Es privilegio: al jubilarse, un juez gana 20 veces más que el haber mínimo

Este jueves se tratará en Diputados el proyecto oficial sobre jubilaciones del Poder Judicial y Diplomáticos. En lugar de derogar los regímenes de privilegio como anticipó Fernández, buscarán hacer sólo algunas modificaciones. ¿Antesala a tocar los regímenes especiales de trabajadores como pide el FMI?

La jubilación media en el Poder Judicial es de $ 289.000, esto representa 20 haberes mínimos de $ 14.068 (que perciben más de la mitad de los jubilados) y casi 3 haberes máximos (de $ 103.064).

Incluso hay casos de jueces que cobran haberes de hasta $ 770.100 por mes, lo que equivale a 55 mínimas y 7 veces el haber máximo en el régimen general. Terrible contraste, mientras a las amas de casa, los monotributistas y los empleados informales están condenados a cobrar la mínima o menos, que apenas cubre un tercio de la Canasta del Jubilado, valuada en $ 38.000 en octubre pasado.

Para la mayoría de los asalariados que tienen la suerte de alcanzar una jubilación, el haber representa la mitad de su salario (entre un 50% y un 60%), debido a que ha sido negado por todos los gobiernos el 82 % móvil. Pero a los jueces y diplomáticos se les seguirá manteniendo ese privilegio.

Por su parte, el haber medio jubilatorio del régimen de Diplomáticos (servicio exterior) es de $ 396.000 esto es, 28 veces el haber mínimo y casi 4 veces el haber máximo.

Los datos sobre los haberes de jueces y diplomáticos surgen de un informe de la Secretaría de Seguridad Social donde se fundamenta el proyecto del gobierno para modificar algunos aspectos de los regímenes especiales del Poder Judicial y Servicio Exterior.

El proyecto oficial se tratará esta semana en el recinto del Congreso pero paradójicamente, no busca derogar dichos privilegios sino apenas limitar algunos, mientras incluye otros aspectos polémicos como la suba de la edad jubilatoria.

Las jubilaciones de privilegio son ahora un tema en agenda, luego del escándalo porque el gobierno dejó afuera de la suspensión de la movilidad jubilatoria (establecida en la "ley de solidaridad") a los regímenes de jueces y diplomáticos, que cobran haberes exhorbitantes.

Frente a la evidencia de que se pedía “solidaridad” a jubilados (muchos de los cuales sufrieron un recorte con la suspensión de la movilidad y el aumento "por decreto" de marzo) y trabajadores, sin alterar los privilegios de las castas políticas y judiciales, ni la de los grupos económicos como los bancos, el agro o las mineras, el gobierno debió anunciar en diciembre pasado que “terminaría” con las jubilaciones de privilegio.

Pero el proyecto presentado por el gobierno, si bien limita algunos aspectos profundamente inequitativos, no deroga las leyes de privilegio.

Claves del proyecto oficial

Entre los principales cambios del proyecto de Fernández, las jubilaciones de los jueces se calcularán como el 82 % de los sueldos de los últimos 10 años, en lugar de tomar sólo el último ingreso. Por su parte, para diplomáticos se reducirá de 85 % al 82 %, también sobre los últimos 120 sueldos. A diferencia del régimen general donde hay más de 6,6 millones de jubilaciones, tanto jueces como diplomáticos seguirán pudiendo cobrar elevados haberes pues no se les aplicará el tope (hoy de $ 103.064 en el SIPA). Los sueldos de la casta judicial, además, son altísimos.

En contraparte, el proyecto propone que en ambos regímenes aporten 7 % más al sistema previsional que en el régimen general.

Pero uno de los aspectos más polémicos es la suba de la edad de jubilación, que en el régimen de Poder Judicial es de 60 años y se llevará a 65 años, tanto para varones como para mujeres, para "homogeneizar" con el régimen general.

No obstante, la edad de jubilación de las mujeres a nivel general es hoy de 60 años, no 65. Esta suba puede interpretarse como un primer paso para ir por el aumento de la edad jubilatoria, más allá de estos regímenes de privilegio. Se trata de uno de los aspectos que más presionan por reformar los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, otra reforma que pide el FMI en todo el mundo (cuyo exponente principal es hoy la gran lucha contra la reforma previsional en Francia) es la supresión de los regímenes especiales de colectivos de trabajadores, que lejos de ser "especiales", lograron conquistas importantes como el 82 % móvil. Por ejemplo, el caso en nuestro país de los regímenes de docentes, docentes universitarios o investigadores y científicos.

Una alerta que debe tenerse en cuenta, para el cual la afectación de pequeños privilegios para la casta puede ser el argumento para avanzar sobre los derechos genuinos de trabajadores.

Otro de los puntos polémicos es que automáticamente deja por fuera del régimen especial de Poder Judicial a algunos cargos como a los prosecretarios, médicos y peritos, mientras dejan sólo comprendidas a las máximas jerarquías de la Justicia: Corte Suprema, jueces, fiscales y secretarios, procurador o defensor de la nación.

También deja inalterados las jubilaciones de privilegio de presidentes, vicepresidentes, jueces de la Corte Suprema de Justicia, legisladores, ministros y funcionarios varios. Tampoco menciona siquiera la posibilidad de afectar las jubilaciones de privilegio de los obispos y el clero.

El miércoles 26 el proyecto será tratado en Comisiones y el jueves 27 se llevaría al recinto de la cámara baja. (LID)