El escándalo de corrupción del Correo golpea al Gobierno

La fiscal Boquín hizo un durísmo planteo para desnudar la maniobra para beneficiar a Franco Macri.

“La propuesta es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. Esa es la principal conclusión del dictamen de la fiscal Gabriela Boquín respecto a la maniobra del Gobierno nacional para aceptar la propuesta de Socma y perdonarle a la firma de Franco Macri una deuda de unos 70 mil millones de pesos.

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hace un detallado análisis del proceso y devela el rotundo cambio que hubo en el mismo a partir de la llegada de Mauricio Macri al poder. Boquín lo resume simple: la propuesta aceptada “no difiere sustancialmente” de las que se habían rechazado y el Estado cobrará “una suma inadmisible”.

“La aceptación de la propuesta implica un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad -que corresponde investigar- en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio Estatal”, sostiene la fiscal.

Luego, detalla la primera oferta de la empresa en la audiencia del 28 de junio, rechazada “a viva voz” por el representante del Estado nacional, Juan Carlos Mocoroa, el mismo que después de un cuarto intermedio aceptó otra propuesta “superadora”. Lo hizo, según la fiscal, sin “un soporte técnico que lo avale”. “El valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”, especifica.

El cambio de estrategia

Boquín afirma que en el proceso existió una “irregular modificación de la estrategia de defensa de los intereses del Estado”. Recuerda que en las negociaciones anteriores, los representantes estatales denunciaron que las ofertas de Socma fueron un “artilugio para seguir demorando el procedimiento y continuar usufructuando de los beneficios de una ley a costa de los acreedores”.
“Nótese que las propuestas analizadas y rechazadas en el año 2003 implicaban un pago del orden de 7,70% y 5,73%, respectivamente; superando el valor de pago de la propuesta que en 2016 obtuviera la conformidad estatal, que implica un pago del 1,18%”, indica el dictamen. “Ahora, el Estado Nacional traza un camino diametralmente opuesto: acepta una propuesta que no analiza técnicamente y resulta abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad”, dispara. “Se admite una ‘mejora’ que sólo en apariencia lo es”, añade.

“En el año 2003, se analizó el valor presente del crédito concursal y fundado en un soporte técnico adecuado, se resistió la pretensión de la concursada señalando la inviabilidad económica de la propuesta. En el año 2016, sin apoyatura técnica, se merituó superficialmente la propuesta de la concursada, teniendo en cuenta sólo sus términos literales y soslayando el daño que ello provocará si se acepta, ocultando la verdadera quita que implica al juez de la causa”, desarrolla.

“En efecto, deberá determinarse por parte de los organismos con competencia específica, si estamos frente a una simple irregularidad funcional, por actuación con culpa o negligencia o bien ante el cumplimiento de una instrucción, emanada de autoridad de jerarquía superior, orientada a satisfacer intereses privados por sobre los públicos que deben en todo caso prevalecer”, continúa la fiscal.
Boquín también señala que Correo Argentino S.A., la firma de los Macri, se benefició con un estado de “eterno” concurso y logró suspender por más de quince años el pago a sus acreedores.
El papel de Mocoroa
Uno de los apartados de la fiscal se concentra en Mocoroa, el funcionario designado por Oscar Aguad para cerrar el acuerdo. Boquín afirma que el funcionario “debió contar con autorización expresa de autoridad competente” para representar al Estado en la audiencia y un análisis técnico para aceptar las propuestas que se le hicieran, toda vez que esta implicaba “una renuncia patrimonial por parte del Estado”. En definitiva, Mocoroa actuó “careciendo de habilitación para ello”.

Boquín señala además que “no debió actuar un funcionario con designación transitoria en representación del Estado Nacional”, ya que Mocoroa tenía una designación excepcional por 180 días y la reglamentación establece que debe hacerlo un funcionario de planta permanente, que acredite los “estándares mínimos para el acceso al cargo”. La fiscal acusa al director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones de violar “el deber de garantizar la mejor defensa de los intereses del Estado”.

Completa la fiscal indicando que “corresponde analizar si a la luz de lo establecido por la ley de Ética Pública (Mocoroa) podía -de haber recibido instrucción por parte de autoridad competente o siéndole delegada la facultad- prestar la conformidad, en tanto implica renuncia a un interés patrimonial del Estado, en beneficio de los intereses particulares de la concursada”.

Esto es así porque según Boquín “la existencia de conflicto de interés surge palmaria” en este caso debido a que el funcionario que aceptó el acuerdo depende del Presidente y sus familiares resultaron beneficiados. “Ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él, podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, dice. En todo caso, debió haber requerido la opinión de la Oficina Anticorrupción o la Comisión de Ética Pública.