jubilación”. En tanto, la abogada Elsa Rodríguez Romero, señaló al mismo medio que el decreto es “un exceso reglamentario porque va más allá de la letra y el espíritu de la ley”.

Además, el decreto dejó sin efecto las intimaciones enviadas antes de la aprobación de la reforma jubilatoria a los trabajadores en condiciones de jubilarse. La disposición corresponde a que los trabajadores con la nueva ley pueden “elegir” extender su edad jubilatoria.

La reforma jubilatoria implica una transferencia de riqueza de los sectores más vulnerables a los empresarios. Cambiemos y los gobernadores que pactaron la ley someten a los jubilados que hoy están por debajo de la línea de pobreza a seguir viviendo en esa situación. El robo ya es oficial. (LID)

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