En conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo anunció un crédito por $8.000 millones para la industria molinera. Con esto intentaría que las empresas bajen los precios de ciertos productos a los valores en los que se encontraban antes del 8 al 10 de marzo. La política del oficialismo sigue siendo presionar para que el empresariado ceda márgenes de ganancia, algo que viene resultando impotente desde hace tiempo.
En conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció el lanzamiento de una línea de créditos por $8.000 millones a tasa subsidiada destinado a la industria molinera. Según indicó, el objetivo de la misma es que los molinos aceleren la compra de trigo para producir harina y, al mismo tiempo, evite "un traslado masivo de precios a la mesa de los argentinos".
Al mismo tiempo, el Gobierno le planteó a los empresarios que en un plazo de 24 definan una vuelta atrás en los precios de varios productos. Estos, según la información oficial, deberían volver a los valores que tenían en las fechas previas al 8 a 10 de marzo.
Se trata, sin sin embargo, de un pedido. Lejos de implementar algún tipo de medida que ponga en cuestión el control monopólico que grandes empresas tienen sobre la producción de alimentos, el Gobierno opta por volver a presionar, al tiempo que habilita créditos baratos a este sector empresario. Así las amenazas que se hacen a través de los medios o en las mismas reuniones, van a acompañadas de medidas destinadas a garantizar la rentabilidad empresaria.
El Gobierno del Frente de Todos está lejos de cualquier medida dura que pueda acercarse, siquiera mínimamente, a una "guerra contra la inflación", tal como había anunciado el presidente a inicios de la semana pasada.
Confirmando lo esencial de la estrategia oficial, en una entrevista con C5N -también este lunes por la tarde- Kulfas evitó responder acerca sobre si el Gobierno apelará a mecanismos más duros como la Ley de Abastecimiento en función de garantizar una baja en los precios.
Los anuncios se inscriben dentro de la decisión de crear un fideicomiso del trigo, destinado a garantizar el abastecimiento y el precio de los alimentos producidos en base a ese grano.
Sin embargo, incluso la medida oficial del Gobierno está lejos de dar una solución general a la crisis que provoca la suba en el precio de los alimentos. Hacer que determinados productos se retrotraigan a los valores de febrero implica una baja más que relativa. Ya en aquel mes, incluso sin la Guerra en Ucrania, los productos alimenticios habían tenido un alza considerable, por encima del valor de la inflación general.
En la argumentación oficial se parte de las perspectivas inflacionarias internacionales, amplificadas por el conflicto armado en Ucrania. Sin embargo, lejos utilizar esos argumentos como base para medidas más contundentes contra el empresariado, las mismas terminan justificando nuevas concesiones a ese sector social.
LID
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