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Incendio en La Esperanza: ¿accidente o crimen social?

Las llamas se propagaron en cuestión de segundos y arrasaron con todo lo que había a su paso. “Sentimos una explosión muy fuerte y todos empezaron a gritar ‘salgan todos, salgan todos’, ahí no más yo pensaba que se me iba a caer todo encima en la cabeza, pero al rato vino como un río de alcohol prendido fuego y al que lo alcanzaba lo prendía fuego. Yo me subí rápido a una montaña de cal, de ahí logré subir a una escalera y treparme a un fierro. De ahí salté para afuera y corrí al canal y me metí para apagarme el fuego de mis piernas. Tenía prendido fuego y no sabía si apagarme el pantalón para no lastimarme o si salir corriendo”. El que lo cuenta es Miguel, uno de los obreros que pudo escapar de la muerte.

21 de noviembre de 2019

Pero no todos sus compañeros corrieron la misma “suerte”. “Yo fui el único que saltó la pared para hacerlo más rápido. No vi a nadie más. Sé que un par escaparon por una ventana, pero habían tres que estaban en el mismo lugar que yo y no sé qué les pasó. Me dijeron que uno de los que estaba conmigo está quemado en un 80%. Nadie se comunicó conmigo, ni la empresa, nadie”, contó al portal Somos Jujuy. Y remató: “no hay salida de emergencia. El portón estaba cerrado con candado. Todo sellado. Tuvimos que salir por el acceso de entrada y salida.”

El gobernador Gerardo Morales y sus funcionarios decidieron formar un “comité de crisis”, decretaron dos días de duelo provincial y evacuaron a los pobladores más cercanos ante el peligro de una nueva y mayor explosión, que “por suerte” no sucedió. Y digo por suerte porque la improvisación y falta de medidas de seguridad e higiene no permitían descartar nada. El fiscal Ernesto Resúa señalo que están recabando información pero que “podría tratarse de un desperfecto eléctrico en la zona de destilería”. Desde el sindicato azucarero denunciaron que la policía presionó a un sereno para que declare que el incendio fue responsabilidad de un trabajador.

Funcionarios y periodistas a sueldo salieron a “lamentar el accidente” y a “no politizar” la “tragedia”. El presidente del bloque de la UCR llegó a calificar al diputado obrero del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, de “irresponsable” y de “bajeza humana” por denunciar la responsabilidad política del Gobernador y el ministro de produccion Juan Carlos Abud Robles, ambos involucrados directamente en la venta irregular y los despidos en La Esperanza.

¿Pero fue realmente un “accidente”? ¿Es realmente una “tragedia”, en el sentido de algo de naturaleza “imprevista”?

Escribiendo sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra en 1845, Federico Engels aseguraba que “cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte, decimos que es un homicidio. Si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen. Pero cuando la sociedad pone a centenares de proletarios en una situación tal que son necesariamente expuestos a una muerte prematura y anormal, a una muerte tan violenta como la muerte por la espada o por la bala, cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, (…) entonces lo que se comete es un crimen, muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido, un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no parece un crimen porque no se ve al asesino, porque el asesino es todo el mundo y nadie a la vez. (…) Pero no por ello es menos un crimen.” A este tipo de crímenes, los llama “sociales”.

Los llamados “accidentes laborales”, en una sociedad capitalista organizada para garantizar el lucro de un puñado de empresarios, con un Estado (y todos sus funcionarios) puesto al servicio de esas ganancias, que valen más que la vida de un obrero, entran en esa categoría de “crímenes sociales”. Mucho más en este caso, donde el vaciamiento del ingenio y las denuncias sobre las pésimas condiciones de seguridad llevan años, donde los obreros ya venían denunciando literalmente que esas instalaciones eran una “bomba de tiempo”.

Los empresarios Budeguer, que compraron hace meses el ingenio a precio de remate y no invirtieron un centavo en seguridad laboral, ministros y funcionarios de los ministerios de Producción y Trabajo, el propio Gobernador, jueces, fiscales y tantos otros, que desoyeron cada una de las denuncias, son parte de la cadena de responsabilidades de este crimen social, que se cobró, hasta hoy, la vida de al menos 6 trabajadores. Eso es lo que quieren esconder para garantizarse su impunidad. Por eso tanto odio y desprecio a quienes los denuncian por este crimen. Porque no fue “todo el mundo, y nadie a la vez”. Fueron ellos.

Por Alejo Lasa

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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