GENOCIDIO Gómez Centurión y los demonios de la derecha una vez más

Las declaraciones de Gómez Centurión y el intento de reinstalar la teoría de los dos demonios. La “batalla cultural” del Gobierno para consolidar una base de derecha. Decimos: ¡fueron 30.000 y fue un genocidio!

Las declaraciones de Juan José Gómez Centurión despertaron un amplio repudio, que fue mucho más allá de las organizaciones de derechos humanos. Hasta funcionarios del oficialismo tuvieron que diferenciarse y manifestaron que la opinión del excarapintada no era la postura del Gobierno.

Sin embargo, lo han protegido y avalado. Sigue en su puesto y al momento nada indica que vaya a renunciar, con lo que han dado, otra vez, un claro mensaje. El Gobierno de Cambiemos está librando su “batalla cultural” en el terreno de los derechos humanos y las libertades democráticas, donde el debate va mucho más allá de la cantidad de víctimas del genocidio, como intentaron instalar Darío Lopérfido y el propio Mauricio Macri.

El hecho de que Gómez Centurión haya corrido el arco tan a la derecha dio la posibilidad de que, amparándose en un supuesto repudio al negacionismo del genocidio, un batallón de personajes haya aprovechado la veta para volver al debate sobre los años 70 y retrotraer la discusión a comienzos del Gobierno de Alfonsín, donde el debate giraba en torno a la teoría de los dos demonios. Concepción que pretendía igualar y condenar “todo tipo de violencia, venga de donde venga” para, en última instancia, juzgar a los miembros de organizaciones guerrilleras con la misma vara que a los genocidas que usurparon el poder estatal, cumpliendo órdenes de la gran burguesía y utilizando toda su maquinaria para aniquilar a una generación entera de luchadores obreros y estudiantes.

El Gobierno ya cuenta entre sus filas con varios milicos y también algunos abogados defensores de ellos. Sin ir más lejos, se convirtió en un verdadero escándalo la designación de Carlos Osvaldo de Casas, abogado de un genocida, como comisionado argentino ante la CIDH.

En esa batalla por derechizar la agenda de los derechos humanos cuenta con un séquito que hace de comparsa. Entre ellos los grandes medios como La Nación y Clarín.

No es ingenuo que el golpista Aldo Rico, el mismo que se alzó en armas para defender los privilegios de los militares genocidas, pretenda convertirse en una “voz autorizada” en temas de derechos humanos y que recorra programas de televisión de audiencia masiva.

También es una provocación que hasta el radical Federico Storani se pasee por esos mismos programas de televisión declarando orgulloso que ellos (la UCR) habían condenado a Mario Firmenich, como para que no queden dudas de qué lado del mostrador se para. Storani es el responsable, siendo ministro de Interior de De la Rúa, de las muertes de Mauro Ojeda y Francisco Escobar a manos de Gendarmería en el Puente Gral. Belgrano que une Chaco con Corrientes, en diciembre de 1999. Estos dirigentes radicales vuelven a mostrar su cara más reaccionaria, luego de haber pretendido posar de grandes demócratas.

Otra “estrella” del momento es la abogada Victoria Villarruel, autotitulada directora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una organización que comparte espacios y homenajes a genocidas, con Cecilia Pando como uno de sus emblemas. Villarruel y el Celtyv fueron recibidos a comienzos de 2016 en la ESMA por el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj.

Esta “organización” en la que abundan hijos, esposas y familiares de militares, no sólo plantea que es necesaria una “reparación por los crímenes del terrorismo” en relación a las organizaciones armadas de izquierda. También se propone que en el Parque de la Memoria estén, junto a los desaparecidos y asesinados en la dictadura, quienes murieron por acciones de esas organizaciones.

Un verdadero agravio a la memoria y la historia de lucha de nuestros desaparecidos. Claro está que ni los familiares de los desaparecidos ni los organismos de derechos humanos permitiremos semejante consumación de la teoría derechista de los dos demonios. Y como lo hemos hecho desde hace años lucharemos contra todo intento de equipar acciones de la guerrilla con un plan sistemático de apropiación, tortura y desaparición de personas orquestado por el Estado. Villarruel y el Celtyvm, con este discurso, pretenden la impunidad a los milicos genocidas.

Bajo el argumento de “justicia” para esas víctimas es que llaman a enjuiciar a los integrantes de los grupos guerrilleros. Lo que omite “la doctora”es que la inmensa mayoría de los que pretende juzgar están desaparecidos o fueron asesinados por la dictadura y su antecesora, la Triple A. Un “detalle” que resulta una brutal afrenta para el conjunto del pueblo trabajador que, al día de hoy, vive las consecuencias que dejó la dictadura.

Sin la menor rigurosidad ni fuentes citadas, hablan de 17.000 víctimas del terrorismo, donde víctima es hasta un vecino de quien pudo haber sufrido un atentado. Vuelven a hablar de “guerra”, de “bandos enfrentados”.

Años de lucha y juicios de lesa humanidad mediante, han demostrado lo que los organismos, familiares y la izquierda venimos diciendo: el golpe del 76 inauguró en el país un genocidio. La burda equiparación que pretenden, volviendo a la teoría de los dos demonios, busca anular cuál fue el objetivo y fin último que la dictadura vino a imponer: el derrocamiento de la vanguardia obrera y popular para trastocar las relaciones entre las clases, de tal manera de imponer una regresión social al servicio del aumento de la rentabilidad del gran capital nacional y extranjero.

Claro está que la teoría de los dos demonios anula a la clase trabajadora y al conjunto de las masas para hacer pasar a la dictadura como a un grupo de militares contra otro grupo de “guerrilleros terroristas”. Nada más falso, como la historia y los testimonios en los juicios de lesa humanidad han demostrado.

Fue, como lo hemos dicho y denunciado, un verdadero genocidio de clase, que tuvo a la clase trabajadora entre sus principales víctimas. Un plan sistemático para secuestrar, desaparecer, asesinar, torturar, violar y apropiarse también de más de 500 niños y bebés, de los cuales 400 hoy siguen sin haber recuperado su libertad.

La discusión sobre los años 70 por parte de funcionarios del PRO y afines no es mero regodeo intelectual ni curso de historia donde la verdad y los hechos son opinables. Es el intento de consolidar, mediante este contra-relato sobre los derechos humanos, una base de derecha para futuros ataques a la clase trabajadora en el marco de la política de un Gobierno que representa a los grandes grupos económicos. Los mismos que, empezando por el mismo grupo Macri, fueron los grandes beneficiarios de la dictadura.

La “batalla cultural”del Gobierno busca crear un clima reaccionario que estigmatice las luchas contra el ajuste y legitime las medidas represivas. En ese marco de derechización hay que inscribir también la campaña contra los inmigrantes, o en otro plano, contra los docentes y estatales.

La respuesta a la campaña que busca otorgar más beneficios e impunidad a los genocidas es clave en esa batalla. La respuesta debe ser masiva y en todos los terrenos. Pero para impedir verdaderamente este avance tenemos que tomar las calles, realizando una fuerte campaña en todos los lugares de trabajo y estudio.

Este 24 de marzo es una gran oportunidad para decir bien claro: fueron 30.000, fue un genocidio y un plan sistemático contra la clase trabajadora y el pueblo. No nos reconciliaremos jamás con los asesinos de nuestros 30.000 compañeros.