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El juez Ercolini elevó a juicio oral el caso Hotesur, donde está procesada Cristina Kirchner junto a sus hijos

En la misma causa también están imputados Máximo y Florencia Kirchner. Se los acusado de supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres en hoteles.

1ro de marzo

El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral la causa Hotesur, en la que están involucrados la ex presidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el contador Víctor Manzanares.

El magistrado dio por cerrada la investigación. El caso pasará ahora a una instancia de debate y se sorteará un tribunal para llevar adelante el futuro juicio.

Este expediente podría fusionarse con la causa Los Sauces, en la que se investigan los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, e incluye a muchos de los mismos acusados, que se encuentra en una etapa inicial ante el Tribunal Oral Federal 5.

La causa

La empresa administra los hoteles de Cristina Kirchner y su familia, incluido el Alto Calafate, el hotel de lujo que utilizó Lázaro Báez para una maniobra de alquiler de habitaciones. El empresario patagónico garantizó el pago de 935 plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja. Hotesur fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner, con u$s2 millones de dólares.

La causa penal comenzó en noviembre de 2014 con una denuncia que hizo la ex diputada Margarita Stolbizer por supuestas irregularidades de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ). En esos registros figuraba que Hotesur adeudaba balances y detalles de la composición del directorio.

Según repasó el juez Ercolini en su resolución, los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques "consideraron que el accionar desplegado por Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner, Florencia Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, Osvaldo José Sanfelice, Adrián Esteban Berni, Víctor Alejandro Manzanares, César Gerardo Andrés, Ricardo Leandro Albornoz, Romina de los Ángeles Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Julio Enrique Mendoza y Jorge Ernesto Bringas encontraba adecuación típica en la figura de lavado de dinero previsto" en calidad de coautores.

Puntualmente, "a Cristina Elisabet Fernández se le imputó que en el marco de la asociación ilícita que funcionó cuanto menos entre el 8/5/03 y el 14/12/16 y de la que formaba parte en calidad de jefe diseñó, ejecutó y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito por medio del cual se legitimó -al menos desde el día 10/6/05 y hasta el 12/11/15- a través de la actividad hotelera desarrollada por los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por las empresas del grupo Báez, producto de la defraudación al Estado nacional a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a favor de la acusada, Néstor, Máximo y Florencia Kirchner".

La acusación sostuvo que "para ello, Fernández junto con estos últimos, Lázaro y Martín Báez, Sanfelice, Mercado, Pereyra Arandia, Albornoz, Gelves, Berni, Mendoza, Martín, Bringas, Andrés, Leiva, Jacobs, Manzanares, Ruiz y otras personas que aún no se individualizaron, crearon y mantuvieron una compleja estructura societaria, financiera, económica y contable en la que intervinieron con distintos roles, a los fines de poner en marcha y ejecutar el proceso de blanqueo de fondos ilícitos".

Y así, se añadió, "la imputada y Néstor y Máximo Kirchner se hicieron del dinero líquido necesario para adquirir una cadena hotelera que serviría como medio para la canalización del dinero espurio, para lo cual, realizaron diferentes operaciones comerciales, inmobiliarias y bancarias en su mayoría con firmas vinculadas a Lázaro Báez en las que actuó en forma directa o prestando el asentimiento conyugal cuando la ley lo exigió; todo ello con la finalidad de contribuir en la formación del vehículo que permitió canalizar dinero ilegítimo en favor de la familia Kirchner".(IProfesional)

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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