JUJUY Luego de cuatro días liberaron al ex jefe de gabinete de Fellner

En horas de la tarde de ayer el ex jefe de gabinete de Eduardo Fellner, Armando Berruezo, recuperó su libertad tras su detención el pasado lunes.

El Juzgado de Control N° 2, a cargo del juez Isidoro Cruz, decidió dar lugar al pedido de excarcelación presentado por el abogado patrocinante, Lucas Grenni, quien afirmó que el paso siguiente en la causa es pedir el sobreseimiento de los delitos que se le imputan a Berruezo.

Recordamos que la semana pasada se conocía la imputación del ex funcionario a partir de una investigación de la justicia que considera al acusado autor de los delitos de “abuso de autoridad”, “negociación incompatible”, “fraude a la administración pública” y “falsedad ideológica”. Se trata de acusaciones orientadas a un hecho de enriquecimiento ilícito y la adquisición en forma irregular de un predio fiscal en la finca “El Pongo”.

La causa que data de 2002 cuando el acusado era Ministro de Gobierno, Justicia y Educación durante la primera gestión de Fellner y tuvo una sentencia a favor del demandante en 2012 por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Desde la orden de detención el día 27 hasta que finalmente la policía dio con Berruezo pasaron cinco días, cuestión que llevó al juez a considerarlo un prófugo de la justicia generando amplio revuelo mediático. La detención finalmente ocurrió pasado el fin de semana cuando Berruezo se presentó junto a su abogado defensor en la fiscalía.

No obstante ello, la liberación ocurrió al cuarto día de estar detenido en la sede de la División Canes de la Policía Provincial en el barrio San Martín. Una liberación express, cuando por la misma carátula, “fraude a la administración pública”, Milagro Sala está detenida hace más de 100 días.

Según el letrado, Grenni, el terreno propiedad de Berruezo habría sido adquirido en 1985 y cuando se inicia el juicio al Estado (propietario de las tierras donadas por Plinio Zabala) por parte de las personas que ocupaban los terrenos, el ex funcionario no estaba al tanto. Desde la fiscalía N°2, a cargo de Gustavo Araya, afirman lo contrario, Berruezo sabía de la prescripción adquisitiva de los terrenos y, sin embargo, recibió la trasferencias de las tierras siete días antes del vencimiento de la prescripción.

Otro funcionario del PJ-FPV imputado

Otra imputación que se conoció esta semana es la del ex Ministro de Infraestructura fellnerista, Luis Cosentini. El juez residual Pullen Llermanos procedió a pedido del fiscal Diego Cussel acusándolo de haber encubierto un hecho acaecido en el año 2006 donde miembros de la agrupación Tupac Amaru habrían golpeado al dirigente social, fundador de la organización social “Corriente del Pueblo”, Lucas Arias, yerno de Carlos “Perro” Santillán. Arias falleció meses después a causa de una enfermedad terminal que padecía desde tiempo atrás.

La mencionada causa es una por las que la justicia del gobernador radical, Gerardo Morales mantiene detenida a Milagro Sala. En ella se la acusa de haber originado y acelerado el desenlace final de Arias a causa de los golpes recibidos ese día.

El verdadero rol de la Justicia detrás de la corrupción

Tras estas imputaciones y otras que vendrían a ex funcionarios felleneristas (como al actual rector de la UNJu Rodolfo Tecchi) se vislumbra el grado de vinculación que ahora posee la justicia local al poder político de turno (UCR-Cambiemos) y que la nueva conformación con mayoría radical del STJ tiene un objetivo definido. Una práctica que no es nueva y que en otro momento actuaba siguiendo los intereses del PJ.

El gobierno de Gerardo Morales tomó como eje de su gestión el “combate” contra la corrupción de los funcionarios del fellnerismo, aunque comenzó por la detención el 16 de Enero de la dirigente social y diputada del Parlasur Milagro Sala por un acampe en la plaza Belgrano. A raíz de los fuertes cuestionamientos a la detención por una protesta y el procedimiento ilegal, la Justicia tuvo que cambiar la causa y abrir acusaciones penales asociadas a denuncias por corrupción, entre varias otras, que aún no han sido comprobadas.

Luego vino el turno de los funcionarios del IVUJ, Lucio Abregú (ex presidente) y Marta Gutiérrez (Contadora), que fueron detenidos. Pero en el lodo de las denuncias de corrupción también cayeron funcionarios radicales de la municipalidad de San Salvador de Jujuy bajo la intendencia del radical Raúl “Chuli” Jorge por tercer mandato consecutivo. Aunque este último, firmante de los cheques a las cooperativas denunciadas no ha sido siquiera llamado a declarar, como tampoco lo han sido los ex intendentes del PJ-FPV.

Morales se apoya en el amplio rechazo social a la corrupción de la casta política, aunque las medidas que impulsa a través de la Justicia, no son para terminar con sus privilegios, sino para golpear a la oposición de los partidos patronales y ganar mayor poder propio dentro del Estado. Al mismo tiempo, que hay funcionarios de primera y de segunda al momento de ordenar las imputaciones y las detenciones.

Las medidas judiciales de imputación y detención de ex funcionarios no se corresponde con poner fin a las dietas de miles de pesos, sino por el contrario, los funcionarios aumentaron un 40% sus dietas y el mismo Morales gana 198.000 pesos al mes. A la vez que aumentó el número de Ministerios y funcionarios comenzando por el Superior Tribunal de Justicia y otras dependencias judiciales y públicas.

Esta puja entre los viejos políticos de los partidos patronales que gobiernan Jujuy desde 1983 busca que se resuelva a través de la intermediación de la Justicia. Una institución que la ubican como si fuera un órgano independiente y que tomando demandas populares contra la corrupción pueda ocultar su carácter reaccionario, sus privilegios de dietas de miles de pesos y cargos vitalicios, y su rol de defensa de los grandes empresarios y los terratenientes. Acaso ¿Alguien recuerda alguna medida a favor del pueblo trabajador de los jueces del STJ de Jujuy?

En resúmen, la apuesta de Morales es a dos puntas: por un lado, como dijimos, va por dirimir su interna con el PJ-FPV y dar un escarmiento a las organizaciones sociales y políticas opositoras como hizo con la Tupac Amaru que quedó diezmada. Por otro lado, se juega a “empoderar” a la Justicia y que ésta pueda así avanzar con mayor fuerza con causas sobre el pueblo trabajador que salga a enfrentar los planes de ajuste en las calles. Las amenazas a quienes tomen tierras ya se hicieron llegar, lo mismo a quienes corten rutas o a quienes hagan huelga como es el caso de los obreros de Aceros Zapla procesados penalmente por el mismo juez Isidoro Cruz.