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Exigen que Frederic informe en el Congreso ante el aumento del gatillo fácil y la violencia policial

El diputado Nicolás del Caño lo solicitó a la comisión de Derechos Humanos. También propone la presencia de los ministros de seguridad provinciales.

29 de junio de 2020

Desde que empezó la cuarentena, el aumento en los hechos represivos en distintas provincias del país se hizo notar. Los abusos de autoridad, los golpes, maltratos y hasta asesinatos aberrantes fueron motivo de repudio de distintos organismos de derechos humanos. En sus redes sociales, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño viene reflejando esas denuncias.

El pasado miércoles Walter Ceferino Nadal fue asfixiado hasta la muerte por policías de la Provincia de Tucumán. La misma fuerza que desapareció y asesinó a Luis Espinoza hace un mes, los mismos que mataron de un tiro en la nuca a Facundo Ferreyra, de tan sólo 12 años.

Facundo Scalzo fue fusilado de cuatro tiros por la Gendarmería Nacional en el Bajo Flores. Su mamá denunció que su hijo murió sin que se les permita a los vecinos y a ella misma acercarse para darle auxilio.

Alan Maidana en Berazategui y Lucas Barrios en la Isla Maciel fueron asesinados por parte de policías federales en la Provincia de Buenos Aires, donde además rige un “Comando Conjunto” entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales.

En San Luis, Florencia Morales, Franco Maranguello y un menor de 16 años aparecieron "suicidados" en comisarías tras haber sido detenidos bajo la acusación de violar la cuartentena. Mauro Coronel, fue torturado y asesinado en la comisaria 1 de Santiago del Estero.

La brutalidad policial contra la comunidad Qom en Chaco quedó registrada en el operativo en que agentes golpearon, torturaron, rociaron con alcohol, amenazaron de muerte y abusaron sexualmente de mujeres y menores.

Estos casos fueron repudiados mediante la presentación de diferentes proyectos en la Cámara de Diputados por parte de Nicolás del Caño. Además, el diputado del FIT presentó dos pedidos de informes al Ministerio de Seguridad de la Nación que aún no obtuvieron tratamiento. El primero de ellos ante las declaraciones de la ministra del área que refirió tareas respecto al llamado "ciberpatrullaje", que según ella "realizan todas las fuerzas, incluyendo la Gendarmería". La ministra aclaró en su momento: "Esto es patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social y sobre todo detectar las zonas en las que esto es preponderante", en relación a las tareas que despliega dicha cartera ante la pandemia de COVID-19.

También se pidieron informes sobre las tareas de espionaje ilegal que Gendarmería Nacional Argentina a través del Centro de Reunión de Información Neuquén de Gendarmería (CRI), realizó sobre los mineros de la empresa Trident Southern Explorations de la localidad de Andacollo de la provincia del Neuquén, quienes atravesaban un conflicto laboral por pago de salarios adeudados. Las respuestas siguen sin llegar.

Ante este evidente aumento de casos, desde la banca de Nicolás del Caño se envió una nota a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pidiendo la presencia de Sabina Frederic y los ministros de seguridad provinciales para que den explicaciones respecto de las políticas que vienen llevando adelante.

La ministra es la titular del Consejo de Seguridad Interior y por tanto la reiteración de casos de violencia policial y de distintas fuerzas nacionales y provinciales en varios distritos del país es un tema por el cual tiene que responder.

En el escrito presentado, el diputado plantea: "Se advierte un notorio cambio en el discurso por parte de las autoridades nacionales en la materia, respecto a la defensa irrestricta que su antecesora, Patricia Bullrich, llevaba a cabo sistemáticamente respecto a los casos de gatillo fácil, incluso queriéndolo reglamentar mediante protocolos pensados en la defensa de casos concretos como el mencionado, de Facundo Ferreira, o la doctrina Chocobar, pasando por el apoyo a gendarmes que balearon una murga que ensayaba en CABA, o el operativo ilegal en torno al caso de Santiago Maldonado. No obstante ello, el accionar ilegal y represivo de las fuerzas de seguridad contra la población, sigue siendo noticia en todo el país como hemos ejemplificado hasta aquí, incluyendo la continuidad del espionaje ilegal por parte del Centro de Reunión de Información de Gendarmería Nacional en Neuquén, que se mantuvo impune y en funciones pese a acreditarse judicialmente su accionar en el denominado Proyecto X, y espiando a familiares y organismos de Derechos Humanos que intervenían en la búsqueda de Santiago Maldonado." (LID)

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